El lento camino judicial de Rita Barberá y el PP valenciano

A Rita Barberá se la ha visto en los últimos días agazapada desde la ventana de su casa en Valencia mientras los medios de comunicación hacían guardia en el portal, salir de una peluquería cuando estaba citada a una reunión en el Palau de la Generalitat, y meterse en un taxi (este martes) el día en el que se conocía que el juez ha iniciado el camino para pedir su imputación por presunto blanqueo de dinero en el seno de la agrupación local del PP en Valencia. En las últimas semanas ha faltado a una reunión con los parlamentarios nacionales organizada por la presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, y no ha acudido a su puesto en el Senado. “En estas condiciones es más prudente no ir”, se excusó.

Estas ‘condiciones’ son el cerco judicial que se ha ido cerrando sobre ella desde que el pasado 26 de enero un gran dispositivo judicial y policial desarrollara la macrorredada contra la corrupción del PP en la que acabaron detenidos 24 personas entre políticos y empresarios por una presunta trama de ‘mordidas’ en contratos públicos. Entre ellos personal de su confianza como la secretaria del grupo popular, Carmen García Fuster, y quien fuera concejala de Cultura, María José Alcón.

También resultó imputado su sucesor en el consistorio, Alfonso Novo. Poco después, el magistrado de Instrucción 18, Víctor Gómez, imputó a todo el grupo municipal salvo un edil independiente, a exconcejales y al personal eventual que trabajaba o trabajó para el partido. Todos ellos resultaron imputados (ahora denominados investigados) en una derivada de la operación Taula sobre el supuesto blanqueo de 50.000 euros. El método fue reconocido por varios exasesores del PP y consistía en ingresar mil euros para la campaña electoral que les serían devueltos posteriormente en billetes de 500 euros.

Los investigados que han sido interrogados han admitido las donaciones pero negado el blanqueo. La única razón para no citar a Barberá era su aforamiento por su condición de senadora. Eso, y la presión de miembros de su partido, la han llevado a la reclusión. De hecho, solo una semana antes de la macrorredada la exalcaldesa dio una rueda de prensa tras meses de silencio. Allí habló de su “retiro voluntario” y de su intención de ponerle fin: “No me he ido ni tengo la intención de irme. Todo lo contrario”.

LAS PRUEBAS DE LA INVESTIGACIÓN

Los investigadores sostienen que tienen pruebas de que la exalcaldesa también participó de esta operación de blanqueo. Así que todo era cuestión de tiempo. Este martes, el juez remitió al Senado un escrito para acreditar su aforamiento. Es la primera señal de que la investigación ya apunta a Barberá y de que hay intención de investigarla. El proceso, no obstante, no será inminente. Fuentes de la investigación sostienen que la petición de imputación no llegaría hasta después de Fallas o de Semana Santa.

A este proceso se suma el llamado 'Ritaleaks', la investigación de Fiscalía sobre gastos de representación de representación y protocolo del Ayuntamiento. Se investiga si la exregidora pagó con fondos municipales servicios privados. Una causa que también podría acabar con una imputación y en tiempos similares a la de la pieza por blanqueo.

Por el momento, la Mesa del Senado ha acordado trasladar al Tribunal Supremo –el órgano competente para actuar contra la senadora- la solicitud que ha hecho el magistrado. “No corresponde al Senado contestar al juzgado”, ha explicado el vicepresidente de la cámara, Pedro Sanz. Según dijo, debe ser el Alto Tribunal el que comunique al juzgado de instrucción si la exalcaldesa está o no aforada.

UN PLENO SECRETO PARA DECIDIR

Según el reglamento del Senado, es sólo el Supremo el que tiene la facultad de pedir autorización para actuar contra uno de sus parlamentarios. Para ello, dirigirá el suplicatorio a la Cámara Alta con las actuaciones que estime oportunas y el dictamen del fiscal. El presidente del Senado deberá remitirlo a la Comisión de Suplicatorios que puede incluso reclamar la presencia de Rita Barberá. Esta comisión deberá emitir un dictamen en el plazo máximo de 30 días. Solo después de este paso, el Senado se reunirá en “sesión secreta” para un debate y votación.

Del voto de los senadores -hay mayoría del PP- deberá decidirse si se deniega la petición (lo que llevaría al archivo de la causa contra ella) o si se acepta y continúa el procedimiento. El presidente del Senado tiene ocho días tras el pleno secreto para informar al Supremo de la decisión.

El escrito remitido por el magistrado supone solo un primer peldaño de todo este proceso. Los investigadores ya tenían las pruebas, así este paso era solo cuestión de tiempo. De hecho, la petición para acreditar la condición de aforada de Barberá se conoce un día después de que el magistrado haya terminado de tomar declaración al medio centenar de imputados en la pieza separada que investiga el blanqueo de dinero.

Mientras, las Cortes Valencianas ya ha enviado la citación a la senadora para que comparezca en una comisión parlamentaria fijada parar este lunes. La petición no ha sido respondida, pero varios portavoces parlamentarios aseguran que la comparecencia es obligatoria.

El calvario de la que fuera, en palabras de Mariano Rajoy, la ‘alcaldesa de España’ ha estado plagado de manifestaciones de presión por altos miembros del PP para que saliera a la palestra. Aunque, por otro lado, el partido protegió su aforamiento al colocarla en la diputación permanente y ha recibido el apoyo tanto del líder nacional del partido como de su ‘amigo’ Francisco Camps, que reapareció en una rueda de prensa tras publicarse una información que le vinculaba con la trama.

LA CENSURA QUE PIDIÓ CAMPS

El expresidente valenciano intentó evitar que se publicaran informaciones que le implicaban en la investigación sobre la operación Taula. Según la información desvelada por la Cadena Ser y que ha sido confirmada a EL ESPAÑOL por fuentes de la investigación, existe un informe de la UCO que sitúa a Camps como el ‘recaudador’ de esta trama de presunta financiación ilegal y a la cabeza de varias ‘cajas b’. Los investigadores (la parte judicial) acreditan que hay un vínculo con el expresidente de la Generalitat pero, de momento, hablan de indicios. Camps intentó evitar que esta información saliera a la luz al reclamar al juzgado de guarda la prohibición de publicar informaciones que le vincularan con el caso Imelsa.

El juzgado de Instrucción 13, según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia valenciano, le ha denegado la petición. “No concurre ninguna razón ni motivo acreditado alguno que determine ni justifique la adopción de medida cautelar alguna”, ha dictado.

LA UCO EN EL AYUNTAMIENTO

Y mientras, la investigación sobre la pieza principal de Imelsa (tras desgajar la parte de blanqueo) continúa dando sustos al PP. Este mismo martes, la Guardia Civil se ha vuelto a personar en el Ayuntamiento de Valencia. Agentes de la UCO han entrado sobre la una del mediodía para reclamar documentos relativos a la Mostra de Valencia-Cinema del Mediterrani del año 2006. Buscaban información sobre adjudicación de contratos en la etapa en la que Alcón (pareja de Alfonso Grau, detenido el lunes e imputado por cohecho en otra causa) era concejala de Cultura. 

La pieza principal de Imelsa es la que investiga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos en varias administraciones que estaban controladas por el PP: el Ayuntamiento, la Diputación (a través de la empresa Imelsa) y la Generalitat (a través de la empresa pública CIEGSA).