Prórroga para una pieza clave en el fraude de los cursos de formación de Andalucía

La juez instructora del caso de los fondos de formación, María Núñez Bolaños, ha declarado de especial complejidad y a la vez ha archivado de forma provisional dos de las nueve piezas en que se dividió la causa de los cursos de formación, y entre ellas está la que afecta al entramado empresarial vinculado Rafael Velasco, ex vicesecretario general del PSOE-A, investigado desde 2014 por un presunto delito de fraude de subvenciones. Velasco dimitió en 2010 y fue sustituido en el cargo por Susana Díaz como secretaria de Organización.

Esta maniobra supone una prórroga para el caso. Al declarar compleja esta instrucción, en vez de los seis meses que precisa la Ley de Enjuiciamiento Criminal como plazo para investigar una causa, la jueza dispondrá de un máximo de 18 meses. Pero si a esto se añade el archivo provisional, tal y como le ha sido solicitado por la Fiscalía Anticorrupción, se permite que esos plazos queden en suspenso y no corran.

Este archivo responde a que aún no se han recibido informes y documentación de distintas instituciones, como la propia Junta de Andalucía. Según este documento de la Fiscalía, en mayo de 2014 se incautaron todos los archivos en formato papel de estos expedientes, pero al ser tan voluminoso, se creó un grupo de funcionarios específico para su estudio. Justo casi un año después, en abril de 2015, la Dirección General de Formación para el Empleo solicitó que se pudiera entregar progresivamente la documentación en función de la capacidad de trabajo de este grupo. El fiscal recoge en su escrito que su petición de sobreseimiento provisional sea atendida hasta que “el estudio de las subvenciones de las que ha sido beneficiario el entramado del señor Velasco no sea realizado y comunicado”.

Velasco puso fin a una meteórica carrera política impulsada por el propio José Antonio Griñán, cuando era secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta. Con él quiso dar el primer paso para la regeneración del PSOE andaluz. Pero Velasco dejó su escaño y dimitió como número del partido de manera fulminante. Lo hizo ante lo que él definió como una “cacería política” y “una campaña de difamación, de injurias y de calumnias”, cuando se hizo público que su mujer había recibido 726.000 euros en subvenciones de la Junta para los cursos de formación. Aseguró que lo hacía por “motivos personales” y porque afectaba seriamente su vida familiar, pero también lo hizo porque no se sintió arropado por el partido.

El PP, en contra del archivo

Desde el PP se ha alertado de que el archivo provisional puede provocar la prescripción del expediente y, según su portavoz parlamentaria, Carmen Crespo, es consecuencia de la “falta de colaboración” del Gobierno andaluz con la justicia.

Por esta razón, el PP ha presentado un escrito de alegaciones oponiéndose a lo solicitado por la Fiscalía, considerando que lo "procedente" hubiera sido que hubiera pedido al juzgado un "mandamiento urgente" para que los funcionarios tuvieran listos los informes en diez días. En sus alegaciones piden a la juez que, una vez ha transcurrido casi un año desde que se pidió el estudio de las subvenciones, se requisen de nuevo los expedientes y que se pongan en manos de los auditores e interventores que aceptaron el encargo de auxilio jurisdiccional para que procedan a su análisis.

Crespo ha criticado que haya expedientes relacionados con el entorno del PSOE-A, como éste del caso Velasco, "que no han llegado ni a la comisión de investigación ni al Juzgado”, lo que le ha llevado a denunciar la “falta de diligencia” del gobierno andaluz y a cuestionar la transparencia de los socialistas y de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Mentira y manipulación

Desde la Consejería de Empleo se ha acusado a Crespo de “mentir y manipular la realidad” tanto en la falta de documentación, como sobre el riesgo de prescripción por esta misma causa. Aseguran que la Junta está colaborando y como prueba mencionan que los expedientes fueron entregados en mayo de 2014, así como que se asignaron los funcionarios requeridos por el juzgado en abril de 2015 para el estudio de los expedientes y la posterior emisión de los informes.

Para la Junta, tampoco hay riesgo de prescripción, como denuncia el PP, porque el sobreseimiento provisional decretado paraliza el periodo máximo de instrucción. “Si alguien quiere que prescriban los expedientes es el propio PP, cuando en un escrito de alegaciones, se muestra contrario al sobreseimiento provisional y pide que continúe la instrucción con el riesgo de prescripción dada la voluminosa cantidad de expedientes”, han aseverado desde la Consejería del ramo.

Este auto de la juez Núñez Bolaños es para la Junta "una muestra de absoluta normalidad y colaboración de la Junta de Andalucía con la investigación judicial” y ha recordado que la propia Junta de Andalucía solicitó al juzgado el 15 de mayo de 2015 una aportación progresiva de los citados informes “dentro de la mayor lealtad y colaboración institucional”.