El juez de Valencia pide al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo

El titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga la pieza separada sobre el presunto blanqueo de dinero en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, ha remitido este jueves al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a la exalcaldesa Rita Barberá puesto que su aforamiento como senadora le impide actuar contra ella como contra el resto del medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores imputados en la causa. El magistrado, tal y como han informado desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ve “insuficientes” las explicaciones de la ahora senadora y apunta que sería incoherente no investigarla como al resto de imputados en la pieza.

No es la única causa que se le abre a la exalcaldesa. Otro juzgado ha decidido también este jueves remitir al Supremo la causa contra ella por no retirar símbolos franquistas cuando era alcaldesa. La juez de Instrucción 16 se ha declarado no incompetente para admitir una denuncia contra ella por incumplir la Ley de Memoria Histórica, según ha informado el TSJ valenciano en su cuenta de Twitter.

Sobre la pieza de blanqueo de capitales, el magistrado, ha remitido la exposición razonada que deja más cerca la posible imputación de Barberá. En ella, recuerda que la exalcaldesa reconoció haber hecho el donativo de mil euros por el que están investigadas (término que sustituye a imputadas) 47 personas. La pieza investiga si se blanquearon 50.000 euros a través del conocido método del ‘pitufeo’ por el cual los donativos de mil euros pudieran haber sido devueltos en billetes de 500 euros como han declarado dos de los imputados y cuatro testigos que se negaron a participar en la operación. Todos los que ingresaron los mil euros están imputados salvo Barberá y un diputado autonómico, ambos con aforamiento.

LA INCOHERENCIA DE NO IMPUTAR A BARBERÁ

Es por ello que el juez considera que sería “incoherente” no elevar la exposición al Supremo, el único competente para investigarla y, en su caso, juzgarla. El Supremo, antes de investigar a la ahora senadora, deberá dirigir un suplicatorio a la Cámara Alta con las actuaciones que estime oportunas y el dictamen del fiscal.

La Fiscalía Anticorrupción ya pidió la imputación de Barberá en un escrito fechado el 29 de febrero en el que daba por hecho la existencia de una operativa de blanqueo orquestada por el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia y en la que aparecía la exalcaldesa como participante. La investigación policial vinculó la existencia de una caja b con fondos no declarados provenientes de posibles adjudicaciones de contratos públicos. La UCO apuntó que llegó un momento en que hay necesidad de aflorar parte de ese dinero y es cuando aparece el ‘pitufeo’, en fechas previas a las elecciones de 2015. Testigos e imputados han admitido que se les pidió la donación para la campaña electoral.

En este sentido, el juez considera que la investigación del supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja porque la “presunta naturaleza delictiva de las comisiones o mordidas”, que es lo que se investiga en la pieza principal de Taula, son “muy anteriores” en el tiempo al pitufeo. No obstante, sí considera “significativo” el silencio de la exsecretaria del grupo, Mari Carmen García Fuster, situada como principal investigada en la pieza de blanqueo al ser señalada como la persona que habría retornado en dinero en billetes de 500.

El magistrado Víctor Gómez matiza en su escrito que los imputados y testigos que hablaron de blanqueo no han vinculado directamente a Rita Barberá ni realizado ninguna imputación concreta que vincule directamente a la exalcaldesa como conocedora o mandataria de la operación de blanqueo. Mañana está prevista la declaración ante el juzgado del vicealcalde Alfonso Grau, que en unas declaraciones a a la prensa dejó caer que “algo sí sabía”, aunque luego evitó realizar cualquier vinculación ante la Fiscalía Anticorrupción.

LAS SOSPECHAS SOBRE LAS FINANZAS DEL PP

El instructor apunta a la vinculación de la exalcaldesa con García-Fuster y detalla las “sospechas” que existen sobre las finanzas del PP. El juez destaca que Barberá era su superiora jerárquica, máxima responsable del grupo municipal del PP y tenía una relación con García-Fuster de estrecha confianza. Así, recalca que es la secretaria la “principal investigada” y que en su declaración se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero. Tras esta declaración, y a petición de Anticorrupción, el juzgado decidió investigar también si ha podido cometerse un delito electoral en los años de 2011 y 2015.

El magistrado ofreció a Barberá declarar en el juzgado antes de decidir llevar la causa al Supremo. La senadora presentó entonces un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, pero negó el reintegro del mismo en billetes de 500. Sus explicaciones, señala el instructor, son “insuficientes” para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
La investigación por blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del caso en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en la Diputación de Valencia (a través de la empresa Imelsa), el Ayuntamiento (a través de la concejalía de Cultura) y la Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.