El proceso penal que se sigue por la celebración de la consulta independentista del 9N pese a haber sido suspendida por el Tribunal Constitucional está a punto de sumar un nuevo implicado. El fiscal ha pedido este martes al instructor de las diligencias, Joan Manel Abril, que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo al apreciar indicios de responsabilidad penal en Francesc Homs, ex consejero de Presidencia del Gobierno catalán hasta su elección como diputado en el Congreso por Democracia y Libertad (antigua Convergencia).
El recién nombrado portavoz del grupo catalán podría, así, estrenar su andadura política en la Cámara Baja con la condición procesal de investigado por una presunta desobediencia al TC, un delito que el fiscal quiere que se investigue en el Supremo en un proceso independiente del que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Estos tres querellados seguirían siendo investigados por Abril.
El escrito del teniente fiscal de Cataluña, Francisco Bañeres, y del fiscal del caso, Emilio Sánchez Ulled, se pronuncia contra Homs en términos rotundos. El ex consejero de Presidencia "irrazonablemente legitimó" la continuación de unos trabajos "imprescindibles", sin los cuales la consulta del 9N no hubiera sido posible: la creación de las aplicaciones informáticas utilizadas para registrar a los votantes y sus votos y para tratar los resultados.
Los indicios contra Francesc Homs, que no figuraba en las querellas que dieron origen al proceso judicial, han surgido durante la instrucción desarrollada en el Tribunal Superior de Cataluña, que está siendo impulsada de forma relevante por la Fiscalía.
A petición del fiscal, fue incorporado al procedimiento el expediente administrativo de contratación de la empresa privada T-Systems, que desarrolló los programas informáticos "necesarios e imprescindibles" para la votación independentista. Dos de esos programas se instalaron en los ordenadores portátiles ubicados en las mesas de votación (uno permitía registrar a los participantes a medida que iban votando y otro se utilizó para consignar y consolidar los resultados en cada mesa). El tercer programa se instaló en los centros de procesamiento de datos del Centro de Tecnología de la Generalitat (CTTI) y sirvió para introducir los resultados que se comunicaban por las mesas para su posterior tratamiento y presentación.
En la documentación figura una carta del director general de T-Systems fechada el 4 de noviembre, día en que el Tribunal Constitucional suspendió la consulta independentista. T-Systems pedía al CTTI la "confirmación" de que las tareas que estaba realizando "no resultan afectadas" por la decisión del TC y, en caso contrario, pedía instrucciones de cómo actuar.
La carta fue remitida por el director del CTTI, Jordi Escalé, al presidente de este organismo, el entonces consejero de empresa Felipe Puig. Éste se limitó a remitir Escalé una carta recibida, a su vez, de Francesc Homs. Sobre la base de esta misiva del consejero de Presidencia, el director del CTTI contestó a T-Systems que "ninguna de las actividades que relaciona (...) resultan explícitamente afectadas por la resolución del Tribunal Constitucional".
Contestación del director del CTTI a T-Systems tras la suspensión de la consulta
El fiscal subraya que el escrito de Homs "no sólo legitima la continuación de los servicios, sino que contiene la implícita advertencia de las consecuencias de un eventual incumplimiento por la contratista, puesto que pone a disposición del CTTI los servicios jurídicos de la Generalitat para ejercer acciones contra el contratista renuente".
Homs aseguraba en su misiva que se habían hecho las consultas pertinentes a los servicios jurídicos de la Generalitat "y a expertos en derecho penal, procesal, administrativo y constitucional". Sin embargo, el TSJC pidió al departamento de Presidencia, a propuesta del fiscal, todos los asesoramientos recabados de cualesquiera bufetes o entes externos y la respuesta recibida "no contiene absolutamente ningún dictamen, interno o externo que pudiera ponerse en relación con lo afirmado en la carta del conseller Homs al presidente del CTTI", subraya el Ministerio Público.
Una actuación "consciente"
"Fácilmente se observa", señala la Fiscalía, "cómo el contratista responsable de unos trabajos nucleares para la preparación y desarrollo de la jornada del 9 de noviembre, una vez fue conocedor de la suspensión cautelar ordenada por el Tribunal Constitucional, solicitó de la autoridad pública competente la confirmación de que sus servicios no la vulneraban, confirmación que vino en última instancia del conseller de Presidència, Francesc Homs, quien irrazonablemente legitimó la continuación de los trabajos, lo cual condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos".
La Fiscalía considera que "se trata de un comportamiento de indudable trascendencia en tanto que denota un actuar consciente e intencionalmente encaminado a garantizar que las actuaciones materiales de preparación de la votación convocada para el 9 de noviembre continuaban su curso soslayando la suspensión constitucional".
El escrito considera que Homs -que se califica en la carta al CTTI de "máximo responsable del Departamento que tiene adscrita la defensa jurídica de la Generalitat"- debe asumir la condición de investigado en un procedimiento penal que, dado su fuero, tiene que ser abierto, en su caso, por el Tribunal Supremo.