Nueva vuelta de tuerca con el euskera

Los Ayuntamientos vascos podrán elegir el euskera como “lengua de trabajo” y uso “normal y general” en la prestación de servicios y desarrollo de sus actividades, sin necesidad de tener en cuenta el castellano.

La Ley Municipal, pactada entre PNV y EH Bildu, les faculta para optar entre las dos lenguas oficiales, sin necesidad de tener que expresarse en ambas a pesar de ser una comunidad formalmente bilingüe.

Los Consistorios no tendrán obligación de hacer gala de ese bilingüismo, aunque sí de garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua que escojan para relacionarse con la Administración Local.

También podrán fijar sus propios planes de normalización lingüística –euskaldunización del funcionariado- , antes responsabilidad del Gobierno vasco, según las mayores competencias que les son atribuidas en la ley.

La oposición denuncia nuevos pasos en la “imposición” del euskera y el menoscabo a la “igualdad” entre ambas lenguas que representa dejar su uso oficial a la “arbitrariedad” de cada Ayuntamiento. Tanto PSE-EE como PP estiman que es el “peaje” que el PNV ha tenido que pagar para lograr el apoyo de la coalición abertzale.

UNA LEY QUE LLEGA 35 AÑOS DESPUÉS

A partir de este jueves el País Vasco deja de ser la única comunidad autónoma que no dispone de una ley de régimen local, reguladora de las competencias y funcionamiento de los Ayuntamientos, el nivel institucional más cercano al ciudadano. Su aprobación llega después de más de 35 años y al tercer intento, tras el fracaso de los Gobiernos de Juan José Ibarrete y Patxi López, que vieron dinamitados sus proyectos por la oposición de las Diputaciones y la falta de acuerdo político, fundamentalmente entre PNV y PSE-EE.

La aprobación de la Ley de Instituciones Locales – más conocida como Ley Municipal- constituía también una de las prioridades del Gobierno de Íñigo Urkullu, que la ha sacado adelante con el apoyo de EH Bildu y prescindiendo de los socialistas, sus socios habituales a lo largo de esta legislatura y con los que gobiernan en las tres diputaciones y los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián.

A lo largo de estos últimos meses la coalición abertzale, derrotada en las urnas, se ha acercado al PNV al pactar primero su incorporación a Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, de la que estaba ausente por su apuesta por Udalbiltza, y acordar luego la Ley Municipal.

Los socialistas han calificado su actitud como “un repentino ataque de institucionalización” achacable a su “debilidad” y criticado duramente su respaldo a la normativa. En palabras de su secretaria general, Idoia Mendia, EH Bildu “ha renunciado” a su modelo de país, al ceder ante el foralismo del PNV, y “traicionado” a los Ayuntamientos, al aceptar una regulación que sigue dejando en manos de las Diputaciones forales el control de los municipios a través de su financiación.

Las dos formaciones, PNV y EH Bildu, no han logrado sumar más apoyos a la nueva ley, pero cuentan con 48 de 75 parlamentarios y gobiernan en más de 200 de los 251 municipios vascos.

EL ESCOLLO DE LA FINANCIACIÓN

La financiación de los municipios había sido hasta ahora el escollo insalvable en las negociaciones de la ley. Las Diputaciones son quienes recaudan los impuestos en el País Vasco y el reparto de los fondos públicos entre las tres Administraciones - Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos- se lleva a cabo en el Consejo Vasco de Finanzas, donde las entidades locales no han tenido tradicionalmente ni voz ni voto y sólo en la última etapa una presencia como simples “oyentes”.

Esta situación se supera con la nueva normativa, que cierra el diseño institucional del País Vasco. En ella se fijan las competencias de los Ayuntamientos y se les da entrada en el órgano de distribución de los recursos.

PNV y EH Bildu defienden que gracias a la regulación acordada los municipios podrán decidir sobre las cuestiones financieras en las materias que les afectan. Sin embargo, la norma limita su actuación en el reparto de los ingresos, hasta el punto de que, según concluye el PSE-EE, anula su “capacidad real de decisión” al prevalecer el criterio de las Diputaciones, según se recoge expresamente en el texto.

MÁS EUSKERA, MENOS CASTELLANO

Esta discusión, -junto a la financiación de las Ayudas de Emergencia Social gestionadas por los municipios-, ha polarizado el debate durante la tramitación de la ley, sin que se haya prestado excesiva atención a las novedades que incluye el uso del euskera en el ámbito de las Administraciones locales.

La ley introduce cambios respecto al proyecto inicialmente presentado por el Gobierno de Urkullu. EH Bildu ha impuesto sus condiciones en la negociación que el PNV ha incorporado a través de la transacción de enmiendas con la coalición abertzale, sin admitir las presentadas por la oposición.

Fruto de este acuerdo es la significativa desaparición del texto de un punto del articulado en el que el Ejecutivo proponía que las entidades locales “garantizarán el bilingüismo “ tanto en la señalización pública como en los anuncios que difundan.

En vez de optar por el bilingüismo recogido en la Ley de Normalización del Uso del Euskera, vigentes desde 1982, y abordar las dos lenguas desde un plano igualitario, el articulado se centra en la “lengua propia del País Vasco”. Menciona que “será lengua de servicio y lengua de trabajo de uso normal y general “ en las actividades municipales, y que no por ello dejarán éstas de tener “plena validez jurídica”.

La norma recoge que las convocatorias, órdenes del día , mociones, votos particulares, propuestas, acuerdos, dictámenes y actas “podrán ser redactadas” en euskera y cuando así se haga se remitirán en esta lengua en su preceptivo traslado al resto de las Administraciones, incluida la estatal.

La facultad de utilizar sólo la lengua vasca en el funcionamiento interno del Consistorio podrá hacerse “siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de la entidad local que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera”.

La misma ambigüa salvaguarda existe en el ámbito de la relación de la Administración local con el ciudadano, al “garantizar” su derecho a “escoger” y “ser atendido” en la lengua oficial que elija, sin precisar los mecanismos que lo faciliten. Sólo se menciona que se hará “sin formalidades ni condiciones" que comporten una carga u obligación.

DENUNCIAS DE LA OPOSICIÓN

Estas aparentes cautelas son vistas con gran desconfianza por la oposición, que estiman que el ciudadano tendrá que significarse y solicitar de forma expresa ser atendido en castellano con el consiguiente estigma que ello puede conllevar en municipios pequeños, mayoritariamente euskaldunes, gobernados por la coalición abertzale.

“Te obligan a invocar tu derecho, a retratarte y si lo haces, estás marcado”, asegura a El Español el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, que menciona además los problemas ya padecidos por algunos concejales socialistas guipuzcoanos a los que el Ayuntamiento sólo les facilitaba la documentación en euskera, "impidiéndoles ejercer su función de cargo electo".

“Nosotros defendemos que las dos leyes oficiales sean tratadas por igual y la ley lo que hace es dar barra libre a los ayuntamientos para que ellos establezcan su propia normativa, sus círculos lingüísticos y decidan disponer, o no, de servicios de atención en euskera y castellano”, señala Pastor.

De la misma opinión es el PP. Su portavoz en la materia, Laura Garrido, añade que “la ley inclina la balanza del lado del euskera y deja de lado la paridad de las dos lenguas oficiales”.

De forma infructuosa PSE-EE y PP han intentado introducir enmiendas en las que se declare como principio de partida que tanto el euskera como el castellano “son lenguas oficiales” de todos los municipios y que como tales “serán lenguas de servicio y lenguas de trabajo” de las Corporaciones Locales, que “deberán elaborar” en ambas toda su documentación.

El PP ha incidido además en rechazar que el conocimiento de la lengua vasca se haga extensivo a las empresas que contratan con las Administraciones locales, una obligatoriedad que se incluye de forma soterrada en el articulado, donde el capítulo del euskera está redactado de forma “tan farragosa como intencionada”, según la definición de Pastor.

“No incurre claramente en ilegalidades pero no es garantista, porque cada Ayuntamiento puede hacer de su capa un sayo y se abre la puerta a la violación de los derechos de elección de lengua o a procedimientos litigiosos sobre la materia”, concluye el portavoz socialista.

Una valoración lógicamente no compartida por los promotores de la Ley. Según el PNV “se asegura a todos ser atendido en castellano o en euskera” y “no se prima una lengua sobre otra”.

EUSKALDUNIZACIÓN DEL FUNCIONARIADO

La Ley Municipal refuerza también las atribuciones de los municipios en la promoción del euskera, concediéndoles la titularidad de la competencia para “fomentar “ su conocimiento y “dinamizar” su uso, tanto mediante actividades directas de los Consistorios o a través de la colaboración con otras entidades o personas.

Esta concesión tiene de entrada una importante consecuencia económica para los Ayuntamientos, al regular de manera estable la financiación de los euskaltegis (escuelas de aprendizaje para adultos) municipales, antes sujetos a convenios que había que renegociar y suscribir con los distintos Gobiernos.

Los Consistorios asumen además como “propia” la competencia relativa a la planificación de la normalización lingüística, definición que incluye los planes de euskaldunización del funcionariado y que deja en sus manos una importante herramienta para aprobar y desarrollar planes propios sobre la exigencia del euskera a los empleados públicos, aunque estos deban someterse a las normas emanadas del Gobierno vasco y la legislación vigente.

Finalmente, y en virtud de la nueva ley, las entidades locales están facultadas para promover “el uso progresivo” del euskera en sus relaciones con el resto de las Administraciones Públicas, pudiendo usar indistintamente las dos lenguas oficiales pero sin necesidad de incorporar ninguna traducción.

Detrás de esta prerrogativa subyace el intento de contrarrestar la actuación del delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, que ha llevado a los tribunales a los ayuntamientos vascos que se niegan a redactar en castellano las actas municipales de las que están obligados a dar traslado a la Administración Central.

Según el portavoz de EH BIldu, Dani Maeztu, la nueva norma dotará a los Ayuntamientos de “seguridad jurídica” y de “protección legal” ante las “sistemáticas denuncias”de Urquijo. Una visión que también comparte el PNV.