La Fiscalía investiga presuntos tratos de favor en la Hacienda foral de Bizkaia

La Fiscalía de Bizkaia ha abierto recientemente una investigación sobre la existencia de presuntos tratos de favor a contribuyentes otorgados por la Hacienda foral vizcaína. Una denuncia sobre supuestos comportamientos irregulares cometidos dentro del servicio de Inspección Fiscal ha obligado al Ministerio Público a incoar diligencias y a asomarse de nuevo al funcionamiento del Departamento encargado de recaudar los impuestos de los vizcaínos, que dirige el diputado José María Iruarrizaga (PNV).

La investigación, que no ha trascendido a la opinión pública, está en fase incipiente y la denuncia puede quedar archivada o dar lugar a un proceso judicial. Algunos de sus componentes y protagonistas guardan relación con el caso Ibarra, juzgado y sentenciado ya, en el que quedó probado que el acusado simulaba, mediante una aplicación informática, inspecciones que no se producían.

Aquel escándalo, que estalló en 2003, se saldó en 2012 con la imposición de una pena de prisión de cuatro años y medio al jefe de la Inspección de Tributos, José Ramón Ibarra, del que el proceso tomó prestado el apellido. Fue condenado por falsedad documental, aunque quedó absuelto de las acusaciones de prevaricación, cohecho y desobediencia.

Ahora, José Delfino Suárez, el mismo funcionario de Hacienda que junto a otros dos compañeros alertó de las irregularidades que cometía Ibarra, y propició la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, ha solicitado que se actúe penalmente por segunda vez una década después. La denuncia fue interpuesta, según ha podido conocer EL ESPAÑOL, a mediados del pasado mes de diciembre ante el mismo órgano penal en Madrid. Anticorrupción se inhibió en favor de la Fiscalía de Bizkaia, a la que dio traslado a comienzos de febrero del escrito presentado por Suárez.

Anticorrupción se inhibe

En una escueta comunicación, Anticorrupción no entraba en el fondo del asunto sino que se limitaba a poner en conocimiento de la Fiscalía vizcaína la denuncia recibida sobre una supuesta “connivencia” entre empresas y funcionarios de la Diputación.

La Fiscalía de Bizkaia, dirigida por la fiscal jefe Carmen Adán, ha dado ya los primeros pasos para tratar de esclarecer si hay funcionarios de la Hacienda foral que están vulnerando el principio de igualdad ante la ley y si sus conductas pueden ser objeto de reproche penal. Sus diligencias, de carácter reservado, están encaminadas a determinar la veracidad de lo relatado por el denunciante a lo largo de más de veinte folios, poco después de que éste abandonara por jubilación la Diputación Foral en la que trabajó durante décadas como inspector fiscal.

En la denuncia se detallan una serie de anomalías en el funcionamiento de la Hacienda Pública que se relacionan con los hechos juzgados en el caso Ibarra. En ella se mantiene que las irregularidades han persistido en el tiempo, aunque con distintos procedimientos, e incluso en algún caso afectan a las mismas empresas.

De nuevo es el sector del metal de Bizkaia, y más en concreto el de compra venta de chatarra, el foco de la denuncia sobre la existencia de trato discriminatorio de la Diputación a favor de determinadas firmas societarias. De nuevo también la denuncia se produce desde dentro, por un inspector cuyo trabajo hasta su reciente jubilación consistía en perseguir a los defraudadores fiscales. Es el mismo que ya intervino como testigo en el juicio contra el jefe de la Inspección condenado.

Cambios y nuevos controles

Meses después de que Anticorrupción destapara el caso Ibarra, la Diputación anunció cambios y una profunda remodelación del área de Inspección, de la subdirección que dirigía el jefe de tributos, y se comprometió a incrementar los controles para evitar anomalías. La Fiscalía deberá dilucidar si las irregularidades se siguen produciendo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, José Delfino Suárez sostiene en su escrito que la Hacienda foral no lucha contra el fraude fiscal con las mismas armas y empeño en todos los casos. Asegura que no se actúa siempre con el mismo rigor y celo y afirma que en ocasiones se aparta a empresas que deben ser investigadas de los planes de inspección o se condona a otras cuantiosas sumas de dinero en la regularización de sus pagos con la entidad vizcaína. No se denuncia, sin embargo, ninguna protección ligada a una aplicación informática como la gestionada en su día por Ibarra.

El denunciante describe de forma detallada los distintos casos cuyas irregularidades pretende demostrar. Remite a expedientes concretos y cuantifica en varios millones de euros el dinero supuestamente defraudado y dejado de ingresar por el fisco por la laxa actuación mantenida, a su juicio, desde el Departamento de Iruarrizaga .

Ahora la Fiscalía deberá determinar la existencia de los hechos denunciados y, si resultan ciertos, si pueden constituir la comisión de algún delito, o si, por el contrario, obedecen a los criterios de flexibilidad administrativa e interpretación jurídica con los que inspectores y otros funcionarios ejecutan las normas.