El País Vasco homenajea a 187 víctimas producidas por la Policía y la Guardia Civil

El País Vasco celebra este sábado en San Sebastián el primer acto institucional de homenaje conjunto a las víctimas producidas por los Cuerpos de Seguridad del Estado entre 1960 y 1978, dieciocho años que comprenden el último tramo de la dictadura franquista y el periodo preconstitucional de transición hacia la etapa democrática.

Las víctimas homenajeadas son 187 y su reconocimiento se produce a propuesta de una Comisión de Valoración creada para identificar estos casos tras el Decreto aprobado en 2012 por el Gobierno vasco, presidido entonces por el socialista Patxi López. En esta Comisión participó Manuela Carmena hasta su elección como alcaldesa de Madrid.

La Comisión, en el avance de su informe final, ha resuelto sobre 239 solicitudes y aceptado el 78% de las mismas. Todas ellas se refieren a “víctimas de violaciones de derechos humanos o sufrimientos injustos que han supuesto un atentado contra la vida o la integridad física o psicológica de las personas, producidos por la violencia de agentes del Estado, el uso excesivo de la fuerza y casi siempre la impunidad en que se dio la violencia en el contexto de la dictadura franquista”.

Esta larga definición se suele resumir en la expresión “víctimas de abusos policiales” que la Comisión rechaza por “imprecisa” y porque “ limita y minimiza” los hechos: atentados contra la vida con resultado de muerte, desaparición o heridas; uso excesivo de la fuerza; y malos tratos y torturas. El resto de las violaciones de derechos humanos, referidas entre otras a la libertad de expresión o de asociación, no han sido objeto de su estudio.

La nueva ley de reparación

El homenaje, en el palacio del Kursaal donostiarra, consta fundamentalmente de una intervención de reconocimiento institucional por parte del lehendakari, Iñigo Urkullu, y la escucha y visionado de testimonios de algunas víctimas.

La jornada se completa con distintas mesas de trabajo sobre el desarrollo del Decreto de 2012 y la nueva ley de reparación, que se tramita en el Parlamento Vasco, para reconocer a las víctimas causadas “por contraterrorismos ilícitos” entre 1978 y 1999. Con ella se persigue poner de manifiesto los abusos, excesos y acciones de violencia ilícita ejercida por agentes estatales, “tanto en el contexto de la lucha contra el terrorismo, como con su pretexto”.

La intención de la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, que dirige Jonan Fernández, es completar el marco legal para el reconocimiento de este tipo de víctimas con una tercera ley de prevención de la tortura que mire hacia el futuro y cierre el proceso de reparación iniciado, con el reconocimiento de los casos producidos a partir del año 2000.

30 muertos y 72 torturados

Las 187 víctimas generadas entre 1960 y 1978, reconocidas y homenajeadas ahora, se agrupan fundamentalmente en tres bloques: El 16% (30 personas) corresponde a muertes causadas por disparos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en manifestaciones, controles en carreteras o altercados ; el 29,5% (55) a heridos por arma de fuego en circunstancias similares a las anteriores; y el 38% (72) a malos tratos y torturas sufridas en detenciones en comisarías de Policía o cuarteles de la Guardia Civil. El resto son personas heridas por pelotas de goma o botes de humo en la disolución de manifestaciones, u objeto de palizas y otros maltratos fuera de dependencias policiales.

Las víctimas son en su mayoría hombres -161 frente a 26 mujeres- y el 75% menor de 28 años, sin que el 37% (70 personas) llegue siquiera a la mayoría de edad de la época, fijada en los 21. El 61% del total ha recibido la indemnización económica acordada en el Decreto.

Según las características comunes destacadas por la Comisión, las víctimas se producían con clara “intencionalidad” y de forma “indiscriminada”, sin que en muchos casos tuvieran ningún tipo de militancia. Las violaciones de derechos humanos no representaban una excepción sino “un patrón de actuación” y la represión policial generó un “contexto de riesgo e inseguridad vital” para quienes participaban en manifestaciones o protestas, “simplemente pasaban por ahí”, o eran señalados como miembros de organizaciones políticas. Los afectados se encontraron, por último, “indefensos” frente a sus agresores, que obraron con gran “impunidad” porque los casos no se investigaban o cuando se hacía los procesos no reunían suficientes garantías para las víctimas.

Manifestaciones y controles

Aunque el periodo analizado comienza en 1960, la mayor parte de las solicitudes recibidas y admitidas se concentra entre 1975 y 1978, siendo 1976 el año en el que se produjeron más víctimas debido a los sucesos del 3 de marzo en Vitoria.

El informe aborda el aumento de la conflictividad laboral en la década de los sesenta y durante el postfranquismo y la dureza de la represión de huelgas y manifestaciones. La actuación de la Policía en Vitoria en una jornada de paro total provocó cinco obreros muertos por disparos a la salida de una iglesia y alrededor de un centenar de heridos.

Al año siguiente, durante reivindicaciones ya políticas y no laborales, se produjeron de nuevo protestas y manifestaciones en la celebración de dos Semanas Pro Amnistia, que dejaron el balance de ocho muertos y numerosos heridos.

Los controles policiales de carretera, la mayor parte desplegados por la Guardia Civil, son otro de los escenarios identificados como lugares de graves violaciones de derechos humanos.

“El propio despliegue de estos controles, a menudo de noche y sin señalizar, tuvo unas consecuencias dramáticas para aquellas personas que se saltaron accidentalmente estos dispositivos”, se recoge en el informe de la Comisión.

“En otros casos –se añade- ni siquiera llegó a producirse un despliegue efectivo de este tipo de controles y los disparos que acabaron con la vida de varias personas procedieron de agentes uniformados apostados en los márgenes de la carretera, de noche, y sin ningún tipo de señalización que avisase de su presencia”.

No ocurrió de ese modo en marzo de 1961 en Bilbao, donde el dispositivo estaba planificado de antemano y tres personas a quienes se confundió con dirigentes de ETA “fueron acribilladas a balazos” por agentes de varios cuerpos policiales. Uno de los ocupantes del vehículo, Javier Batarrita, murió y otro resultó herido de gravedad.

Torturas y agresiones sexuales

Los 72 expedientes sobre torturas en Comisaría analizados por la Comisión le llevan a concluir que esas prácticas “fueron muy comunes” y que afectaron también a personas que nada tenían que ver con ETA.

Según su relato, las primeras agresiones podían realizarse ya en el momento de la detención, aunque no se opusiese resistencia, continuar durante el traslado a dependencias policiales e intensificarse en Comisaría durante el interrogatorio si los arrestados “no facilitaban la información que se les requería”.

La Comisión describe cómo a menudo se aislaba a los detenidos, a quienes con frecuencia se les impedía conciliar el sueño, se les desnudaba y obligaba a hacer flexiones y se les amenazaba incluso con la muerte. Explica que en muchos casos, y sobre todo durante los estados de excepción, las torturas eran “más brutales y sofisticadas” y se sometía a las personas detenidas a “la bañera”, la asfixia mediante bolsa de plástico o la simulación de su propia ejecución.

Su informe dedica un apartado específico a la violencia sexual ejercida fundamentalmente sobre las mujeres detenidas y reconoce un caso de violación y varios de tocamientos y otras agresiones cometidas por miembros de las fuerzas de orden público, al amparo del “espacio de impunidad” que proporcionaban las detenciones y los interrogatorios.