Jueves en el Congreso de los Diputados. En un espacioso vestíbulo de la carrera de San Jerónimo de Madrid, portavoces de los principales partidos políticos compitieron entre sí para trasladar con más eficacia a los medios que están dispuestos a ser los más austeros en la próxima campaña electoral, consecuencia del fracaso de las formaciones a la hora de formar Gobierno.
Sin embargo, tras una primera reunión para acordar la reducción de gastos electorales, la principal conclusión ha sido la convocatoria de otro encuentro para el miércoles que viene.
El PP y el PSOE están de acuerdo en reducir en un 30% los gastos de la campaña, algo que quieren hacer fundamentalmente a través de la desaparición total o parcial de la publicidad exterior. Es decir: de las vallas, las banderolas y los carteles en espacios públicos. La producción de todo ese material está subvencionada por fondos públicos y el volumen total asciende a un 20% de los gastos, según ha asegurado Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario general del PP. Una campaña “en la calle” y la reducción en alquiler de salas y otras partidas completaría ese 30%.
Tanto PP como PSOE están a favor de una reducción de los gastos que se fije en torno a un porcentaje sobre lo que se gastaron en la campaña del 20-D. El enfoque de Podemos y Ciudadanos es otro. Mientras que el PP se gastó unos 12 millones de euros en la campaña, excluyendo envíos de papeleta a casa, Podemos (sin sus socios) se gastó unos 2,2 y Ciudadanos unos 4 millones.
Por ese motivo, los nuevos partidos quieren rebajar el tope de gasto, pero no un porcentaje. Sólo así conseguirán no ser “castigados” tras “haberlo hecho bien”, en palabras de Segundo González. Dicho de otro modo: las campañas de Podemos y Ciudadanos ya fueron más austeras, por lo que los grandes partidos tienen que recortar más porque “están acostumbrados a despilfarrar” dinero público, en palabras de José Manuel Villegas.
Los enviós postales, el caballo de troya
El otro gran asunto en el que PP y PSOE se enfrentan a Ciudadanos y Podemos es en el envío de papeletas electorales y propaganda a cada buzón. La ley permite envíos individuales que sólo son reembolsados si el partido político logra formar grupo parlamentario.
Es uno de los grandes gastos de la campaña, que puede superar un tercio de todo lo que se gastan los partidos. Esos envíos, conocidos como mailing, benefician teóricamente a los grandes partidos, con más votantes en zonas rurales. Allí, que llegue una papeleta es en sí mismo una acción de publicidad del partido que invita al voto, mientras que en grandes ciudades la presencia de los mensajes publicitarios está más presente.
Ningún partido quiere acabar con esos envíos. El PP asegura que son un “derecho” de los ciudadanos e invitan a la participación y cree que el actual sistema, que reembolsa a los partidos 0,18 euros por papeleta, es adecuado. El PSOE quiere reducir ese precio a 0,15.
Sin embargo, los partidos pequeños creen que sería más conveniente hacer un único envío con muchas papeletas para evitar que a cada buzón lleguen muchos sobres, cada uno con una opción política. Eso podría reducir mucho el coste hasta en 30 millones, según González, el responsable de Finanzas de Podemos. El PP, por contra, advierte de que hacerlo así sería “ilegal” y que habría que discriminar entre candidaturas, ya que hay 1.300 en toda España, “12 de media” por circunscripción, según Maíllo.
Los partidos se reunirán de nuevo el miércoles que viene para tratar de cerrar un acuerdo, pero partidos como el PSOE o Podemos han anunciado que, a falta de acuerdo, sus propuestas se convertirán en compromisos individuales.
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