El fiscal pide más de 119 años de prisión para tres exdirigentes del PNV de Álava

Tres exdirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, se enfrentan en conjunto a un total de más de 119 años de cárcel por distintos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, coacciones, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, trafico de influencias y falsedad continuada en documento público y mercantil.

Esta mañana se ha conocido la petición de penas presentada por la Fiscalía ante la apertura de juicio oral en relación al mayor caso de presunta corrupción descubierto hasta el momento en el País Vasco.

El Ministerio Público solicita asimismo su inhabilitación para el ejercicio de cargo público y la imposición de multas millonarias, de mayor cuantía al principal implicado, presunto “cerebro” de la trama, que da nombre al procedimiento judicial y para el que reclama una fianza de 25 millones de euros. La cantidad demandada como garantía se eleva a más de 120 millones para el total de los encausados en el proceso como consecuencia de la suma de los múltiples delitos.

Las multas que pide el fiscal son cuantiosas y ascienden en relación a algunos acusados a cifras igualmente millonarias, como la de más de 13 millones (13.817.216) que se reclama al exdiputado foral del PNV en función de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias presuntamente cometidos.

26 PROCESADOS

En el “caso de Miguel” están procesadas un total de 26 personas, la mayoría vinculadas al PNV, bien de forma directa o indirecta, en el momento en el que sucedieron los hechos.

Además de los tres exdirigentes mencionados, entre ellas figuran también sus mujeres, un viceconsejero y un director del Gobierno vasco bajo el mandato del lehendakari Juan José Ibarretxe, una ex alcaldesa y un ex edil de la formación nacionalista, un ex auditor de cuentas, dos gerentes de entidades públicas, dos constructores y un grupo de inversores catalanes.

Para ellos el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, solicita importantes penas de cárcel, más multas e inhabilitación, así como el embargo de ciertas cantidades y el abono de otras en concepto de responsabilidad civil, en un extenso escrito de calificación de 128 folios.

La solicitud más elevada, de 54 años, 11 meses y 15 días va dirigida contra Alfredo de Miguel, ex diputado foral hasta su arresto en 2010 y ex ‘número dos’ del PNV en Álava. Para Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, que formaron parte también de la dirección provincial (ABB) del PNV, la Fiscalía solicita igualmente duras penas de prisión, de 32 años y dos meses en cada uno de los casos. Ambos desempeñaron cargos públicos electos o de designación: Tellería fue procurador de las Juntas Generales de Álava (parlamento provincial) y Otxandiano, gerente del Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación alavesa.

KATAIA, EL ORIGEN DE LA TRAMA CORRUPTA

El fiscal asegura que De Miguel se valió de sus cargos públicos y de su posición en el PNV para crear, antes de 2005, un “entramado societario” con el fin de lograr un beneficio económico “ilícito” destinado a su “enriquecimiento personal y de terceros”.

La trama tenía distintas forma de actuar que el Ministerio Público concreta en tres vías:

- Se dedicó a obtener directamente de forma “irregular” contratos o adjudicaciones públicas de diferentes administraciones o entes gobernados por el PNV. Para ello utilizaba sociedades instrumentales, “empresas pantalla”, como Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, que carecían de actividad económica y en diversas ocasiones recibieron incluso dinero por trabajos no realizados.

- Intermedió para la concesión de contrataciones a otras empresas a cambio de comisiones ilegales cobradas a las adjudicatarias por sus mercantiles Kataia y Errexal.

- Y promovió la instalación fallida de un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana mediante una modificación urbanística contraria a la norma por la que cobró comisiones a unos inversores catalanes agrupados en Construcciones Riera. De nuevo los abonos se producían a través de Kataia y otras sociedades creadas al efecto, como Sidepur y Zerulur.

En el escrito de acusación se identifican diez operaciones ilícitas , por contratación, “mordidas”, o defraudación a Hacienda, conocidas ya durante la larga instrucción, compilada en más de 21.000 folios, y el auto con el que el juez Roberto Ramos puso fin a la misma en marzo de 2015.

La sociedad sobre la que, según el fiscal Izaguirre, pivotaba la trama delictiva se llamaba Kataia Consulting y fue creada por las esposas de los tres ex dirigentes del PNV, aunque estos controlaban su gestión. La acusación pública pide ahora para las tres mujeres penas de entre 21,5 y 30,5 años de cárcel.

EMPRESARIA EXTORSIONADA

La trama fue descubierta cuando una empresaria, Ainhoa Alberdi, acudió a la Fiscalía con cintas grabadas para demostrar que estaba siendo objeto de una extorsión.

Según su testimonio ella ignoraba que su socio en Urbanorma Consulting, Iñaki Etxaburu, militante del PNV, -para el que el fiscal pide 11 años de cárcel- , había pactado la entrega de una comisión a cambio de la adjudicación de los servicios de asesoría para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, en Álava.

De Miguel la citó en su despacho de la Diputación Foral, donde el entonces diputado de Administración Local le puso al corriente de la situación, para exigirle posteriormente por correo electrónico la cantidad de 100.000 euros.

La Fiscalía describe cómo De Miguel y Tellería hicieron uso de sus “influencias políticas” para que el contrato fuera adjudicado a Urbanorma y cómo Alfonso Arriola, gerente del Parque, y su superior, el presidente de la red de Parques Tecnológicos vascos, Julián Sánchez Alegría, participaron de esa operación irregular. Para ellos solicita ahora 21 y 17 años de cárcel respectivamente.

LOS CONTRATOS DE CULTURA

En el escrito de acusación se describe con minuciosidad cada uno de los pasos dados por la trama.

Desde Kataia , Errexal y Ortzi Muga obtuvieron contratos públicos , mediante adjudicaciones “irregulares” otorgadas por el Departamento de Cultura del Gobierno vasco, la Diputación foral y las cuadrillas (comarcas) alavesas. A base de contrataciones menores, que podían ser realizadas sin licitación, las sociedades de De Miguel percibieron cerca de medio millón de euros (449.480).

Algunos trabajos ni siquiera se realizaron según el escrito de acusación, donde se piden 17 años de prisión para el ex viceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga y 18 y 4 meses para el director de su departamento, Xabier Sánchez Robles. El fiscal asegura que la trama se nutrió de las relaciones personales y de partido para invalidar cualquier control.

LAS COMISIONES DE ZAMBRANA

La ex alcaldesa de Zambrana, Justina Angulo , del PNV, y Alfredo de Miguel, promovieron la modificación del planeamiento urbanístico de la pequeña localidad alavesa para acoger un ambicioso polígono industrial.

La reforma, contraria a la norma, fue abortada finalmente en la comisión provincial de Urbanismo, pero en el camino un grupo de industriales catalanes abonaron, según el fiscal, sustanciosas comisiones gestionadas a través de las mercantiles Sidepur y Zerulur, manejadas por la familia Arruti.

El fiscal certifica unos primeros pagos de 1.663.960 euros, a través de Construcciones Riera y Riera Urbanizer, así como numerosos ingresos posteriores en dos cuentas bancarias procedentes de otras sociedades mercantiles controladas por los inversores catalanes.

Detalla también una operación de préstamo para la compra de un terreno en Frúniz (Bizkaia) como un subterfugio para la canalización de una nueva “mordida” de 283.500 euros, así como una compra venta de participaciones societarias con el mismo motivo que reportó a Zerulur un beneficio económico “injustificado” de 464.000 euros.

En total lo abonado en comisiones por el Grupo catalán sobrepasa, según sus conclusiones, los tres millones de euros, cantidad que explica las elevadas peticiones de multas y fianzas solicitadas por la acusación pública.

La exalcaldesa de Zambara, Justina Angulo, se sentará en el banquillo de los acusados bajo la petición fiscal de una pena de tres años por delito de cohecho y 18 meses más por asociación ilícita. Los industriales Josu Arruti Letemendia y su padre, Jesús Arruti Odriozola, afrontan más de 19 años de cárcel, además de multas por una cuantía total de más de 17 millones de euros, en las que se incluyen los pagos derivados de sus defraudaciones a Hacienda.

Los inversores catalanes, Francesc Fernández Joval, Joaquim Sabater Pou, Placid Casas y Ramón Tomás i Riba, son conminados igualmente a pagar una multa similar en todos los casos, de 6.471.050 euros, -cantidad que corresponde al doble de las comisiones ilegales abonadas-, y cada uno de ellos se enfrenta a 7,5 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, falsedad documental y cohecho.

DELITO FISCAL

Los delitos contra la Hacienda Pública enumerados por el fiscal señalan a los Arruti, padre e hijo, como defraudadores.

Josu Arruti Letemendia obvió en 2009, según su relato, el pago del impuesto de sociedades pese al ingreso de 500.000 euros obtenido por Sidepur de una de las empresas manejadas por los inversores catalanes.

Su padre, Jesús Arruti Odriozola, eludió declarar los beneficios de cerca de medio millón alcanzados con Zerulur. Tampoco anotó en su IRPF el incremento patrimonial de 584.000 euros, cantidad abonada por Construcciones Riera.

“MORDIDAS” DEL 4%

La acusación pública mantiene que las obras de rehabilitación de las piscinas municipales de Lapuebla de Labarca en Álava y la urbanización de un vial en el término de Zigoitia, adjudicadas a una empresa del constructor Etxaburu, tuvieron como contrapartida el cobro de una comisión del 4%. Ambos municipios estaban gobernados por el PNV.

Según el fiscal, Etxaburu pagó a Kataia, -la empresa gestionada por sus amigos del ABB, De Miguel , Otxandiano y Telleria-, las cantidades de 10.080 y 6.990 euros por la obtención de las contrataciones. Los ingresos se hicieron a través de la mercantil Errexal. Sobre el administrador de esta última sociedad, Iñaki San Juan, ex concejal del PNV en Leioa (Bizkaia), también procesado, pende ahora una petición de más de 19 años de reclusión.

OBRAS GRATIS

Los recursos de la trama para el cobro de comisiones no se ceñían únicamente a las sociedades instrumentales constituidas. En ocasiones utilizaban otros métodos.

A tenor de lo relatado por el fiscal el constructor Prudencio Hierro pagó al matrimonio formado por Alfredo de Miguel y Ainhoa Bilbao el importe de rehabilitación de su vivienda en la localidad vizcaína de Gorliz , presupuestada en más de 44.500 euros.

El abono de la factura constituía una “contraprestación” por el uso que De Miguel hizo de sus “influencias políticas” para lograr que Hierro accediera a través de la mercantil Ezkibel a la construcción de unos pabellones industriales para la empresa pública Sprilur en el valle de Arana.

Para Hierro la fiscalía solicita siete años de cárcel y una multa de 1.102.448 euros.

EL PNV DUDA DEL FISCAL

Ante el escándalo originado por su detención el PNV exigió a los cargos imputados que dejaran las filas del partido, aunque a lo largo de la instrucción les ha evidenciado cierto respaldo y se ha mostrado crítico con las actuaciones del juez instructor y , sobre todo, del fiscal jefe de Álava.

Ahora ha reaccionado en el mismo sentido. Pide el esclarecimiento de los hechos y la depuración , en su caso, de responsabilidades; pero al mismo tiempo destaca el exigible respeto a la presunción de inocencia de los encausados y exige la “no politización del caso”. Incide, como ha hecho siempre, en desligar la actividad del partido del “supuesto comportamiento” de determinadas personas.

La formación presidida por Ortuzar recuerda que obligó a De Miguel a abandonar su puesto en la Diputación cuando fue detenido por orden del juez y que todos los imputados dejaron igualmente sus cargos públicos o internos e hicieron entrega de su carné de afiliación al partido.

El PNV repara, no obstante, en la “llamativa e inusual cuantía de las penas y fianzas solicitadas” y alude a “los antecedentes del fiscal”, que no cita, para demandar “el máximo rigor procesal y las garantías de un juicio justo”. Considera, finalmente, que los escritos de la acusación particular -el Gobieno vasco y las diputaciones de Bizkaia y Álava- y de las defensas “aportarán una visión más global a un asunto tan sensible”.