Rajoy bloquea que Carmena intervenga en la gestión de los bienes de la Corona

Por primera vez desde 1982, cuando fue aprobada la vigente ley del Patrimonio Nacional, la Alcaldía de Madrid no está presente en el consejo de administración de esa institución, que se encarga de la gestión y administración de los bienes estatales destinados al uso y servicio del rey y de los miembros de la familia real. Manuela Carmena, alcaldesa de la capital desde junio de 2015, no ha sido nombrada vocal de ese consejo de administración, cuyos miembros son designados por el Gobierno a propuesta del presidente, Mariano Rajoy.

La ausencia de Carmena en el órgano rector de Patrimonio del Estado es llamativa porque todos sus predecesores, sin excepción, han intervenido en el gobierno de los reales patronatos y en la gestión y administración de los bienes y del personal afectos a la Corona. Entre esos bienes se encuentran el Palacio Real de Oriente, el Palacio de La Zarzuela y el Palacio del Pardo, todos ellos radicados en la capital de España.

Dada la relevancia de ese patrimonio, el alcalde o la alcaldesa de Madrid siempre han sido vocales del consejo de administración desde Enrique Tierno Galván, regidor de la capital cuando se aprobó la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional. Esta norma, modificada el pasado año para ampliar de 10 a 13 el número de vocales, establece que al menos dos de ellos deben ser alcaldes de Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen bienes inmuebles históricos del Patrimonio Nacional.

Los alcaldes de Palma de Mallorca o de San Lorenzo de El Escorial han estado con frecuencia en el consejo de administración. Pero el de Madrid ha estado siempre. Después de Tierno Galván, todos sus sucesores (Juan Barranco, Agustín Rodríguez-Sahagún, José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella) se han sentado en el órgano rector del Patrimonio Nacional.

Contrastes

No ha sucedido así con Carmena, elegida alcaldesa por la lista de Ahora Madrid en mayo de 2015. Pese a que, antes de entrar en funciones el pasado diciembre, el Gobierno dispuso de siete meses para reemplazar a Ana Botella por la nueva alcaldesa no lo ha hecho, privando a Manuela Carmena de la posibilidad de participar en la gestión de los bienes y el personal al servicio de Felipe VI y la familia real.

Por contraste, los nombramientos de Botella, Ruiz-Gallardón y Álvarez del Manzano fueron muy rápidos. Este último ganó las elecciones locales de mayo de 1991 y se incorporó al Patrimonio Nacional dos meses después. Gallardón tomó posesión como alcalde de Madrid el 15 de junio de 2003 y en agosto fue designado vocal del consejo de administración.

Cuando Ruiz-Gallardón dimitió en el Ayuntamiento para ser ministro de Justicia cedió el sillón del Consistorio a Botella, que juró como alcaldesa el 27 de diciembre de 2011. Rajoy la incorporó al consejo de administración del Patrimonio Nacional en un mes, el 27 de enero de 2012 y, formalmente, no ha sido cesada pese a que ya no es alcaldesa. Desde el traspaso de la Alcaldía, Botella no asiste a las reuniones del consejo ni tampoco delega su voto.

Tras las elecciones de mayo de 2015 otros dos alcaldes del PP, el de Palma de Mallorca y el de San Lorenzo de El Escorial, perdieron el cargo, por lo que deberían haber salido de Patrimonio Nacional. El primero, Mateo Isern, cesó a petición propia mucho más tarde, en enero de 2016, porque fue elegido diputado en el Congreso. Pero, al igual que Botella, el popular José Luis Fernández-Quejo, ex alcalde de El Escorial, no ha sido cesado.

Dificultades de quórum 

La no sustitución de estos tres alcaldes del PP ha llamado la atención en Patrimonio Nacional porque la composición del consejo de administración sí fue alterada en julio de 2015 para cesar a Jaime Pérez Renovales, ex subsecretario de Presidencia, que volvió al Banco Santander. Para cubrir su vacante el Gobierno incorporó de inmediato (el 17 de julio de 2015) a Federico Ramos de Armas, pero no aprovechó la ocasión para reemplazar a los tres ex alcaldes.

Tampoco sustituyó a los ex regidores en octubre de 2015, cuando designó a Alfredo Pérez de Armiñán como presidente del órgano en lugar de José Rodríguez-Spiteri.

Esa inacción del Gobierno, que tampoco ha nombrado a los tres nuevos vocales en las plazas ampliadas por la reforma de 2015, está teniendo consecuencias. El quórum exigido para adoptar acuerdos es de ocho miembros del consejo de administración presentes en las reuniones o que hayan delegado el voto. Pero además del presidente y de la gerente, sólo quedan operativos seis vocales ya que, aparte de los tres ex alcaldes no sustituidos, Ramos de Armas tuvo que dimitir el pasado enero por el caso de corrupción Acuamed.

De esta manera, en estos momentos sólo está operativo el número mínimo de integrantes (ocho) para que el consejo de administración pueda funcionar y es imprescindible que ni uno solo de ellos falle en la asistencia a las sesiones de forma presencial o por delegación de voto.

Entre los actuales miembros del consejo de administración se encuentran José Manuel Romero, conde de Fontao y asesor del rey Juan Carlos I; Carmen Iglesias, condesa de Gisbert y directora de la Real Academia de la Historia, y Lluis Reverter, ex secretario general de Presidencia del Gobierno y ex secretario general de la Fundación La Caixa.

"No nos han comunicado nada"

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha informado a EL ESPAÑOL de que la Presidencia del Gobierno, a la que corresponde proponer al Consejo de Ministros el nombramiento de los vocales del Patrimonio Nacional, no se ha puesto hasta ahora en contacto con el Consistorio para proceder al relevo de Ana Botella.

A raíz de la consulta de este periódico, el Ayuntamiento ha hecho una consulta al Patrimonio Nacional. El organismo aseguró que, después de las últimas elecciones locales, informó a la Presidencia del Gobierno de la necesidad de sustituir a los tres vocales que habían dejado de ser alcaldes, sin que el Ejecutivo haya contestado.

Las mismas fuentes añadieron que, en el caso de que se propusiera la incorporación del Ayuntamiento de Madrid al consejo de administración del Patrimonio Nacional, Carmena tiene intención de delegar en la concejal de Cultura, Celia Mayer, procedente de Ganemos Madrid y del movimiento okupa.