El testigo sorpresa aporta una prueba de que Mas siguió con el 9N pese al Constitucional

Las diligencias penales que tramita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la celebración de la consulta independentista del 9N pese a que el Tribunal Constitucional la había suspendido cuenta con un nuevo elemento probatorio de que la Generalitat estuvo vinculada a la organización y desarrollo de la votación hasta el último minuto.

El magistrado instructor, Joan Manel Abril, tomó declaración el pasado lunes por la tarde a un trabajador que, por sorpresa, se ofreció a testificar el pasado octubre, tras haber leído en los medios de comunicación que los tres investigados -el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la ex consejera de Educación Irene Rigau- habían sostenido en sus declaraciones judiciales que, a partir del 4 de noviembre de 2014, cuando el TC dictó una providencia suspendiendo la consulta, el Gobierno catalán se había desvinculado del llamado 'proceso participativo ciudadano', que quedó "en manos de 40.000 voluntarios", dijeron.

C.G., que trabajaba como empleado de una empresa subcontratada para el reparto de los 7.000 ordenadores utilizados para recoger y tratar los votos emitidos en la consulta, se puso en contacto con el abogado de Manos Limpias Pedro Muñoz, que ejerce la acción popular en el TSJC, y se ofreció a declarar ante el juez lo que vivió el fin de semana del 8 y 9 de noviembre "para que no quede impune la ilegalidad".

El testigo ha confirmado este lunes a Abril que estaba de guardia ese fin de semana y que se encargó de ir por los colegios elegidos como sedes de la votación distribuyendo ordenadores que tenían xerigrafiado el anagrama de la Consejería de Educación.

C.G. dijo que él no era voluntario -de hecho, cobró 400 euros por su trabajo de ese fin de semana- y señaló que uno de los albaranes de entrega se quedó en el vehículo de reparto, por lo que lo guardó. En el documento, que ha entregado al juez, figura la Consejería de Educación como organismo que realizó el encargo.

Instrucción acabada

La declaración de este testigo refuerza la tesis de la Fiscalía, que sostiene que la consulta en la que se preguntó a los catalanes si querían que Cataluña fuera un Estado independiente se celebró, en contra de la resolución del TC, "bajo el control directo de la Administración autonómica y con relevantes medios públicos".

El fiscal considera que existen indicios suficientes de que "se pretendió aparentar que el proceso participativo quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así". "La utilización de medios públicos, lejos de ser interrumpida, continuó", señaló el Ministerio Público en un escrito del pasado 2 de febrero en el que describía, entre otras actuaciones posteriores a la providencia del Tribunal Constitucional, el envío masivo de publicidad institucional sobre la votación, el mantenimiento de la web oficial con información sobre la consulta, el desarrollo e instalación de las aplicaciones informáticas o el reparto del material para la votación (urnas, papeletas, ordenadores), todo ello pagado por la Generalitat.

"Sin los medios de la Administración autonómica", estima el fiscal, "la votación no hubiera podido tener lugar en los términos pretendidos". 

Registro de población

Tras las declaraciones de este lunes y la recepción de los últimos documentos solicitados a la Generalitat por el instructor -entre ellos, una certificación que pone de manifiesto que el Instituto de Estadística de Cataluña, también dependiente de la Generalitat, cedió los datos del Registro de Población para elaborar el censo de la consulta- las diligencias del TSJC se consideran finalizadas por las acusaciones.

Abril anunció en un auto del pasado 17 de febrero que "se llevará a cabo" la elevación al Tribunal Supremo de una exposición razonada debido a los indicios surgidos contra el ex consejero de Presidencia Francesc Homs, actual diputado en el Congreso y, por tanto, aforado ante el TS. Lo que queda por determinar es si se remitirá al Supremo toda la causa, dada la correlación de las conductas de todos los investigados, o únicamente lo que afecta a Homs.

Las defensas, por el contrario, consideran que no hubo desobediencia al TC y creen que la causa debe ser archivada respecto a todos los investigados.