La Generalitat ha conseguido dar, por primera vez en mucho tiempo, una imagen de unidad de la mayoría de catalanes ante la suspensión por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la ley catalana contra los desahucios. Govern, ayuntamientos, entidades sociales y la mayoría de partidos de la cámara han acordado hacer un “frente común” para dejar “sin efectos prácticos” la suspensión cautelar que ha decretado el Alto Tribunal tras el recurso presentado por el Gobierno en funciones.
La decisión se ha tomado en una cumbre que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del vicepresidente, Oriol Junqueras, así como de varios consellers del Govern. Además de los presidentes de todos los grupos del Parlament, también han acudido las alcaldesas de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet, Badalona y l’Hospitalet así como representantes de entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Asociación Catalana de Municipios (ACM), la Mesa del Tercer Sector y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El objetivo de la reunión, que ha durado dos horas, era articular una respuesta coordinada ante la suspensión por parte del TC de una parte de la ley de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia en la vivienda y la pobreza energética, una norma que llegó al Parlament a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) y que contó con el apoyo de todos los grupos de la cámara.
“Máxima urgencia”
La parte suspendida de la norma corresponde a la obligación de los grandes propietarios de ofrecer un alquiler social a un desahuciado o a ceder algunos de sus pisos vacíos. El Gobierno en funciones considera que esto vulnera competencias estatales en materia de leyes concursales y procesales. Otra parte que también ha sido impugnada es la que se refiere a la posibilidad de acudir a procedimientos extrajudiciales para abordar casos de sobreendeudamiento. Las medidas referentes a la pobreza energética, sin embargo, no han sido impugnadas.
Puigdemont ha llamado a aprobar con la “máxima urgencia” una nueva ley que permita sustituir todo lo que el Constitucional ha suspendido y que a la vez recoja todo lo que no está impugnado y que figura en otras leyes. El president ha anunciado que el Govern, el grupo que presentó la ILP y el Colegio de Abogados de Barcelona empezarán a trabajar a partir de mañana en la redacción de este proyecto de ley. “Hacen falta respuestas rápidas”, ha afirmado Puigdemont, que ha manifestado su temor a que la suspensión de la norma se traduzca en un repunte de desahucios en Cataluña.
El único partido que ha criticado la cumbre ha sido el PP, cuyo líder Xavier García Albiol ha definido la reunión como un “aquelarre” contra la formación conservadora. Dentro de la reunión Albiol ha afeado a los asistentes que se intentara buscar una manera de esquivar al TC. “Compartimos el problema pero no la manera de actuar”, ha afirmado Albiol durante su intervención en la cumbre, a la que estaban invitados unos 40 cargos.
Capitalizar el descontento
Las formaciones políticas son conscientes del descontento que genera la suspensión de una norma social que ayuda a los más desfavorecidos. En pleno ambiente preelectoral, tanto el Govern como el Ayuntamiento de Ada Colau han intentado capitalizar el enfado casi unánime de la población catalana ante el último recurso del Gobierno en funciones.
El viernes por la noche, Puigdemont convocó a todos los asistentes a la cumbre de este martes para intentar buscar una acción coordinada entre municipios, partidos políticos y entidades. Colau, sin embargo, se adelantó al presidente y 24 horas antes de la cumbre se reunió con la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) con presencia de los medios de comunicación. Colau negó que quisiera competir con la cumbre de este martes y alegó que el encuentro había sido para “avanzar trabajo”, pero lo cierto es que la PAH y la APE ya habían ofrecido su respectiva rueda de prensa el lunes por la mañana.
La falta de coordinación entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona también se ha observado respecto a la acogida de refugiados, donde cada administración ha presentado su propuesta sin atender a lo que proponía el otro.
Enfrentamiento constante
La cumbre celebrada este martes coincide con otra serie de suspensiones del Alto Tribunal, que hoy ha bloqueado la tramitación de tres leyes aprobadas por el Parlament tras sendos recursos del Gobierno en funciones. Las normas afectadas son la que gravan las viviendas vacías, la de igualdad entre hombres y mujeres y la que regula la administración de los Gobiernos locales.
Según explicó hace dos semanas el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, el Gobierno ha impugnado la ley que establece un impuesto a las viviendas vacías porque ese gravamen ya figura en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé imposiciones de hasta el 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en esos casos. El resto de impugnaciones responden, según el Gobierno en funciones, al “ejercicio normal de las competencias de cada administración pública cuando considera que otra administración se ha extralimitado en sus competencias”.
Cada norma que impugna el Gobierno se suspende cautelarmente por el Constitucional, que debe ratificar o anular esa suspensión en un plazo máximo de cinco meses. Desde que el equipo de Mariano Rajoy está en La Moncloa, el Govern ha recurrido unas 50 leyes del Ejecutivo mientras que este ha impugnado 30 normas aprobadas en el Parlament.