Educación rectifica: la reválida de 6º de Primaria "en ningún caso" servirá para hacer ránkings

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha acabado cediendo. Hace unas semanas se comprometió a no hacer públicos los resultados de la reválida de 6º de Primaria con el objetivo de evitar los ránkings de centros: "Me comprometo a que no se hagan públicos los resultados de las evaluaciones, si ése es el problema". Pero no ha sido hasta hoy cuando lo ha materializado por escrito.

"No podrán utilizarse en ningún caso para la elaboración de clasificaciones de centros docentes", según recoge el proyecto de orden, que regula la prueba en su ámbito de competencias (Ceuta y Melilla).

Una modificación que llega in extremis, en unas semanas se realizarán las primeras evaluaciones en algunas comunidades autónomas, y después del rapapolvo que le ha dado hoy al Ministerio, el Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno en materia educativa y que aúna a alumnos, profesores, familias, agentes del Ministerio de Educación y de las Comunidades autónomas.

En su dictamen, el Consejo reclama a la cartera que dirige Méndez de Vigo que exprese "con exactitud qué información, qué difusión, durante cuánto tiempo tiene que estar disponible" y que ponga "límites para que no sea usada en ningún caso para hacer clasificaciones de centros".

La redacción definitiva del proyecto de orden de Educación, que será publicada en el BOE, según explica Europa Press, en los próximos días, indica en su artículo 15 que "los informes de cada centro tendrán únicamente difusión en su comunidad educativa y los resultados de las evaluaciones no podrán utilizarse en ningún caso para la elaboración de clasificaciones de centros docentes".

Con este párrafo adicional de última hora Méndez de Vigo pretende calmar las aguas revueltas por las que navega la reválida de 6º de Primaria, una prueba que deberían de realizar más de 460.000 alumnos de 12 años antes de que finalice el curso académico.

En estos momentos, parece no ser así ya que son ocho las comunidades autónomas que se han plantado ante el ministro y han anunciado que no realizarán el exámen: Cataluña, País Vasco, Navarra, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón.