La rebelión se ha consumado ante la jefa. La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, no ha conseguido este miércoles que los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados (imputados) por presunto blanqueo de dinero les entregue el acta.
La posición anunciada el día anterior por el portavoz del grupo, Alfonso Novo (“Reafirmamos que vamos a seguir como concejales (…) El contenido que se desprende del sumario no tiene la consistencia que respalde la existencia de consecuencias políticas inmediata (…) La línea roja son los estatutos”) es la que han mantenido ante Bonig. El partido no ha conseguido apagar el motín.
La dirección del PP valenciano ha optado por ganar tiempo ante esta actitud de los ediles de mantenerse firmes y no dimitir. Bonig ha dado un plazo para que "valoren" si dejan su acta, aunque les ha advertido de que el incumplimiento de esta directriz "tendrá sus consecuencias" y se aplicarán los estatutos. Así lo ha explicado la coordinadora general del partido, Eva Ortiz, al término de los encuentros.
La duración de este 'periodo de reflexión' no ha sido concretado pero será establecido tras una reunión el próximo lunes con el presidente del Comité de derechos y garantías. Ortiz ha manifestado que si hay una directriz del partido, como es el caso, y no se cumple "tendrá sus consecuencias", apuntando así a la posible salida del grupo municipal. La entrega del acta se les ha reclamado, ha dicho Ortíz, por "responsabilidad política".
ÓRDAGO A LA DIRECCIÓN
El órdago ante la dirección del partido se escenificó en la rueda de prensa que Novo, respaldado por su equipo, ofreció en el Ayuntamiento poco después de que la exalcaldesa Rita Barberá se escudara también en los estatutos para no asumir ninguna responsabilidad política. Horas después, Bonig comunicó su intención de llamarles a consulta con el único objetivo de reclamarles personalmente el acta de concejal y cumplieran con el compromiso de dimitir que sellaron semanas atrás.
El escenario de la cita ha sido el despacho del grupo popular en las Cortes Valencianas y no en la sede del partido, donde por la mañana una de las exconcejalas imputadas, ahora fuera de la política activa, acudió para darse de baja. Los concejales comenzaron a desfilar por la tarde pero ninguno accedió a comentar los extremos de la reunión. Algunos hasta utilizaron un pasadizo que conecta el edificio en el que estaban con el contiguo para salir por otra puerta y escapar de la prensa. Desde el partido se escudaban en que se trataba de “una reunión privada” para justificar el apagón informativo.
“Ayer lo dijimos ya claramente. Creemos que no hay ninguna prueba contra nosotros y vamos a seguir trabajando y haciendo oposición como hasta ahora”, dijo a su salida de la reunión Beatriz Simón, una de las concejalas investigadas por aportar los mil euros para la campaña electoral de 2015 y que los investigadores sostienen que era un método de blanqueo de dinero porque ese dinero les era posteriormente devuelto en dos billetes de 500 euros. Tras ella salieron (intentando evitar a la prensa) otros dos concejales, Cristóbal Grau y Lourdes Bernal. Ellos se enrocaron en que era una reunión privada y que habían acordado no hacer manifestaciones.
Grau no ha explicado en qué términos se ha producido el encuentro con Bonig. “En las reuniones del PP nunca hay amenazas”, ha dicho sobre una posible expulsión si no entregan el acta. Este concejal se ha limitado a contestar que “en los próximos días” se facilitará “la información que consideremos oportuna”.
En total, este miércoles han pasado ante Bonig seis ediles. Alfonso Novo lo hizo ayer y el resto lo hará en los próximos días. Desde la dirección del partido en la Comunidad Valenciana no han comunicado oficialmente qué acción van a tomar contra los concejales rebeldes. Génova les abrió el martes un expediente informativo. El comité regional también tiene competencia para abrir expedientes que acaben en expulsión.