Un escrito dirigido a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por el abogado José Luis Mazón pide que el Ayuntamiento inicie un expediente para cambiar el nombre de la calle dedicada a Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, vía situada en pleno centro de la capital, junto al Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. "Una ciudad regida por principios humanos no puede consentir que una de las calles más céntricas sea dedicada a un genocida que intentó extinguir el pueblo gitano", sostiene el peticionario.

En plena polémica por la aplicación de la normativa sobre memoria histórica, que prevé la retirada de símbolos y monumentos de la guerra civil y de la dictadura franquista que sean motivo "de enfrentamiento, ofensa o agravio", el letrado Mazón pretende retrotraer esas disposiciones a una época anterior. 

"Es una paradoja insólita, una desvergüenza y una violación del deber de dignidad del comportamiento público que la calle del acceso principal a los dos más altos órganos de la Justicia española, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, lleve el nombre de un ministro genocida", sostiene el abogado en referencia a que Somodevilla, ministro de Fernando VI, puso en marcha en 1749 lo que se denominó la gran redada o prisión general de los gitanos, un plan que pretendía acabar en España con la etnia gitana a base de encarcelar a hombres y mujeres por separado y evitar de esa forma su procreación.

El letrado aporta un estudio del catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja José Luis Gómez Urdáñez, publicado el pasado marzo en la revista Historia de National Geographic, en el que desarrolla el "plan de extinción de los gitanos" puesto en marcha por el marqués de la Ensenada.

Objetivo: "la extinción"

Gómez Urdáñez, también autor del libro El proyecto reformista de Ensenada (Lleida, 1996), relata en ese estudio que desde que llegaron a España en el siglo XV, procedentes de India, los gitanos "sufrieron un rechazo generalizado" que se plasmó a lo largo de los siglos en la aprobación de severas leyes contra ellos.

"La España de la ortodoxia no admitió sus costumbres ni su lengua y ya los Reyes Católicos, en 1499, decretaron duras penas contra ellos, que llegaban a la expulsión e incluso la esclavitud para aquellos que no tuvieran domicilio fijo y un oficio", señala el historiador.

"Todos los reyes posteriores dictaron decretos y pragmáticas semejantes en las que, no obstante, se distinguía entre los 'buenos' gitanos, integrados en la sociedad, y los

'malos', nómadas a los que se acusaba siempre de robos y malas artes", afirma Gómez Urdáñez.

Las prágmáticas represivas de Felipe V de 1717, en las que se especificaban las ciudades donde debían vivir los gitanos, excluyendo otras, y se ordenaba a los justicias que registraran sus casas para saber cuáles eran sus bienes y oficios, fueron consideradas insuficientes por el marqués de la Ensenada, que estimó que "había que aplicar un plan más radical: 'La extinción de los gitanos', como él mismo lo denominó".

Esa especie de «solución final», describe Gómez Urdáñez, no consistía en aniquilar a los gitanos físicamente sino en «separar a hombres y mujeres para impedir la generación». "Si se evitaba que los gitanos procrearan, creía el marqués, la 'malvada raza' se extinguiría en pocos años".

Secretario de Guerra, Hacienda, Indias y Marina, Somodevilla ideó la construcción de una gran Armada que lograra vencer a Inglaterra. Para ello amplió los arsenales empleando como mano de obra a "vagos, presos y gitanos". Fue la obstinación de estos últimos en no colaborar y huir lo que le hizo concebir el plan de acabar con ellos.

"El mismo día, a la misma hora"

El ministro convenció de su proyecto a Fernando VI con la ayuda de su confesor, el jesuita Francisco de Rávago. Con todo a su favor, el marqués de la Ensenada puso en marcha el plan en 1749. "Primero ordenó a los intendentes que averiguaran 'los pueblos en que están y en qué número'», cuenta el estudio de National Geographic. El Ejército debía luego conducir a los hombres a los arsenales y a las mujeres, niños y ancianos a casas de misericordia.

Las instrucciones decían: «La prisión ha de ser en un mismo día y a una misma hora. Antes se han de reconocer los puntos de retirada para apostarse en ellos tropa. Los oficiales que manden las partidas han de ser escogidos por la confianza y el secreto».

El día elegido fue el 30 de julio de 1749 a las doce de la noche. Fueron apresados unos 9.000 gitanos y gitanas, en estimación de Campomanes. Según Gómez Urdáñez, el caso más extraordinario fue el de un grupo de más de 1.000 gitanas que viajaron desde Málaga hasta la casa de la misericordia de Zaragoza.

"La situación en Zaragoza se tornó explosiva desde el primer día", explica el historiador. "Las gitanas se fugaban constantemente; algunas mantenían «tratos ilícitos» a

través de agujeros que practicaban en las tapias. Pero, sobre todo, protestaban. Desde el primer día destruyeron la ropa que les dieron, incluso rompieron la vajilla y el mobiliario. Como iban semidesnudas -«las más de ellas en cueros", decía un informe- no podían llevarlas a la capilla a oír misa, ni el vicario les podía explicar el catecismo".

El plan del marqués de la Ensenada no tuvo los resultados pretendidos y el propio Somodevilla lo rectificó parcialmente en una instrucción posterior en la que dio la libertad a "viejos, impedidos y viudas". No obstante, los gitanos tuvieron que esperar hasta 1763, con Carlos III, para obtener el indulto.