Todos los grupos salvo el Partido Popular quieren que el Gobierno se someta al control parlamentario en el Congreso de los Diputados. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy rechaza acudir a las sesiones de control por estar en funciones. El conflicto está servido y puede acabar en el Tribunal Constitucional.
El presidente de la cámara baja, Patxi López, ha informado este martes de que ha remitido una carta a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para que el Gobierno reconsidere su posición y acuda a la cámara a dar cuenta de sus decisiones.
“El Gobierno no tiene la confianza de esta cámara, pero esta cámara sí tiene la confianza de la ciudadanía”, ha dicho López, que ha anunciado que la Junta de Portavoces ha acordado seguir con la tramitación de sesiones de control.
El PSOE, Podemos, Ciudadanos, ERC, Democracia y Libertad y el Grupo Mixto quieren que el Gobierno comparezca, pero éste se niega. El PP está, también en esto, en minoría en la cámara, por lo que no puede frenar una toma de posición conjunta de los demás grupos.
Este jueves, el ministro de Defensa está convocado en la cámara baja, pero el Ejecutivo ha avanzado que no acudirá. Tampoco quiere hacerlo el presidente del Gobierno ni otros ministros, a pesar de que hay temas de importancia como la posición sobre la crisis de refugiados, comprometida la semana pasada por Rajoy en Bruselas y que probablemente revisará en la nueva cumbre de esta semana.
“Conflicto institucional grave”
Aceptar que no puede haber control al Gobierno es “aceptar una limitación” en las funciones de la cámara, efectivamente constituida y que puede funcionar con normalidad, según ha dicho López. El presidente del Congreso ha asegurado que, si el Gobierno se niega, el pleno del Congreso podría llevar el asunto al Tribunal Constitucional para que interprete la legislación, ya que ahora “todos los informes son interpretaciones” sobre el desarrollo de una legislación que no tiene precedentes. Esa situación supondría un “conflicto institucional grave”, según él. La decisión final debe aprobarla un pleno de la cámara que el PSOE está dispuesto a pedir, según ha avanzado.
“No existe una relación de confianza entre el Gobierno, que ahora mismo está en funciones, y la cámara”, ha dicho José Luis Ayllón, miembro de la dirección del grupo popular y secretario de Estado de relación con las Cortes en funciones. “El Congreso tiene un criterio y el Gobierno tiene un criterio distinto”, ha dicho. Según él, el Congreso puede controlar al Gobierno, pero “una vez que el poder Ejecutivo ha sido nombrado por el poder legislativo representado en el Congreso” y no antes, como ocurriría ahora.
"Este Gobierno ni puede ni debe estar sometido al control de un Parlamento con el que no tiene ninguna relación”, ha dicho. Sin embargo, ha avanzado que el Gobierno sí cumplirá con la obligación de informar a la cámara tras la próxima cumbre europea, aunque ha eludido aclarar si lo hará el propio Rajoy.
Ayllón ha aludido a dos precedentes parlamentarios en Andalucía y en Cataluña, donde la fragmentación electoral ha provocado un período de negociación largo antes de una investidura existosa. “En ambas cámaras tampoco se celebró ninguna sesión de control al Gobierno”, ha recalcado Ayllón.
Ante eso, López esgrime la Ley del Gobierno, que en su artículo 26.2 estipula lo siguiente: “Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales”. Ante eso, según él, no cabe ninguna interpretación.