El exsecretario general el PP valenciano, Ricardo Costa, procesado por la presunta financiación ilegal del partido en tres campañas de 2007 y 2008, niega cualquier responsabilidad y apunta a Génova en un escrito de defensa presentado ante la Audiencia Nacional. Costa está acusado por falsedad en documento y por financiar con pagos en b tres campañas junto a otros dirigentes del partido. La Fiscalía Anticorrupción pide para él siete años y nueve meses de prisión. Según ha revelado este lunes la Cadena Ser, Costa ha presentado un escrito de defensa en el que niega su responsabilidad y apunta directamente a la dirección nacional, por ser la gestora última de las cuentas. En su intento de autoexculpación, ha pedido que declaren como testigos el presidente del PP, Mariano Rajoy, y María Dolores de Cospedal.
Costa pide que Rajoy y Cospedal declaren por la financiación ilegal
La Audiencia Nacional abrió juicio oral el pasado mes de febrero contra Costa, otros exdirigentes del PP valenciano, los cabecillas de la trama Gürtel y varias empresas.
Anticorrupción sostiene que Francisco Correa creó y controló un grupo de empresas que se extendió en Valencia y empezó a contratar actos electorales a finales de 2006 para preparar las autonómicas y municipales de 2007 y, posteriormente, las generales de 2008. La fiscalía acusa a Costa y a Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat, de ser quienes encargaron los trabajos a la red Gürtel (Ricardo Costa era la persona responsable de la tesorería del PPCV) y que estos fueron posteriormente pagados “de modo irregular”, en parte en efectivo y en parte a través de terceros. Estos pagos no quedaron reflejados en la facturación ni en la contabilidad.
En el auto de procesamiento dictado por el TSJ valenciano en 2004, se habla de la facturación dual que el PPCV realizaba a Orange Market por la organización de estos actos. La red de Gürtel organizó una serie de actos y mítines por los que cobró una parte de forma legal en facturas al partido. Otra parte, no obstante, habría sido cobrada en B (en los ficheros del sumario de habla de ‘cobros Barcelona’) por parte del PP valenciano. El juez también habla a “ingresos indirectos del partido” al apuntar a un grupo de empresas valencianas, adjudicatarias de la Administración, que se habrían hecho cargo de parte de la deuda de los populares con la mercantil mediante con pagos por contratos con dicha mercantil por servicios que no habrían sido prestados. Así, el auto sostiene que el PPCV no declaró gastos electorales de algo más de tres millones durante 2007 y 2008. En las últimas semanas, varios de los empresarios imputados en la causa han admitido la financiación ilegal al PP valenciano. En febrero de este año, la Audiencia Nacional abrió juicio oral.
Ricardo Costa no ha querido hacer manifestaciones sobre esta acusación desde que se dictó el procesamiento en 2004 y dimitió en enero del siguiente año. Según ha informado este lunes la Cadena Ser, el ex número dos del expresidente valenciano Francisco Camps ha presentado un escrito de defensa ante la Audiencia Nacional en la que alega que el PP solo tiene una estructura para todo el Estado y que la parte valenciana no era independiente. Responsabiliza así a Génova de la financiación de las citadas campañas.
En su escrito, Costa pide que declaren como testigos 332 personas entre las que está Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Luis Bárcenas y la actual tesorera, Carmen Navarro. También pide la testificación de otros ex altos cargos del PP valenciano.
En el auto de procesamiento, el juez del TSJ destaca que el PP tiene una sola personalidad jurídica pero que fue desde la organización regional del PPCV donde se decidieron y asumieron las contrataciones con Orange Marquet y su forma de pago. El juez destacó la responsabilidad de la organización regional (señalada por miembros de agrupaciones locales) y concluyó que la gerencia nacional no podía conocer las “presuntas irregularidades de gastos e ingresos en la que incurría presuntamente la dirección regional”.
En la causa, el nombre de Ricardo Costa aparece vinculado como el interlocutor entre la red Gürtel y el partido. Así consta en archivos, documentos, grabaciones y mails entre los supuestos cabecillas de la trama y responsables del partido. El juez cita incluso un mail entre responsables de Orange Market en el que se escribe: “Las siguientes cantidades, si no se cobran a las distintas personas, Ricardo se hace cargo”.
Ricardo Costa dimitió en enero de 2015 tras ser procesado días antes en esta causa de financiación ilegal del partido. Fue vicesecretario general del partido desde noviembre de 2004 hasta junio de 2007, cuando fue nombrado secretario general del partido y número dos de Francisco Camps. Ocupó el puesto hasta octubre de 2009. Costa ocupaba un escaño en el parlamento valenciano. Su dimisión en 2015, junto con otra diputada imputada en la misma causa, dejó al PP sin imputados en las Cortes Valencianas tras un periodo en el que llegó a tener una decena de diputados con causas abiertas.