La Sala Penal del Supremo considera que la reforma de la jurisdicción universal aprobada en 2014 con los únicos votos del PP conlleva una "restricción sustancial y extrema” de los derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero, según afirman los magistrados en una resolución conocida esta mañana y referida a la causa abierta en la Audiencia Nacional contra varios exagentes de la SS por el exterminio llevado a cabo en tres campos de concentración y del que fueron víctimas varios españoles.

"La nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dadas las escasísimas posibilidades de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España”, afirma la resolución del Supremo, de la que ha sido ponente Alberto Jorge Barreiro.

El auto considera una "gran contradicción sustancial de la reforma” el hecho de que "mientras que los delitos más graves del Derecho penal internacional (lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra) son desplazados fuera de la competencia de la jurisdicción española, excepto para los supuestos de rarísimas excepciones, en cambio sí cabría encuadrar en el ámbito de nuestra jurisdicción los delitos de segundo grado del Derecho Penal internacional, aunque también con unas restricciones que no se daban" en la regulación de la jurisdicción universal anterior a 2014.

En ese sentido, resalta que “el criterio de la nacionalidad española de la víctima, que ha quedado excluido para los delitos más graves o de primer grado, sí se admite como vínculo para la aplicación de la jurisdicción española para algunos de los graves delitos del segundo nivel: contra la integridad moral, desaparición forzada, trata de seres humanos, terrorismo, contra la libertad e indemnidad sexual, falsificación de productos médicos y delitos que supongan una amenaza para la salud pública. Ahora bien, se exige a mayores que el imputado se encuentre en territorio español, requisito que sólo se excluye en los cuatro últimos delitos que se acaban de citar”.

Para el Supremo, no puede extrañar que incluso el propio Ministerio Fiscal, al formular alegaciones sobre la procedencia de archivar la causa contra los exagentes de los SS, sugiriese la valoración por la Audiencia Nacional de la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto a la reforma de 2014, que es la que dispone que será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley española, como delitos de genocidio, lesa humanidad o contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, siempre que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España, o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

La petición fiscal reclamaba que se valorase si la actual regulación de la justicia universal puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas españolas del genocidio nazi, así como el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad era propugnado por las acusaciones particular y popular en la causa.

Imputados fallecidos

Sin embargo, el Supremo no entra en analizar las razones que pudieran concurrir para plantear la cuestión de inconstitucionalidad ya que, en este caso, tanto la propia parte querellante, en nombre de las víctimas, como la Fiscalía, sostienen que los cinco exagentes procesados en su día por la Audiencia han fallecido, por lo que no consta ningún imputado contra quien dirigir la acción penal. Así, explica el auto, “se carecería de base procesal para proseguir ahondando en la presente causa tanto con miras a obtener una interpretación de las nuevas normas acorde con la Constitución, como con el fin de acudir a la vía de plantear una posible cuestión de inconstitucionalidad”.

En cualquier caso, como en las actuaciones no hay certificación de los fallecimientos de dos de los procesados, si bien la propia parte querellante, en nombre de las víctimas, alega que se ha producido, el Supremo considera que lo procedente es confirmar esa circunstancia y acordar el sobreseimiento libre de la causa.