El juez Antonio Serrano-Arnal, que investiga el origen del millonario patrimonio del ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, ha sumado a dos altos ejecutivos a la relación de investigados (antes llamados imputados) en este procedimiento. Ramiro Sánchez de Lerín, secretario general y del consejo de administración de Telefónica, y Pedro Pasquín, consejero delegado de Lazard Asesores Financieros, declararon este viernes en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en una pieza secreta del caso Rato.

El propio ex político y antiguo director del Fondo Monetario Internacional y el abogado Domingo Plazas (representante legal de Kradonara 2001, una de las empresa de Rato) tuvieron que comparecer también este viernes en el Juzgado, en el que permanecieron desde las 9.30 horas hasta las 16.30 pese a que sus declaraciones no se prolongaron más allá de 40 minutos.

Los cuatro investigados fueron recluidos todo el día en una sala anexa al Juzgado, mientras que en otra dependencia se encontraban dos testigos que también habían sido citados, uno de los cuales es una secretaria de Rodrigo Rato.

El ex vicepresidente del Gobierno fue abucheado, insultado y zarandeado a la entrada de los Juzgados de la Plaza de Castilla por un grupo de preferentistas, una situación recurrente cada vez que tiene una cita judicial. La de este viernes era la tercera ocasión en que Rato acudía al Juzgado de Serrano-Arnal por este procedimiento, en el que se le investiga por supuestos delitos fiscales, de blanqueo y de alzamiento de bienes. Las diligencias se centran en la recepción por Kradonara de 6,5 millones de euros de origen desconocido entre 2001 y 2010. Gran parte de esos fondos fueron invertidos en un hotel en Berlín (Alemania) del que Rato es copropietario.

La investigación también se extiende al supuesto cobro de comisiones por Rato a cambio de la adjudicación de contratos de publicidad de Bankia a las empresas Publicis y Zenith por valor de 47 millones de euros en 2011 y 2012, cuando el ex político presidía esa entidad bancaria.

Ninguno de esos hechos ha sido, sin embargo, objeto de declaración en la comparecencia de este viernes, enmarcada en una pieza que permanece secreta y que se refiere, de un lado, al pago de 726.000 euros que, a través de Kradonara, Rato recibió de Telefónica entre enero de 2013 y abril de 2015 en contraprestación a informes de asesoramiento. El contrato mercantil entre Kradonara y la compañía que preside César Alierta fue firmado por Sánchez de Lerín.

Hacienda cuestiona

La Agencia Tributaria ha enviado al Juzgado un informe en el que cuestiona que Telefónica contratara a una empresa opaca (con accionariado no identificado hasta 2013) y con una escasa actividad (que en ningún caso ha sido de consultoría) una labor de asesoramiento que sólo puede desarrollarse de forma personal. La Agencia Tributaria cree que la contratación se hizo de esa manera para eludir el pago de tributos.

De otro lado, la pieza secreta tiene por objeto el abono de 6,6 millones de euros en acciones realizado en 2011 y 2013 a Rato por parte de Lazard, empresa para la que trabajó entre noviembre de 2007 y enero de 2010, hasta unos días antes de que fuera nombrado presidente de Cajamadrid. Luego Rato contrató a Lazard para que le asesorara en la operación de salida a Bolsa de Bankia, entre otros contratos. En total, Lazard obtuvo 14 millones de euros por servicios prestados a Bankia mientras la entidad estuvo presidida por su antiguo empleado.

La citación judicial del primer ejecutivo de Lazard Asesores Internacionales se debe a que Pasquín firmó los tres contratos entre la empresa y Rato, el 28 de noviembre de 2007, el 28 de abril de 2009 y el 22 de enero de 2010. En este último documento, se acordó un pago a Rato de 6 millones de dólares brutos en forma de acciones de Lazard por la extinción de la relación laboral. El resto del dinero abonado a Rato corresponde a bonus pactados en el contrato de 2009.

El ex vicepresidente del Gobierno está siendo investigado por los pagos de Lazard en la Audiencia Nacional y, de hecho, fue interrogado sobre ellos en octubre de 2014 por el juez Fernando Andreu, que investiga la salida a Bolsa de Bankia.

Sin medidas cautelares

Rato y los otros tres investigados abandonaron el Juzgado sin la imposición de medidas cautelares, aunque en el caso del primero ya está sometido a comparecencias mensuales y a la retirada del pasaporte.

En declaraciones a los medios, Rodrigo Rato se quejó de que "diez meses después de entrar en mi casa, Hacienda no es capaz de hacer un informe definitivo".

También reiteró que toda su actividad profesional privada "ha sido declarada y tributada". "Mis actividades profesionales han sido legítimas y lícitas, y así se lo he expresado una vez más al juez y al fiscal", dijo, informa Europa Press.