Zarpazo a la Corona desde el Tribunal de Cuentas

Un proyecto de informe elaborado por la consejera del Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano plantea que varios palacios y monasterios fundados por reyes de España e históricamente vinculados a la Corona dejen de pertenecer a Patrimonio Nacional y sean "revertidos" al Patrimonio del Estado.

El documento de la consejera propuesta por el PSOE -aún pendiente de remisión al Pleno del tribunal, al que corresponde aprobarlo o no- alega que Patrimonio Nacional tiene "excesivos" bienes que, o bien "no son utilizados salvo excepcionalmente" para el servicio del monarca, o bien "han perdido sus fines fundacionales", son "económicamente inviables" y carecen de "adecuación al momento histórico actual y al modelo de Estado aconfesional".

Dentro de la primera categoría de patrimonio de infrecuente utilización por la Corona se incluyen en el documento los palacios de Aranjuez, La Granja, Riofrío o El Escorial, así como el monasterio de Yuste, donde murió Carlos I, y la residencia real La Mareta, regalada por Hussein de Jordania a Juan Carlos I y lugar donde falleció su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans.

En la segunda categoría, relativa a los bienes que habrían perdido su fin fundacional, se encuentran los Reales Patronatos y la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Respecto a todos ellos la consejera Chicano propone su extinción y "reversión de los bienes al Patrimonio del Estado", así como la "formalización explícita de las relaciones jurídicas y económicas" con las comunidades religiosas que cuidan de esos bienes (las entidades "beneficiarias", como se las considera en el documento) "atendiendo rigurosamente al interés público y al ordenamiento jurídico vigente".

El borrador de informe es fruto de la decisión del Tribunal de Cuentas de fiscalizar por primera vez al consejo de administración de Patrimonio Nacional, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Presidencia que en 2013, año al que se refiere el examen, tuvo un presupuesto de 113 millones de euros (88,8 provenientes de fondos estatales) y arrojó una cuenta de resultado netos positivo de 21,9 millones.

Patrimonio Nacional se encarga de la gestión y administración de los "bienes titularidad del Estado afectados al uso y servicio del rey y de los miembros de la familia real para el ejercicio de la alta representación" que ostentan, de acuerdo con la ley de 1982 que regula el organismo. Esos bienes son distintos palacios (La Zarzuela, el de Oriente, El Pardo, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, La Almudaina, La Granja, Riofrío), los bienes muebles contenidos en ellos y el monasterio de Yuste.

Palacio Real de Aranjuez. Fernando García Wikimedia Commons

Fines "de interés particular"

Además, forman parte de Patrimonio Nacional los derechos de gobierno y administración de 12 fundaciones, denominadas reales patronatos. Entre ellos están el Convento de las Descalzas Reales, donde vivieron dos hijas de Carlos I, la emperatriz María de Austria y Portugal y Juana de Austria; el Convento de Santa Clara, construido en el siglo XIV por Pedro I de Castilla y primera tumba de Juana la loca, o el monasterio de San Lorenzo de El Escorial, levantado por Felipe II. Patrimonio Nacional también ejerce las funciones de patronato sobre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Los reales patronatos son instituciones muy antigüas (algunas proceden de los siglos XIII y XIV) fundadas por reyes de España, que estipularon que las comunidades religiosas a las que encomendaron el cuidado de esos lugares rezasen de forma ininterrumpida por la salvación del fundador y de las personas reales. Según el borrador de informe, estas fundaciones están en un "limbo jurídico" y responden a "fines de interés particular, principalmente, celebrar ceremonias religiosas en favor de las almas del rey fundador y de su familia".

Real Monasterio de Yuste. José Luis Filpo Wikimedia Commons

No obstante, en el propio documento se reseña que las comunidades religiosas encargadas, por ejemplo, de los monasterios de El Escorial y Yuste se rigen por convenios firmados con Patrimonio Nacional en fechas recientes (1982 y 2011, respectivamente) en los que la cesión del uso de los bienes está acompañada del deber de mantenerlos y custodiarlos y de realizar actividades culturales.

Los agustinos que conservan El Escorial recibieron en 2013 una subvención de 450.000 euros, mientras a que los religiosos de la Orden de San Pablo que residen en Yuste se destinaron 93.000 euros. Los benedictinos que se ocupan de la abadía situada en el Valle de los Caídos percibieron 340.000 euros y se rigen por un convenio de 1958 por el que se obligan a "levantar las cargas espirituales impuestas por el fundador" y atender el Centro de Estudios Sociales, biblioteca, escolanía y hospedería.

Para la consejera Chicano, los reales patronatos "perviven en una anómala situación jurídica y económica" y ocho de ellos "carecen total o parcialmente de recursos financieros para sostener una mínima autonomía económica, dependiendo para su supervivencia de las subvenciones de Patrimonio Nacional, cuyos importes en 2013 se situaron por encima de la diferencia de gastos e ingresos, excediendo sus necesidades e incumpliendo la Ley General de Subvenciones".

El proyecto de informe defiende que las fundaciones tienen que ser autosuficientes y que Patrimonio Nacional "en ningún caso es responsable de financiar la insuficiencia de medios económicos ni de cargar sus gastos al presupuesto público ni de asumir su gestión ordinaria mediante la dedicación de recursos propios del organismo, personales y materiales".

"No existe justificación legal ni causa de interés público para que el Estado deba hacerse cargo de todos esos gastos", añade el documento, que hace hincapié en la aconfesionalidad del Estado.

"Errores y extralimitaciones"

La propuesta de Chicano ha sido objeto de unas alegaciones muy críticas de la Abogacía del Estado, que considera que el documento "no debería ser elevado al Pleno en su actual redacción" al contener "errores y extralimitaciones" en la función fiscalizadora.

En este sentido, a la Abogacía del Estado le sorprende que el proyecto de informe exprese su discrepancia con dictámenes del Consejo de Estado contrarios a la extinción de los reales patronatos. A su juicio, es una "frivolidad impropia de la función" del Tribunal de Cuentas "ignorar dictámenes emitidos por el supremo órgano consultivo" del Gobierno.

El abogado del Estado percibe una "concepción reduccionista de la Corona, constante en el proyecto, que en ocasiones puede rozar lo ridículo", como una consideración relativa a que los bienes privados de la familia real, que ahora se encuentran depositados en dependencias del Patronato Nacional, no deberían ser custodiados por este organismo. La Abogacía del Estado en el Tribunal de Cuentas se pregunta si lo que se pretende es que los reyes alquilen trasteros para guardar esas pertenencias familiares.

En lo nuclear, el abogado del Estado señala que el hecho de que el ente fiscalizado tenga un "importante patrimonio" y sus actividades sean "complejas", como manifiesta el borrador de informe, "no quiere decir que haya que reformarlo". A su juicio, no es competencia de la fiscalización "no compartir" la existencia del Patrimonio Nacional, "negando de hecho los artículos 2, 4 y 5" de su ley reguladora, en la que el legislador ha establecido cuáles son los bienes pertenecientes a ese organismo.

'Jibarizar' la Corona

"Suprimir una gran parte del Patrimonio Nacional, por medio de lo que se ha venido en llamar la 'jibarización" de la Corona, reduciéndolo a un lugar para vivir el Rey (Zarzuela), otro para recibir (Palacio Real) y otro para alojar huéspedes ilustres (Palacio de El Pardo), es una idea que se puede afirmar, pero que desde luego no entra en las funciones de un proyecto de informe del Tribunal de Cuentas", sostiene.

Para el abogado del Estado, la recomendación de tramitar una reforma legislativa porque el organismo tiene un "excesivo patrimonio" significa ignorar que Patrimonio Nacional "representa la Historia de España".

"Que los Palacios de Riofrío, La Granja, Aranjuez, El Escorial, etcétera, no conozcan 'la utilización, salvo muy excepcionalmente' del rey y que por ello haya que suprimir estos inmuebles de Patrimonio Nacional supone desconocer que (...) el Rey es mucho más que la utilización de un inmueble. 'El símbolo regio sirve también para dar sentido a la unidad de España en su dimensión histórica'", señalan las alegaciones, citando a constitucionalistas como Rodríguez-Zapata.

Respecto a los reales patronatos y monasterios, la Abogacía del Estado señala que si la ley los integra en Patrimonio Nacional "su deber es conservar esos bienes y disponer lo necesario para su uso y servicio, actividad que requiere obviamente medios materiales y personales". A este respecto, subraya que las Cortes aprueban todos los años esas dotaciones.

Palacio Real y jardines de San Ildefonso. Wikimedia Commons

"La realidad normativa española es idéntica en el Derecho comparado con las jefaturas del Estado, sean monarquías o repúblicas", destaca el abogado del Estado, según el cual en los países de nuestro entorno existe un organismo como Patrimonio Nacional, que administra los bienes para uso y servicio de la institución, mientras que la jefatura del Estado tiene un presupuesto propio para financiar su operatividad funcional.

Esa realidad "no es confusa y nunca se ha considerado como tal históricamente hasta este proyecto de informe", añaden las alegaciones, que recuerdan que el mismo esquema se sigue con las residencias oficiales de los presidentes del Congreso y del Senado, cuya gestión y mantenimiento se incluye en los presupuestos de las Cámaras y no en la dotación presupuestaria de los presidentes.

El abogado del Estado indica que la propuesta de "revertir" los bienes de los reales patronatos a Patrimonio del Estado es "incorrecta, histórica y jurídicamente" porque esos bienes "nunca han pertenecido a Patrimonio del Estado, son fundaciones de origen regio".

En cuanto a las comunidades religiosas que se ocupan de los inmuebles, la Abogacía del Estado se pregunta de qué son "beneficiarias", según las califica el borrador de informe. "¿Son beneficiarias de conservar y cuidar la historia de España? ¿Beneficiarias por cumplir las obligaciones religiosas impuestas en la constitución regia de dichos patronatos?".

Cálculos de coste

"Cuidar, por ejemplo, el monasterio de El Escorial por una comunidad religiosa que se compromete, además de al levantamiento de las cargas espirituales impuestas, a custodiar y dirigir la Real Biblioteca ¿supone que una subvención de 450.000 euros en 2013 debe suprimirse y sustituirse por funcionarios y personal contratado por Patrimonio del Estado? ¿Ha realizado el fiscalizador previamente un cálculo del coste de la conservación de ese monasterio Patrimonio de la Humanidad, o del Convento de las Descalzas Reales, o del Convento de Santa Clara, etcétera, sin la existencia en dichos inmuebles de comunidades religiosas, existencia establecida por sus fundadores reales?", se pregunta el abogado del Estado.

A su juicio, la propuesta de informe debe ser rectificada y presentarse un nuevo proyecto "fruto de un diálogo con el órgano sujeto a fiscalización y sin excederse del ámbito de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas".