Declaran en Vitoria otros tres altos cargos por la presunta compra de noticias

Tres altos cargos del Gobierno vasco se han visto obligados este viernes a comparecer ante el juzgado de instrucción de Vitoria que instruye la causa sobre la presunta compra de noticias del Gobierno vasco a cabeceras y emisoras de grupos afines al PNV, denunciada ante la Justicia por UPyD.

Los directores de Servicios de los Departamentos de Educación Cultura y Política Lingüística; Administración Pública y Justicia; y Empleo y Políticas Sociales, han declarado ante la jueza María Eneida Arbaizar, que sigue adelante con la instrucción y amplió las pesquisas iniciadas únicamente sobre el director de Comunicación del lehendakari, Iñaki Bernardo.

Bernardo, que en octubre pasado se apartó temporalmente del cargo, asumió en febrero ante la jueza ser responsable sólo de dos de la docena de contratos presuntamente irregulares , lo que motivó la ampliación de la denuncia del partido magenta y las nuevas diligencias judiciales.

El Juzgado número 4 de Vitoria investiga si distintos Departamentos del Gobierno vasco incurrieron en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación con las Administraciones.

UPyD denunció en 2014 que el Gobierno de Íñigo Urkullu pagaba a medios ideológicamente afines al PNV del Grupo Noticias (los rotativos Deia, Noticias de Gipuzkoa , Noticias de Álava, Noticias de Navarra y la emisora Onda Vasca) por la difusión de informaciones acordes con los intereses del Ejecutivo que no estaban presentadas como publicidad, o al menos no claramente en todos sus extremos, y podían , por tanto, conducir a engaño.

Su único parlamentario, Gorka Maneiro, actual portavoz de la formación magenta, identificó una docena de noticias difundidas bajo estos parámetros sólo en 2013 por una cantidad global de más de 240.000 euros.

Entre ellas figuraban reportajes sobre temas de distintas áreas (Sanidad, Cultura, Administración, Empleo...), incluida una página en la que expertos en Educación argumentaban contra la LOMCE y un suplemento de ocho páginas sobre el escritor euskaldún Ramón Saizarbitoria publicado en varios medios del Grupo Noticias.

La jueza, en uno de sus últimos autos, preguntaba al Departamento de Educación si existían otras ofertas para la adjudicación de dicho suplemento.

UPyD considera que el Gobierno se saltó la Ley vasca de Publicidad y Comunicación, aprobada durante el mandato del socialista Patxi López, que prohíbe la divulgación de campañas sin la mención expresa del contratante, así como su contratación para menoscabar u obstaculizar las actuaciones de otro poder público.

El Gobierno vasco ha admitido algunos "errores" pero ha mantenido que los contratos no vulneran la ley, puesto que no eran de publicidad sino de patrocinio, y ha negado reiteradamente en el Parlamento trato de favor a medios afines al PNV.

Los tres directores que este viernes han prestado declaración ante la jueza, José Manuel Bujanda (Educación), Juan María Zubeldia (Administración Pública) e Iñaki Arrizabalaga (Empleo) han rehuido comentar sus manifestaciones en sede judicial.

Portavoces de sus Departamentos se han limitado a exponer su disposición de “total colaboración” con la Justicia y la “máxima transparencia” con la que actúa el Gobierno vasco en materia de contratación pública. Han añadido que el Ejecutivo se ajusta a la ley de contratos públicos y que sus directores de Servicio son economistas que han defendido la “legalidad” con la que se han realizado los procesos de contratación investigados.

RESPONSABLES, LOS JEFES DE PRENSA

Poco más se ha sabido de su comparecencia, salvo que según fuentes de UPyD los directores de Servicio han asegurado que ellos visan los contratos administrativamente y vigilan que se adecúen a la ley, pero que la decisión sobre sus contenidos y la elección de medios para su difusión corresponde a los directores de Comunicación y asesores de prensa de cada Departamento.

La formación de Maneiro ya pidió en su día que se extendiera la investigación a los responsables de prensa de las distintas áreas del Gobierno en su ánimo de implicar a todos los consejeros del Gabinete Urkullu. Ahora, tras la declaración de los directores de Servicios, instará a la jueza a que llame a declarar a los jefes de Comunicación de al menos esas tres consejerías.