La relación entre Humberto Moreira y el ex juez Baltasar Garzón era pública y notoria. Tanto que se fotografiaban juntos allá por 2012, cuando Moreira lideraba el PRI del presidente mexicano Peña Nieto, y Garzón organizaba jornadas legales en el país a las que invitaba, entre otros, al juez Santiago Pedráz. El acto no pasaría de mera anécdota, si no fuera porque cuatro años después Moreira fue detenido en suelo español, acusado de blanqueo de dinero, organización criminal, malversación y cohecho. A partir de ahí se convirtió en protagonista de uno de los procesos judiciales que más sorpresa ha suscitado en la opinión pública y parte de la judicatura en los últimos meses.
El pasado 23 de enero, el ex presidente del PRI Humberto Moreira abandonó la prisión madrileña de Soto del Real. Cinco días antes, el político mexicano era detenido en el aeropuerto de Barajas y acusado por la Fiscalía Anticorrupción de blanqueo de dinero. Desde hacía un año, fiscales y agentes de la Policía Nacional seguían los pasos de Moreira ante la sospecha de que utilizaba España para blanquear parte de los fondos detraídos en su etapa como gobernador del estado mexicano de Coahuila.
Moreira bajó del avión y fue detenido. Llevaba más de un año residiendo en Barcelona y había cursado su segundo máster. Nunca trabajó mientras estuvo en el país y eso -unido a una investigación abierta en Estados Unidos- levantó las sospechas sobre la procedencia de los 200.000 euros que gastó en este tiempo.
El 15 de diciembre, horas antes de su detención, los agentes de la Policía Nacional avisaron a la Audiencia Nacional de su llegada con una llamada. Según ha confirmado EL ESPAÑOL, el juez Santiago Pedraz, encargado del caso desde hacía doce meses, explicó ese viernes que tenía un compromiso ineludible y pidió a los agentes que siguieran al político mexicano durante el fin de semana. Los miembros de la UDEF replicaron que no había personal suficiente para monitorizarle y que Moreira corría el riesgo de escaparse de nuevo. Era mejor hacer la detención cuanto antes.
Una llamada a De la Mata
Fue entonces cuando Pedraz levantó el teléfono y llamó a su compañero José de la Mata, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que ese fin de semana entraba de guardia. Pedraz le pidió a su compañero que tomara declaración a Moreira y le explicó los pormenores de la operación que llevaba abierta desde hacía un año. Poco después y tras el sí de De La Mata, la Policía Nacional detuvo a Moreira en Barajas y le leyó sus derechos. En un primer momento y según fuentes del caso, el ex presidente del PRI mexicano designó como abogado a Baltasar Garzón.
La relación entre el ex juez y Moreira se remonta a 2011, cuando Garzón -todavía en la carrera judicial- trabajó como asesor legal para el partido del actual presidente, Enrique Peña Nieto. Jurista y político se conocieron, tal y como reveló el semanario mexicano Proceso, en el foro Legalidad Democrática , Ética y Derechos humanos, organizado por la Cámara de los Diputados. Allí Garzón conoció también a Rubén Moreira, hermano del entonces gobernador de Coahuila y señalado también por los casos de corrupción en México.
Poco después, Garzón mantuvo con ellos y otras figuras del partido una reunión privada en la sede nacional del PRI para abordar propuestas sobre la lucha contra la corrupción y derechos humanos. Eso intensificó todavía más las relaciones de Garzón con los líderes mexicanos y seis meses después el ex juez de la Audiencia Nacional fue invitado al Foro Internacional Seguridad con Legalidad, al que acudieron también otros dos compañeros españoles: Fernando Andreu y Santiago Pedraz, encargado ahora de juzgar a Moreira.
La presencia de los magistrados se repitió tres meses después, cuando Garzón y Pedraz participaron en el Foro de Seguridad, Legalidad y Derechos Humanos de Ciudad Juarez, tal y como refleja esta imagen:
Foro de Seguridad en Ciudad Juarez. Garzón habla desde el podio mientras Pedraz, segundo por la derecha, escucha desde la mesa.
El paso atrás de Garzón
Tres años después, cuando Moreira fue arrestado por la policía, intentó que Baltasar Garzón llevara su defensa. El abogado declinó el caso, pero según fuentes del caso, puso sobre la mesa el nombre de otro jurista, llamado Manuel Ollé. Reconocido abogado y especialista en Derechos Humanos, Ollé ha sido protagonista de varios de los casos más mediáticos instruidos por Garzón en su etapa como juez: el proceso contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el contra los implicados en la dictadura argentina. Ollé fue también el representante legal de la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú en su denuncia contra el genocidio en Guatelama, presentada en 1999. En aquella ocasión, fue Santiago Pedraz el juez instructor.
En el caso de Moreira, Pedraz es también el encargado de la causa, pero su detención quedó en un primer momento en manos del juez De La Mata. En su declaración, el ex presidente del PRI aseguró que el dinero tenía procedencia lícita y era el fruto de su trabajo como servidor público y como profesor. Al otro lado, Fiscalía y policías mantenían la tesis de que Moreira utilizaba para vivir en España un dinero conseguido de manera ilegal. De la Mata atendió las peticiones de la acusación y decretó la libertad provisional del político mexicano, a la espera de que el titular de la causa regresara de sus compromisos ese fin de semana.
Tras cinco días en prisión, el juez Pedraz llamó de nuevo a Humberto Moreira para tomarle declaración. Allí, la defensa aportó nuevos documentos, actas notariales que acreditan -según su versión- la procedencia lícita del dinero. La Fiscalía consideró las pruebas del todo insuficientes y mantuvo su petición de prisión preventiva para evitar la destrucción de pruebas y que Moreira abandonara el país. Sin embargo, Pedraz no les secundó. De hecho, cambió completamente el signo de la decisión tomada por su compañero y levantó las medidas cautelares que pesaban contra Moreira. Pedraz le devolvió el pasaporte y el ex gobernador de Coahuila volvió raudo a su país. Después, el juez archivó la causa contra él.
Otra vez un viernes
El pasado viernes, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la Policía Nacional detuvo también en España al empresario méxicano José Manuel Muñoz Luévano, conocido como Mono Muñoz. Fue la segunda fase del caso Moreira, decantado favorablemente sólo para el político mexicano. Según los informes policiales, Muñoz es responsable de una red de gasolineras en su país que operaba -según la Fiscalía- en beneficio del Clan de los Zetas, una de las organizaciones criminales más activas del país. Por segunda vez, fue el juez De la Mata quien coordinó las detenciones, ya que Pedraz estaba de nuevo fuera de la Audiencia Nacional.