Los auditores de la firma Deloitte, encargada durante varios años de validar las cuentas de Caja Madrid y la posterior Bankia, se enfrentan de nuevo a una petición para que sean acusados en el caso. La plataforma ciudadana 15MpaRato presentó el pasado 7 de abril en la Audiencia Nacional un escrito que solicita, tanto para la firma como para su socio Francisco Celma, la condición de "investigados". La petición se fundamenta en los recientes informes presentados por dos peritos del Banco de España, que vinculaban también a Deloitte con la presunta manipulación contable que se produjo antes de la salida a bolsa de Bankia. 

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la petición refleja varios párrafos de los peritos del Banco de España donde los peritos judiciales consideran que parte del error en la contabilidad de la empresa se encuentra en los "papeles de trabajo del auditor". En sus escritos, los funcionarios consideran que Bankia blanqueó con su estrategia contable unas pérdidas y deterioro de cartera superiores a los 7.000 millones de euros. 

12 millones de sanción

Además los abonados de la plataforma, impulsora del procedimiento, reflejan la declaración de Araceli Mora, exconsejera de Bankia y también investigada, que señaló entre otros a Deloitte como responsable de los problemas contables. A juicio de los representantes legales de la acusación popular, "en ningún momento se efectuó salvedad alguna por parte de la auditora en las cuentas de Bankia, que según las pruebas periciales contenían importantes errores que ya se conocían en el momento de elaborarlas".

La auditora ya fue multada en septiembre de 2014 con una multa de 12 millones de euros por su papel en Bankia. La sanción fue impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía, que consideró la actuación de la firma como una falta "muy grave". El organismo llegó incluso a señalar que Deloitte participó en la elaboración de las cuentas anuales de 2011, que con posterioridad auditó. Sin embargo, en abril de 2015 la Audiencia Nacional desestimó la primera petición para sentar en el banquillo penal tanto al auditor que firmó las cuentas como a la propia compañía.