El PP valenciano quiere quitarse la mochila de la corrupción tras el terremoto que ha provocado la operación Taula. La dirección del partido en la Comunidad Valenciana, que dirige Isabel Bonig, ya habla de iniciar un proceso de refundación. La formación ha planteado a Génova la necesidad de celebrar un congreso extraordinario, que implicaría incluso la posibilidad de un cambio de nombre.
Los gritos de "chorizo" y "ladrón" contra el 'número 2' de Rita Barberá
La dirección regional de los populares, con Bonig a la cabeza, se ha reunido este miércoles con la cúpula nacional donde les han explicado esta propuesta de refundación. La reunión estaba prevista en el calendario dirigido a crear la gestora que sustituirá al PP local de Valencia. Sobre la propuesta de refundación, Génova se ha mostrado “sensible”, pero llaman a la cautela. “Todavía hay que esperar”, ha dicho el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo.
Amaños, mordidas y financiación ilegal
Son muchas las voces que pidieron una refundación del PP de la Comunidad Valenciana después de la macrorredada que acabó con 24 detenidos (entre cargos, excargos del partido y empresarios). La investigación abierta por delitos de corrupción afecta al grupo municipal popular, la concejalía de Cultura de la etapa de Rita Barberá, y a empresas públicas de la Diputación y la Generalitat, entre otras empresas que habrían participado en un entramado de amaño de contratos, cobro de mordidas, financiación ilegal del PP y blanqueo de dinero.
Y mientras se debate de regeneración, el partido ha echado el freno ante la imputación de todo el grupo municipal popular (salvo un edil independiente). Bonig habló de “contundencia” al suspender de militancia de forma inmediata al primer edil imputado, el portavoz y sucesor de Barberá, Alfonso Novo, pero ha decidido esperar ante la imputación masiva en el ayuntamiento.
El juzgado de instrucción 18 de Valencia ha citado como imputados a ocho concejales del PP en el Ayuntamiento por presunto blanqueo de dinero, tal y como ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Son todos salvo Novo, que ha declarado este miércoles, y un edil independiente, que no está citado ni imputado. También acudirán ante el juez otros seis exconcejales y veinte personas que son asesoras del PP o lo fueron en su día. El paseíllo judicial comenzará el lunes y acabará el próximo 18 de febrero.
Frente a la imputación de toda la cúpula del PP en el Ayuntamiento, desde el partido llaman ahora a la cautela. Bonig ha manifestado que solo actuarán una vez que todos declaren ante el juez y se levante el secreto de sumario, de tal forma que puedan tener más detalles del caso. Una cautela que contrasta con la suspensión de militancia inmediata que el partido practicó con Alfonso Novo. Desde el partido apuntan que la contundencia con Novo responde a la importancia del cargo que mantenía como portavoz y presidente local de la formación. Pero tampoco se ha cumplido lo dicho con respecto a él.
Isabel Bonig manifestó en una rueda de prensa tras la operación Taula que le exigirían el acta de concejal en caso de seguir imputado tras pasar ante el juez. Novo ha acudido este miércoles al juzgado, allí solo se ha referido a la declaración que hizo ante la Guardia Civil (no ha declarado), y ha salido igual que entró: imputado. Pero no entregará el acta, el concejal ha dicho que seguirá la nueva línea de Bonig, que es la de esperar a que declaren todos y se levante el secreto de sumario.
¿Estaba Barberá al tanto?
Por el juzgado han pasado también este miércoles varios testigos, entre ellos exasesores del PP que han confirmado lo que dijeron en la Guardia Civil: que el partido les propuso participar en la operación de blanqueo que consistía en donar cantidades de hasta 1.000 euros por transferencia bancaria que luego les serían devueltas en billetes.
A la salida del juzgado, dos de ellos manifestaron a preguntas de la prensa su percepción de que Barberá estaba al tanto de todo. Un extremo que no habrían expuesto ante el juez.
Ninguno de ellos, los que se negaron a participar, fue renovado tras las elecciones municipales. “Sabíamos que estábamos fuera desde el momento en que nos negamos. El 22 de mayo, día de Santa Rita, no se nos invitó a una tradicional copa de champán que la exalcaldesa solía servir en su despacho”, indicó uno de los testigos.
Por su parte, tanto Novo como el asesor Luis Salom –los dos imputados- negaron esta forma de operar.
Sí hubo donaciones para las elecciones pero, según ellos, no recibieron el dinero después. Sobre Salom, la dirección general de Justicia de la Generalitat Valenciana ha abierto una investigación interna para aclarar por qué accedió a los juzgados por una puerta distinta a la principal, por la que debería haber entrado. Salom evitó así a los medios de comunicación a su entrada, pero no a su salida, que tampoco realizó por el acceso principal.
Más dificultades en Alicante
Si el partido tiene problemas en el Ayuntamiento de Valencia, ahora también los tiene en Alicante. Allí, su socio de gobierno en la Diputación –Ciudadanos- ha dado por roto el acuerdo que propició la presidencia del popular César Sánchez (se quedó a un diputado de la mayoría absoluta) por mantener con cargo y sueldo a dos diputados imputados por asuntos administrativos.
Los diputados imputados por prevaricación administrativa son un exalcalde popular de La Nucía y un exalcalde socialista de Benidorm. El único diputado de C’s gracias al cual el PP obtuvo la presidencia ha explicado que estas imputaciones producen “alarma social” después de la operación Taula. El PP pasa así a gobernar en minoría la diputación de Alicante. Según C’s, a partir de ahora deberá consensuarse cada punto, por lo que no se prevé un cambio en la presidencia.