Maniobra para que la acusadora de la infanta no la interrogue

Virginia López-Negrete es la única abogada que acusa directamente a la infanta Cristina de fraude fiscal en el caso Nóos. Sin embargo, un juzgado de Madrid intenta evitar que esté presente en el interrogatorio por el que la hermana de Felipe VI se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión. La declaración de la infanta está prevista para el próximo jueves, día 25. Y aunque la presencia de López Negrete es imprescindible -ya que de ella depende la acusación ejercida por Manos Limpias- el juzgado número 18 de Madrid insiste en que tiene que acudir a declarar como imputada a su sala esa misma fecha.

El juez José Ángel Lera, titular del citado juzgado, se ha negado en dos ocasiones a cambiar la fecha de la comparecencia. La primera por escrito. Y la segunda de viva voz, a los abogados de la letrada, que acudieron el pasado viernes a su despacho con un certificado de la Audiencia de Palma. El documento refleja que la presencia de la abogada en la declaración de la infanta tiene carácter “preferente”. Pero ni con esas.

No es la primera vez que la letrada recibe presiones tras hacerse cargo de la acusación contra la infanta. El 23 de enero de 2013, tres meses antes de que Cristina de Borbón fuera imputada por fraude fiscal y con Iñaki Urdangarin por segunda vez en el banquillo, una de las partes presentó una querella por intrusismo contra la persona que asistía a López Negrete en las declaraciones. La denuncia quedó archivada ya que el acompañante estaba licenciado en Derecho y contaba con la autorización expresa del juez José Castro.

En fechas coincidentes, las redacciones de varios medios de comunicación recibieron anónimos con supuestos datos confidenciales contra ella y seis meses después, la imagen de la abogada junto a Castro en una terraza de Palma –en una escena similar a la que se puede vivir en cualquiera de los bares cercanos a la Audiencia Nacional, por ejemplo- sirvió para acusar públicamente a ambos de comprometer la causa.

Sin embargo, su trabajo al frente de la acusación popular ha servido para sentar a la infanta en el banquillo. Ante la falta de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, su petición de pena sirvió para que el juez Castro pudiera imputar a la hermana de Felipe VI. Pese a que los acusadores públicos no comparten su criterio, la decisión de acusar a la ex duquesa de Palma fue refrendada tanto por Castro como por la sección tercera de la Audiencia de Palma, que ratificó los cargos.

Además, el tribunal actual negó a Cristina de Borbón la posibilidad de acogerse a la llamada doctrina Botín, dando por bueno el argumento de que la asociación representada por López-Negrete estaba perfectamente legitimada para acusarla.

Maniobras para apartarla del caso

El 23 de octubre de 2015, a primera hora de la mañana, la sala encargada de juzgar el caso Nóos marcó el calendario de declaraciones para todo el juicio. En total, la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Palma planificó 67 días de sesiones. La declaración más importante, la que permitiría escuchar de viva voz las explicaciones de la infanta, estaba prevista entre los días 23 y el 26 de febrero.

Una semana después de conocer el calendario –el pasado 3 de noviembre-, la Fiscalía anunció una querella contra López-Negrete y Miguel Bernat, máximo responsable de Manos Limpias. En su escrito, les acusa de apropiación indebida por retirar 108.000 euros en metálico de una cuenta del sindicato entre 2010 y 2011. El dinero procedía de un millar de afectados de Afinsa que confiaron su defensa a Manos Limpias. Sin embargo, la denuncia no procedía de ninguno de ellos –pese a que la acción legal no prosperó- sino de la acusación pública, que tardó un lustro entero en denunciar los hechos y presentó su escrito cuando el inicio del caso Nóos tenía ya fecha de salida.

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarín a su llegada al juicio en Palma. Cati Cladera Efe

El 30 de diciembre de 2015, dos meses después de que la Audiencia de Palma fijara las fechas del juicio, el juez Ángel José Lera, titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid e instructor del caso por reparto, emitió un auto admitiendo la querella y para que Virginia López-Negrete declarara como imputada. El magistrado fijó su comparecencia el día 25 de febrero, fecha en la que posiblemente declarara la infanta. Pese a que el documento fue firmado un día antes de que terminara el año, no fue notificado a la abogada de Manos Limpias hasta dos semanas después.

Sin embargo, el azar quiso que se produjera un cambio de planes y la declaración de Cristina de Borbón se adelantara una semana. Uno de los abogados presentes en el juicio informó a la sala de que el día 25 tenía que un compromiso laboral previo. Para no perjudicar a sus compañeros, el letrado permitió que esa mañana se interrogara a los acusados que no tenían relación con su defendido. Por eso la comparecencia de la hermana de Felipe VI, en la que este letrado sí estaba interesado, se adelantó de fecha.

El cambio de agenda frenó la colisión entre la declaración de la infanta y la citación contra López-Negrete en los juzgados de Madrid. Aun así, la abogada avisó el 4 de febrero por escrito al juez Lera sobre la agenda prevista por la Audiencia de Palma y solicitó que –ante el calendario cambiante - que su declaración como imputada se atrasara hasta la finalización del juicio. Pero el juez se negó.

Posible aplazamiento de la declaración de la infanta

El pasado jueves, 18 de febrero, el tribunal anunció de nuevo un cambio en la fecha prevista para la declaración de la infanta. Al final, todos los abogados tenían la agenda libre para el día 25. Fue entonces cuando la sala cambió la fecha de nuevo y decidió que la comparecencia de la infanta se fijara otra vez como estaba prevista.

Ese mismo día, a mil kilometros de Palma, el juzgado 18 de Madrid emitió un auto rechazando la petición de López-Negrete de aplazar su declaración. Las fechas coincidieron de nuevo. Eso evitaría que la persona que debía interrogar a la infanta con más ahínco pudiera estar presente.

Esa misma tarde, la Audiencia Provincial de Palma emitió un certificado recogiendo las fechas previstas para el juicio y recordando textualmente al juzgado madrileño que “los días 23 a 26 está previsto el interrogatorio entre otros de Don Salvador Trinxet Llorca y Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia, respecto a los cuales la letrada es LA UNICA ACUSACION (Sic) personada contra ellos, resultando por tanto ineludible su presencia”. El escrito explica por tanto que “el señalamiento de esta causa es preferente”.

El documento llegó a Madrid este mismo viernes, y según fuentes jurídicas, fue presentado en el juzgado por los representantes legales de López-Negrete. De viva voz, el juez Lera se mantuvo firme y les informó de que su decisión era inamovible, alegando dilaciones en el procedimiento. Ahora, la decisión debe ser ratificada por escrito en los próximos días. Y de ello depende que la maniobra surta efecto, y la mujer que sentó a la infanta en el banquillo pueda o no interrogarla en el caso. En un último caso, la comparecencia de la infanta frente a la Audiencia de Palma, tendría que ser –y van tres- aplazada de nuevo.