El gobierno valenciano propone expropiar pisos vacíos a los bancos que no alquilen

El gobierno valenciano lleva meses intentando que las entidades bancarias se impliquen en la Mesa de Prevención de los Desahucios, algo así como el foro de trabajo creado para evitar desalojos y aplicar medidas garantistas. La consejera de Vivienda, María José Salvador (PSPV-PSOE), denunció recientemente la “desidia” de los bancos en firmar una de las propuestas principales, un acuerdo que incluía, entre otras cosas, una moratoria para que no se desahuciara a nadie hasta que se elaborara una Ley de la Función Social de la Vivienda y poner los pisos vacíos a disposición de familias necesitadas. Solo firmaron Caixa Ontinyent, Cajamar y Caixa Popular.

La consejera ha presentado este lunes el anteproyecto de la citada ley. Y el texto recoge que la Generalitat tendrá potestad para expropiar los pisos vacíos a las entidades financieras “por interés social y necesidad de ocupación” en el caso de negativa a alquilar con fines sociales. La medida se ejecutaría por un máximo de tres años pero no será aplicable de inmediato.

El anteproyecto será aprobado por el Consell de esta semana e iniciará el proceso parlamentario en el que puede sufrir modificaciones. La medida expropiatoria es, de momento, una intención del gobierno valenciano porque este artículo permanecerá en suspenso hasta que deje de estar en vigor la Ley de Segunda Oportunidad del gobierno de Mariano Rajoy (prevista hasta mayo de 2017) o sea derogada. Según explicó Salvador, esta moratoria se dictará para evitar una “invasión de competencias” y una posible anulación del Tribunal Constitucional como ocurrió en Andalucía con una ley similar. Según la consejera, la moratoria bastaría para impedir que la ley, una vez aprobada, sea recurrida.

La consejera de Vivienda del gobierno de Ximo Puig se ha pronunciado sobre la falta de implicación de los bancos en las acciones que está llevando a cabo al frente de su cartera. “Hay muchas dificultades en el ámbito de la voluntariedad para poner a disposición viviendas para la gente que lo necesita. Si no lo hacen, aplicaremos el procedimiento previsto”, ha dicho durante la presentación de la ley.

La Ley para la Función Social de la Vivienda en la Comunidad Valenciana tiene como fin “reconocer el derecho subjetivo al acceso a una vivienda asequible, digna y adecuada a aquellas personas que se han visto afectadas por un desahucio o por impago del alquiler”. El presidente valenciano, Ximo Puig, que ha asistido a la presentación del anteproyecto, ha manifestado que “no es una ley expropiatoria”, sino que busca “activar el derecho a la vivienda”.

MULTAS Y SANCIONES

El anteproyecto presentado ofrece medidas de fomento al alquiler y la rehabilitación para activar el parque deshabitado. El presupuesto fijado es de veinte millones anuales. La ley introducirá además multas y sanciones en el caso de que se incumpla “la obligación de función social de la vivienda”. Así, habrá multas cuando el piso esté sin ocupar seis meses después de estar inscrita en un registro de viviendas vacías que se creará en base a esta ley. En cuanto a las sanciones, van desde los 600 a los 30.000 euros. Salvador apuntó como ejemplo de penalización el caso de un piso donde haya habido un desahucio y no haya sido puesto en alquiler por parte de la entidad financiera o propietario. “La finalidad no es recaudadora, sino incentivadora para el cumplimiento de las obligaciones”, dijo la consejera.

La ley que se apruebe una vez finalizado el trámite parlamentario solo afectará a los grandes propietarios, aquellos con más de diez viviendas. El Consell apunta así a las entidades financieras y a la Sareb, entre otros. No afectará a particulares ni a las segundas residencias o pisos con usos turísticos, profesionales y dotacionales.