29 de los 65 diputados del Grupo Parlamentario de Podemos y sus confluencias han solicitado a la Secretaría General del Congreso de los Diputados la tarjeta para uso de taxis con un importe anual de 3.000 euros. Es una tarjeta a la que tienen derecho todos los diputados para el ejercicio de sus funciones.
Esta medida contradice el código ético aprobado el pasado 3 de enero por el Consejo Ciudadanos de Podemos, que acordó la renuncia de algunos de los privilegios de los parlamentarios por el desarrollo de su función pública, entre ellos el pago de una línea ADSL en el domicilio del diputado así como la tarjeta nominativa para taxis.
EL ESPAÑOL ha obtenido este martes esta información a través de una petición de información pública realizada al Congreso de los Diputados mediante la ley de Transparencia. En ella, se requería la relación de los miembros de cada grupo parlamentario que han solicitado o no servicios dependiente de la Secretaría General del Congreso. Es el llamado “kit del diputado”.
La Dirección Técnica de Infraestructuras e Instalaciones del Congreso pone a disposición de los diputados al inicio de la legislatura una serie de servicios necesario para el cumplimento de sus funciones: una línea de telefonía móvil asociada a un smartphone, línea de ADSL fija en el domicilio del diputado y una tarjeta nominativa de 3.000 euros para sus desplazamientos en la Comunidad de Madrid.
Los diputados de Podemos sí han renunciado al pago compartido de la línea ADSL en su domicilio, tal y como recoge su código ético, aunque no así a la línea de teléfono y smartphone facilitados por el Congreso.
La Secretaría Política de Podemos afirmaba este sábado que todos los diputados de Podemos, incluidos sus confluencias, cumplen con los límites que se han impuesto, excepto los cinco diputados que viven en Baleares y Canarias que pueden hacer uso del bonotaxi debido a que necesitan desplazarse de forma más regular al aeropuerto de Barajas.
Además, informaba que dos diputados de la península solicitaron erróneamente la tarjeta sin llegar a recogerla de manera efectiva. Debido a estos errores, el grupo parlamentario declaró que comprobaría que ningún otro diputado se encuentre en la misma circunstancia y de haberlo se procedería a la renuncia inmediata.
Podemos puntualizó a este diario que el código ético de Podemos sólo afecta a los diputados del partido y no a los parlamentarios electos en las confluencias (En Comú-Podem y En Marea) que no están afiliados a Podemos. Sin embargo, los diputados de estas confluencias que no son de Podemos suman 14 diputados. Diez en el caso de En Comú-Podem y cuatro de En Marea. A este número hay que sumar los cinco diputados electos por Baleares y Canarias, que cuenta con el aval del Consejo Ciudadano para pedir el bonotaxi.