La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badalona (Barcelona) de ordenar la traducción al castellano de un escrito de recurso presentado exclusivamente en catalán ha desatado un conflicto inesperado. El abogado catalán autor del texto ha anunciado su intención de solicitar "responsabilidades de todo orden" tanto al juez como al letrado de la parte contraria, el cual habría solicitado la versión castellana del recurso de manera "desconsiderada e incluso peyorativa", sostiene.

La petición literal del abogado que pidió la traducción al castellano explicaba que el Juzgado le había trasladado el recurso presentado por una de las partes del procedimiento para su eventual impugnación en un plazo de dos días e indicaba: "Con carácter previo a poder efectuar dicha impugnación, y toda vez que el citado escrito se encuentra redactado en un idioma que ni mi mandante ni el letrado abajo firmante conocen, no teniendo tampoco obligación alguna de conocer, siendo a la sazón el primer escrito que desde que se iniciara esta causa, hace ya más de siete años, se presenta en dicha lengua extraña, por medio del presente escrito se solicita del Juzgado se requiera a la contraparte para que proceda a la presentación del mencionado escrito de recurso en idioma castellano, al objeto de que no queden comprometidos ni el derecho a la igualdad ni el derecho a la tutela judicial efectiva de mi representado, y todo ello con completa suspensión del plazo para deducir, en su caso, oposición al mismo".

"O, en otro caso", añadía, "se proceda de oficio a su traducción al idioma castellano para darse el debido traslado a este parte".

El juez acordó unos días después mediante una providencia la traducción al castellano del recurso redactado en catalán, como es habitual en numerosos órganos judiciales.

"Responsabilidades de todo orden"

Seis días después, el letrado recurrente presentó en el Juzgado un nuevo escrito, de nuevo sólo en catalán, en el que señala que "a la vista del contenido del escrito presentado por la representación de la acusación particular, escrito que contiene expresiones claramente desconsideradas e incuso peyorativas, y dado que aquéllas, además, no han merecido tampoco ningún tipo de reprobación por parte del órgano judicial, mediante este escrito intereso del Juzgado que me libre certificación literal tanto del escrito de referencia como de la providencia judicial que le da respuesta. Y esto a los efectos de solicitar, en su caso, las responsabilidades de todo orden en que los operadores jurídicos intervinientes hayan podido incurrir, si fuera el caso".

El mismo día, el juez acusó recibo del escrito y ordenó entregar al abogado quejoso las certificaciones requeridas.

De acuerdo con la doctrina de Tribunal Constitucional, no existe una obligación de conocer y utilizar el catalán en la Administración de Justicia en Cataluña, donde tanto el castellano como el catalán son lenguas oficiales. El uso del catalán en los Juzgados es minoritario, entre otros motivos porque en Cataluña litigan justiciables y abogados de toda España. Según datos de la Consejería de Justicia dela Generalitat referidos a 2013, de los 17.427.426 documentos tramitados ese año 15.247.617 estaban redactados en castellano (un 87,4%) y 2.179.809 en catalán (un 12,5%)

De las 248.241 sentencias dictadas ese año en los órganos judiciales radicados en Cataluña, 217.543 fueron en castellano y 30.698 en catalán, lo que supone un 12,4% del total.