La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) recibió en 2012 433.385 euros de su principal donante; una fundación prácticamente desconocida llamada Aliter, afincada en México. El dinero llegó a sus arcas durante el primer año de existencia de la entidad, que lucha por el respeto de los Derechos Humanos y que arrancó su andadura cuando Baltasar Garzón fue expulsado de la carrera judicial. Sin embargo, es complicado desentramar la naturaleza de esta entrega de fondos. Primero porque la Fundación Aliter carece prácticamente de actividad pública. Y segundo porque los responsables de FIBGAR han declinado aportar cualquier explicación al respecto.
Según la contabilidad de la institución en 2012, la práctica totalidad de los fondos llegaron de dos fuentes particulares: la constructora española Eurofinsa y la fundación mexicana Aliter. Entre las dos, inyectaron ese ejercicio 683.000 euros para que la fundación del ex juez comenzara a funcionar. En esas fechas, Garzón, ya fuera de la carrera judicial, estrechaba sus lazos con el actual gobierno mexicano, del que fue asesor jurídico para la campaña presidencial bajo la presidencia de Humberto Moreira, investigado después por al Audiencia Nacional.
Extracto de la memoria anual sobre donaciones de FIBGAR.
Según el informe de asociaciones civiles mexicano, la Fundación Aliter fue dada de alta en 2009 y mantiene lazos con otra organización benéfica, llamada Satio. Según la documentación consultada por EL ESPAÑOL, ambas están domiciliadas en la calle Arquímedes 212 de Colonia Polanco Chapultepec, en Ciudad de México. La dirección corresponde a un despacho de abogados local, llamado Aliter, donde -según publicó el semanario mexicano Progreso- domicilia algunas de sus sociedades el conseguidor español Antonio Navalón, vinculado al Grupo Prisa, salpicado por el caso Argentia Trust y presente también en varios de los foros a los foros jurídicos a los que asistía Garzón.
El abogado señalado por corrupción
El bufete mexicano Aliter Soluciones Legales fue creado en 2008 por el letrado José Ramos Miranda, vinculado a la Coalición Movimiento Progresista, del candidato Andres Manuel López Obrador. Miranda llegó a ser en 2014 Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Y lo fue hasta que en marzo de ese mismo año un vídeo colgado por la red Anonimous puso en entredicho el supuesto crecimiento de su patrimonio y le vinculó con el hermano de un sicario llamado Francisco Gerónimo Estrada.
Credencial política del abogado Josué Ramos Miranda.
Tras la publicación del vídeo, Ramos Miranda dimitió de su cargo político, negó todas las acusaciones y mantuvo que su escolta -al que acusaban de ser hermano del capo arrestado en 2009- no tenía nada que ver con el narco. Todo se debía, según sus palabras, a una confusión en el nombre (entre Rey Adolfo y Rey Alfonso). En cualquier caso, más allá del vídeo de Anonymous, nunca se sustanció acusación formal alguna en su contra. Aún así, Ramos Miranda no regresó nunca a su puesto al frente del servicio jurídico de la Cámara.
Organización de congresos
El dinero de la Fundación Aliter llegó a FIBGAR el mismo año que Garzón y Navalón participaba en varios coloquios legales en México. Sin embargo, no hay forma de probar una relación causa efecto con la llegada de los fondos. Sobre el papel, el dinero de Aliter es fruto de la caridad. Aún así, las crónicas de la época colocan al ex juez español como director, por ejemplo, del Foro Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos, celebrado en Tijuana el 22 de junio de 2012. Las imágenes del foro confirman tanto la presencia de Navalón como de Garzón en el evento, patrocinado según las crónicas periodísticas por la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Baja California y la Fundación Aliter. Eso explicaría la cesión de fondos entre ambas entidades; Aliter pagaba con esos fondos la organización de un foro por la lucha en favor de los Derechos Humanos, aunque aparece en las cuentas de Fibgar como una donación directa, y no como el patrocinio de una acción concreta.
Sin embargo, no fue así. O al menos eso mantienen los responsables de la Fundación Baltasar Garzón, que a preguntas de EL ESPAÑOL descartan que la institución benéfica participara en la organización del evento. La cuestión es clave, ya que la normativa mexicana -de una forma parecida a la española- estipula que los contratos y actos de determinada cuantía sufragados con dinero público deben salir a concurso, salvo determinadas excepciones. Al ser preguntados sobre si la Fundación Aliter fue simplemente un vehículo para transferir los fondos necesarios para organizar el evento, los portavoces de FIBGAR han reiterado el mismo argumento: "La Fundación Internacional Baltasar Garzón no participó en la organización del foro que se refiere".
Unas cuentas más opacas
Durante sus primeros dos años (2012 y 2013), las memorias anuales de la Fundación Baltasar Garzón anotaban de forma detallada la identidad de sus principales donantes. Así es posible conocer, por ejemplo, la donación realizada por Aliter. Sin embargo, en mayo de 2015 El Confidencial comenzó a publicar datos sensibles sobre Eurofinsa, otro de los principales donantes de FIBGAR, investigada por regalar joyas y otros artículos suntuosos a familiares del gobierno angoleño. La memoria de la fundación para ese año, aparece ya sin esa información detallada. En esta ocasión la partida de donaciones se presenta en bruto y sin detallar las manos que entregan el dinero.
Extracto de la memoria de FIBGAR en 2014.
Al ser preguntados por esta medida -más llamativa si cabe cuando se trata de una fundación que realiza foros en favor de la transparencia- los portavoces de FIBGAR recuerdan que la entidad cumple por completo con la Ley de Fundaciones, que no obliga a que la citada información sea pública.