El magistrado Víctor Gómez, que instruye la investigación sobre el posible delito de blanqueo de dinero en el seno del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, ha ampliado sus pesquisas al ámbito del delito electoral. El juez ha solicitado auxilio al Tribunal de Cuentas y al órgano interventor del consistorio para saber si una cuenta bancaria abierta a nombre del grupo popular era una cuenta “objeto de control o supervisión contable por el Ayuntamiento de Valencia”.

La petición del juez se hace a solicitud de la fiscalía Anticorrupción y estaría encaminada a determinar el origen de los 50.000 euros que el medio centenar de personas investigadas en esta pieza –entre ellos nueve ediles- habría ayudado a blanquear mediante la operación conocida como ‘pitufeo’ para las últimas elecciones municipales. Pero también se remonta a la campaña de 2011.

Un informe elaborado por la UCO sobre la “metodología” detectada en las cuentas del grupo popular municipal detectó que en una de estas cuentas constaban tres ingresos en efectivo. El primero con fecha de 13 de mayo de 2011 (previo a los comicios locales) por importe de 28.500 euros con concepto “ingreso efectivo aportación del grupo”. En esta cuenta constaban los ingresos mensuales que abonaban los afiliados al partido.

La UCO detectó otro ingreso con el mismo concepto el 20 de noviembre de 2013 por 5.500 euros y otro el 11 de junio de 2014 por 4.050 euros. Los tres ingresos se hicieron en la misma oficina por parte de la exsecretaria Mari Carmen García-Fuster. En vísperas de los comicios de 2015 se llevó a cabo los ingresos de mil euros de medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores que están siendo investigados en la causa. En total, los 50.000 euros de los que se investiga si fueron devueltos a los donantes en efectivo.

García-Fuster declaró el pasado viernes ante el juzgado que estos ingresos iniciales (previos a los 50.000) correspondían a donaciones que una tercera persona, de la que no quiso desvelar el nombre, recaudaba para el partido. La fiscalía Anticorrupción quiere aclarar ahora si, además de la operación de presunto blanqueo, pudo haberse cometido un delito electoral en las elecciones locales de 2011 y 2015.

CITACIÓN A ALFONSO GRAU

Por otro lado, el juez ha citado al vicealcalde Alfonso Grau para que declare en calidad de testigo en la pieza de blanqueo. Grau prestó declaración como testigo ante la Guardia Civil el 27 de enero, tras la macrorredada contra el PP valenciano. Allí admitió que su esposa, la exconcejala María José Alcón, le dijo que había ingresado los mil euros para el partido y que le fueron devueltos después en dos billetes de 500. No apuntó a nadie cuando le preguntaron quién ideó la operativa del pitufeo.

Poco después, en declaraciones a los medios, Grau dejó caer, en referencia a la exalcaldesa Rita Barberá, que “algo sí sabía” sobre estas acusaciones. Hasta la fecha, ninguno de los testigos o imputados ha señalado directamente a la exalcaldesa como la ordenante de la operación.

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