Cártel de comedores escolares: investigación judicial sí, parlamentaria no

El perjuicio causado a las arcas públicas y las familias vascas puede ser de más de 200 millones de euros y dada la magnitud del fraude PP y UPyD opinan que éste no pudo cometerse sin ayuda prestada desde dentro de la Administración.

Su argumento no ha convencido a PNV y PSE, que han votado esta mañana en contra de su propuesta de crear una comisión parlamentaria que investigue el escándalo descubierto en el servicio de comedores escolares de la red pública vasca y aclare y depure, en su caso, las correspondientes responsabilidades políticas.

Lo ajustado de los plazos por la proximidad de las elecciones autonómicas hubiera dotado de escasa efectividad al órgano parlamentario por falta de tiempo, pero esa no ha sido la principal razón invocada para rechazarlo. Dejar que actúe la Fiscalía, la ausencia de “indicios” que comprometan a responsables públicos y el “electoralismo” de la petición han sido los principales argumentos utilizados para tumbar la propuesta.

Sólo EH Bildu ha sumado infructuosamente sus votos a los grupos proponentes, pese a que durante los años en los que se produjo el fraude el Departamento de Educación estuvo primero bajo el control de EA, ahora integrada en la coalición abertzale. Posteriormente la cartera pasó a manos del PSE y del PNV, titular en la actualidad.

Sí habrá, en cambio, una investigación sobre presuntas responsabilidades penales, que iniciará la Fiscalía del País Vasco. Para cumplir el mandato parlamentario, adoptado en un pleno anterior, el Gobierno ha trasladado al Ministerio Público esta misma semana el expediente elaborado por la Autoridad Vasca de la Competencia, que el pasado febrero impuso a ocho empresas beneficiarias del servicio de comedores la multa más alta de su historia, por un total de 18 millones de euros.

Competencia determinó que las compañías multadas actuaron de forma “concertada” para distribuirse el mercado durante al menos el periodo investigado, de 2003 a 2014. Concluyó que “orquestaron” una “pauta” de presentación de ofertas para repartirse los lotes que el Gobierno vasco sacaba a licitación , alterando su precio al alza.

A lo largo de esos doce años facturaron globalmente al Departamento de Educación 854 millones de euros, con un sobrecoste que se estima del 30% y un quebranto económico total de más de 200 millones para la Administración y las familias, que pagan el 35%y el 65% del servicio. “A las empresas la multa de Competencia les ha salido muy barata”, ha exclamado Iñaki Oyarzábal, uno de los proponentes de la comisión.

“SI NO TUVIERAN NADA QUE OCULTAR…”

En un tenso debate populares y nacionalistas se han echado en cara los supuestos de corrupción que les afectan y en su transcurso han salido a relucir Bárcenas, los ERE, Pujol, el caso de Miguel, y hasta el más reciente del alcalde de Granada
¿Qué temen PNV y PSE para impedir investigar políticamente el “fraude multimillonario” de la mayor contrata del Departamento de Educación?, se han preguntado Gorka Maneiro (UPyD), Iñaki Oyarzábal (PP) e Iñaki Lazarobaster (EH Bildu).

“Si no tuvieran nada que ocultar la permitirían”, ha insistido el portavoz popular, mientras el parlamentario de la coalición abertzale defendía que la investigación parlamentaria y la judicial son complementarias , y el representante de UPyD acusaba al PSE de salir en apoyo de la “casta vasca”, en referencia al PNV.

Los portavoces de los grupos aludidos han respondido que ni Competencia ni los tribunales de justicia, a los que recurrió sin éxito una empresa ajena al cártel, han constatado “irregularidades” en el funcionamiento de la Administración y que es difícil que el Parlamento pueda llegar más lejos.

El socialista José Antonio Pastor ha subrayado que es la Fiscalía quien tiene “capacidad y competencia” para determinar si se produjo un “daño patrimonial punible” y que si de su intervención se deducen responsabilidades políticas su partido será el primero en exigirlas.

“No estamos de brazos cruzados”, ha señalado antes de citar las decisiones adoptadas por el Parlamento de instar la intervención de la Fiscalía y buscar un nuevo modelo de gestión del servicio.

En estos mismos argumentos ha incidido el portavoz del PNV, Juan Antonio Arieta-Auranabeña, que ha elevado el tono del debate ante la acusación de Oyarzabal de que su partido “seguía beneficiando” actualmente a las mismas empresas sancionadas por Competencia.

“ENSUCIAR LA POLÍTICA VASCA”

El nacionalista ha incidido en el clima de corrupción que envuelve al PP y ha acusado al parlamentario popular de actuar “por cálculo electoral” para “extender la porquería a todo el mundo”, al objeto de ocultar la de su partido, y “ ensuciar la política vasca”.
“Para diferenciarnos de España decir que no a una comisión de investigación es bastante cutre como argumento”, ha mediado en la discusión el portavoz de EH Bildu, que ha instado al PNV a ignorar la “utilización” que de ella pudieran hacer sus adversarios políticos.

“Nos han metido un gol y todos los parlamentarios sentados aquí durante estas legislaturas deberíamos sentirnos algo responsables (…) Lo importante es esclarecer, aclarar lo que ha sucedido”, ha defendido Lazarobaster.

“TODO SIGUE IGUAL”

PP y UPyD consideran “incomprensible e injustificable” que el fraude en comedores se consumara “sin el conocimiento, participación, complicidad o la pasividad” de técnicos de la Administración y “ sin la cooperación o consentimiento”, por acción u omisión, de responsables públicos de la misma.

Basan sus sospechas en la fase previa de la licitación, en la que las empresas debían acreditar su capacidad para prestar el servicio de catering. Exponen que los Laboratorios encargados de la homologación fueron siempre los mismos, trabajaban además como “asesores privados” de las empresas y no estaban autorizados para auditar sistemas de calidad. Dudan también de que el técnico de Educación que participaba en las Inspecciones tuviera la “cualificación necesaria”.

El PP ha centrado, no obstante, gran parte del debate, no en el pasado sino en la situación actual de la gestión del servicio, tras las modificaciones introducidas en la licitación, consistentes en la ampliación del número de lotes y en cláusulas que impidan adjudicarlos si no hay competencia por la oferta y no se alcanza una determinada facturación.

Oyarzábal ha expuesto que son las empresas sancionadas por Competencia - Eurest Colectividades , S.L.; Auzo Lagun Sociedad Cooperativa, Gastronómica Cantábrica S.L., Gastronómica Vasca S.A., Tramar Las Arenas S.A, Cocina Central Magui, Cocina Central Goñi - las que se han hecho de nuevo con la contrata.

Dado a que algunas pertenecen a la misma empresa reduce su número a cuatro y mantiene que a ellas se les han adjudicado todos los lotes para los próximos cuatro años. Ha denunciado que se ha vulnerado la libre concurrencia, que hay firmas que pujaron con dos marcas distintas en la misma licitación y que la discriminación por volumen de negocio sólo se logra con la facturación de Educación. “Se ha modificado el sistema de contratación para hacerles un traje a medida” y que "todo siga igual" , ha concluido.

Arieta-Auranabeña ha defendido la “absoluta limpieza” con la que actúa el Gobierno y señalado que el Ejecutivo de Urkullu es ajeno al último proceso de selección previa de empresas y que las adjudicaciones del actual contrato se produjeron antes de que las mismas fueran sancionadas por Competencia, sin que haya base legal para anularlas. “Su formación es falsa y tendenciosa”, ha rebatido.