Génova 13, en cada planta un delito

La sede del PP en la madrileña calle Génova ha sido objeto de este jueves de una nueva intervención policial ordenada por un juez. El instructor de la trama Púnica, Eloy Velasco, ha acordado un registro en la primera planta del edificio, la que alberga las oficinas del PP de Madrid, en busca de pruebas de una supuesta financiación ilegal de la que se tienen sospechas a raíz de las anotaciones encontradas en una agenda del ex secretario general, Francisco Granados, en prisión desde octubre de 2014. Los agentes se han centrado en la documentación manejada por el ex gerente regional del partido, Beltrán Gutiérrez Moliner.

La primera era, hasta ahora, la única de las siete plantas de Génova 13 en la que no se había extendido la sombra de las conductas ilícitas. El 20 de diciembre de 2013, otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, envió a la Policía en búsqueda de los documentos relacionados con la reforma de la sede nacional que se llevó a cabo entre 2005 y 2010 y que afectó las plantas baja, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima.

El acondicionamiento de la sede del PP, investigado en el procedimiento sobre los llamados 'papeles de Bárcenas', ha acabado sentando en el banquillo a los ex tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, al ex gerente Cristóbal Páez y a Gonzalo Urquijo y Belén García, socios de la empresa Unifica, encargada de las obras.

Petición de penas de prisión

El Juzgado Central de Instrucción 5 acordó el pasado 28 de mayo abrir el juicio oral contra todos ellos, que se enfrentan a penas de prisión por delitos fiscales, de apropiación indebida y de falsedad documental y contable. Las acusaciones populares atribuyen, además, a los ex tesoreros y al ex gerente del PP delitos de organización criminal y asociación ilícita.

De acuerdo con los indicios obtenidos en la instrucción, Bárcenas y Lapuerta acordaron con Unifica que una parte de los pagos correspondientes a los trabajos de remodelación serían abonados "con fondos ajenos al circuito económico legal", señalaba el juez José de la Mata en la resolución del pasado mayo.

Esos fondos provinieron "de las cantidades que eran gestionadas por Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta a modo de caja B o contabilidad opaca de la formación política". Las obras pagadas con dinero negro tuvieron una rebaja del 8 al 10 % del coste.

Por supuesto, en la contabilidad oficial del PP, la que tenía que ser remitida al Tribunal de Cuentas, sólo figuraron las cantidades pagadas a Unifica por facturas limpias y con los impuestos correspondientes. "Se ocultaron, por el contrario, al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas la totalidad de los pagos no facturados efectuados al margen de la facturación y contabilización oficial (...), lo que a su vez permitió́ a Unifica ocultar a la Hacienda Publica la percepción de los referidos pagos con fondos ajenos al circuito económico legal", añadía el juez.

1,5 millones en dinero negro

En los casos de las plantas tercera, cuarta y quinta, la investigación judicial descubrió que se elaboraron dos certificaciones finales de las obras, una de menor importe (sobre la cual se giró la factura emitida por Unifica) y otra mayor, que correspondía al precio real del proyecto.

En el caso de las obras de la planta segunda, se constató la existencia de determinados trabajos que no fueron facturados. Fueron pagados en su totalidad con fondos de la caja B. En la planta séptima, que alberga el despacho del presidente, se detectaron irregularidades en la facturación y contabilización de las facturas, lo que determinó una falta de correlación entre la factura de abono emitida por Unifica y la documentación aportada por el PP al Tribunal de Cuentas.

Según la instrucción, las cantidades pagadas por el PP a Unifica por las obras efectuadas en Génova 13 al margen de la facturación y contabilización oficial ascendieron a un total de 1.552.000 euros.