Los servicios jurídicos del Parlament han dado este martes el primer revés a la estrategia de Junts pel Sí (JxS) y la CUP para tramitar las tres leyes básicas para la secesión. En un informe publicado esta mañana, los letrados de la cámara ponen en duda la conveniencia de crear una ponencia conjunta para redactar cada una de las leyes de transitoriedad jurídica, seguridad social y hacienda catalana.
El informe, que no es vinculante, emplaza a los partidos independentistas a tramitar estas normas mediante otras vías, como por ejemplo a través de una proposición de ley o mediante comisiones específicas. A pesar de la recomendación de los letrados, la decisión final recaerá en la Mesa del Parlament, que dispone de mayoría independentista, con lo que no se espera que el informe modifique la estrategia soberanista.
El documento considera que estas normas rupturistas no deben tramitarse mediante ponencias conjuntas porque no cuentan con el consenso de todos los grupos del Parlament. Toda la oposición -C’s, PSC, CSP y PP- rechazó la creación de estas ponencias ya que les obligaba a participar en la confección de unas leyes que no comparten. El informe recuerda que una ponencia conjunta es una “plataforma de trabajo de los grupos” y esto pierde el sentido cuando 4 de los 6 grupos de la cámara se oponen a su creación. De hecho, algunos grupos como el PSC ya avisaron de que no iban a estar en esas comisiones.
“La generación de esa ponencia conjunta puede generar como efecto adicional que los grupos que se han opuesto deban asumir una participación activa en la elaboración de un texto normativo en contra de sus intereses legítimos”, afirma el informe, que se limita a señalar un defecto de forma y no entra en el fondo.
Los servicios jurídicos recuerdan que la vía de la ponencia conjunta se usa para normas de “desarrollo básico” del Estatuto y considera que ninguna de estas tres leyes lo es. También recuerda que se pueden tramitar por esa vía normas que no sean de desarrollo básico, siempre y cuando tenga el apoyo de la mayoría de los grupos.
JxS y la CUP eligieron esa vía de tramitación para así evitar la impugnación por parte del Estado. Fuentes de la oposición aseguran que los independentistas ya tienen la normativa preparada y que la ponencia conjunta es un “paripé” para simular que se están debatiendo unas leyes que ya están pensadas.
Tanto JxS como la CUP han defendido la vía elegida para tramitar las normas rupturistas. El diputado de JxS Roger Torrent ha defendido las ponencias conjuntas como “la mejor manera para abordar el debate”, aunque se ha mostrado dispuesto a analizar otras vías. El diputado y portavoz de la CUP, Albert Botran, ha sido más contundente y ha explicado que su grupo “no ve ningún impedimento” a continuar por esa vía.
La oposición carga contra los independentistas
Los cuatro grupos que se oponen a las normas rupturistas han celebrado el informe de los servicios jurídicos. Tanto PP como Ciudadanos han asegurado que presentarán un recurso al Tribunal Constitucional si la Mesa decide continuar con las ponencias, mientras que el PSC ha explicado que todavía no ha valorado esta posibilidad.
“Un 52% de la sociedad catalana se opone a las ponencias”, ha espetado el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que ha calificado de “gravísimo” que JxS y la CUP intenten “saltarse el reglamento”. El portavoz de CSP, Joan Coscubiela, ha afeado a los independentistas que pretendan “trasladar la responsabilidad” de sus leyes separatistas al resto de grupos de la cámara. “Que digan la verdad a la ciudadanía, la resolución del 9-N se ha convertido en un callejón sin salida”, ha añadido.
El portavoz del PP, Enric Millo, ha tildado de “antidemocrática y autoritaria” la actitud de los separatistas. “Quieren imponer al resto un procedimiento”, ha espetado Millo. Eva Granados, portavoz del PSC, ha afirmado que el objetivo de esas ponencias es “marear la perdiz” y ha asegurado que la hoja de ruta soberanista “hace aguas”.
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