El Govern ha acordado este martes modificar el nombre de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia para evitar la suspensión del Tribunal Constitucional. El cambio sólo será semántico y a partir de ahora el departamento se llamará Consejería de Asuntos y Relaciones Institucionales, Exteriores y Transparencia.
Raül Romeva ha confirmado en rueda de prensa que el cambio de nombre, que se hace “de manera preventiva”, se ha acordado para evitar la suspensión de Alto Tribunal. “Queremos dejar muy claro que con este tipo de argucias no nos van a parar”, ha afirmado. “Estamos determinados a ir hasta el final“. El conseller considera que el recurso presentado por el Gobierno central tiene una “extraordinaria debilidad jurídica y conceptual” y ha anunciado que pedirán el levantamiento de la suspensión.
Romeva se ha ratificado en el cargo, ha reiterado que sigue siendo “Conseller de Asuntos Exteriores” y ha negado que exista un conflicto de competencia con el Gobierno central en materia exterior. “Las funciones con las que desarrollamos nuestra acción exterior son las mismas con las que hemos venido operando todos estos años”. El conseller ha confirmado que todo se reduce a un debate semántico que “intenta desviar el tema central”, ya que el contenido de su consejería no se ha cuestionado. Después de estudiarlo con los servicios jurídicos de la Generalitat, han optado por una ligera modificación en la denominación de su departamento.
La decisión del Govern choca con lo que defendió durante las pasadas semanas el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que afirmó que al nombre del departamento de Romeva “no se le iba a poner tipex”. Romeva ha defendido que es un cambio menor y que en su tarjeta de visita seguirá figurando lo mismo que ha aparecido hasta la fecha.
La CUP ha tardado poco rato en cargar contra la decisión del Govern, que considera una cesión al Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy. "Ante la presión del Estado no se pueden dar pasos atrás", ha afirmado el diputado cupero Albert Botran. "Puestos a cambiar nombres, le podrían haber puesto Cancillería como en otros países europeos", ha añadido.
Nueva oficina para apuntalar la secesión
A pesar de haber reiterado que el Tribunal Constitucional está “deslegitimado”, el Govern está dispuesto a seguir con el juego del gato y el ratón entre el Alto Tribunal, el Gobierno central y la Generalitat. En un nuevo capítulo de este juego, la portavoz Neus Munté ha anunciado la creación de la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo del Autogobierno.
Esta nueva oficina absorbe al anterior Comisionado para la Transición Nacional, también suspendido por el Tribunal Constitucional y que queda eliminado a partir de ahora. Con esta nueva denominación, el Govern intentará evitar una nueva suspensión por parte del Alto Tribunal.
Estos cambios, sin embargo, son puramente cosméticos ya que el objetivo real de este organismo seguirá siendo preparar la “desconexión” de España, tal y como confirman fuentes de Junts pel Sí (JxS). “Esta estructura supera a la anterior”, ha añadido Munté en referencia a la anterior Comisión para la Transición Nacional.
Esta nueva comisión estará presidida por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Sin embargo será el catedrático de Derecho Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, exmagistrado del Tribunal Constitucional, quien estará al frente de los trabajos de este nuevo organismo a través del Instituto de Estudios del Autogobierno, la nueva denominación que recibirá el Instituto de Estudios Autonómicos que ya presidía Pi-Sunyer. Este exmagistrado también lideró el Consejo Asesor para la Transición Nacional, un ente de 15 expertos que asesoró a Artur Mas en los inicios del proceso soberanista.
El parlament sigue sus trámites para la ruptura
A pesar de las amenazas del Constitucional, la Mesa del Parlament ha aprobado este martes crear las ponencias para redactar las tres normas básicas de la desconexión: la de Seguridad Social, la de la Hacienda catalana y la ley de Transitoriedad Jurídica, que debería evitar que los funcionarios catalanes se vieran en un limbo legal en el momento de la separación.
Los cuatro miembros de JxS de la Mesa, incluida la presidenta Carme Forcadell, han ignorado los informes de los servicios jurídicos del Parlament que desaconsejaban la tramitación de estas normas. Los juristas de la cámara alertaron en un primer informe que la tramitación de estas normas podía suponer un incumplimiento de la sentencia del Constitucional que anuló la declaración rupturista del pasado 9 de noviembre. Un segundo informe avisó a la Mesa de que estas tres normas, en el caso de tramitarse, no debían articularse mediante ponencias conjuntas ya que esto podría vulnerar los derechos de los partidos que no quieren participar en su redacción.
“Se ha acabado el tiempo de las argucias legales. Ahora empezamos a hacer política”, ha afirmado la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, en unas declaraciones en el Parlament recogidas por Europa Press. “Se cumplen los requisitos para tramitar las leyes con esta fórmula”, ha explicado el vicepresidente de la Mesa y diputado de JxS Lluís Corominas. “Además, el informe de los letrados no es vinculante”, ha añadido.
El bloque constitucionalista, formado por C’s, PSC y PP, ha anunciado que presentará una solicitud de reconsideración a la Mesa para frenar la creación de esas ponencias. Los tres partidos tampoco han descartado acudir al Tribunal Constitucional en el caso de que siga la tramitación de estas normas.
Catalunya Sí Que es Pot (CSP) también ha criticado la decisión de la Mesa, pero por ahora no presentará ninguna petición de reconsideración. El portavoz de la formación, Joan Coscubiela, ha explicado que para su grupo no se trata de una cuestión jurídica sino política.