Sólo uno de cada tres alumnos de 6º de Primaria están convocados a la reválida que comenzará a celebrarse este miércoles únicamente en las comunidades gobernadas por el PP después de que 12 regiones se hayan levantado en pie de guerra contra la prueba. Galicia, La Rioja, Castilla y León, Murcia y Madrid intentarán examinar a ese 30% de chavales españoles de entre 12 y 13 años que deberían realizar esta prueba, pese a que partidos políticos y asociaciones de padres y madres han realizado un llamamiento al boicot y a la "desobediencia civil".
La prueba es de diagnóstico, es decir, no determinará si el alumno pasa a Secundaria o no, aunque sí puede ser utilizada por los centros para tomar medias extraordinarias en función de los resultados, empezará a medir los conocimientos en competencias comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología, según recoge la Lomce. Pero no es este el asunto que ha hecho que las regiones socialistas más Cataluña, el País Vasco y Canarias se rebelen contra el Ministerio de Educación.
No creen al ministro Iñigo Méndez de Vigo, que se ha comprometido a no establecer ránkings por centros una vez que se conozcan los resultados. El propio titular de Educación llegó a afirmar de palabra que "no se harán públicos los resultados de las evaluaciones, si ése es el problema" y por escrito que "no podrán utilizarse en ningún caso para la elaboración de clasificaciones de centros docentes", a través del proyecto de orden que regula la prueba en su ámbito de competencias.
"Está sobradamente demostrado que este tipo de pruebas estandarizadas sólo sirven realmente para fomentar un aprendizaje fundamentalmente memorístico y descontextualizado, mediante un control burocrático de las prácticas escolares y la profesión docente. Son figuras obsoletas del sistema educativo franquista marcado por un modelo educativo basado en la disciplina autoritaria, el control por el miedo y el clasismo", ha afirmado Izquierda Unida, desde donde han mostrado su "apoyo a la desobediencia civil".
NI REVÁLIDA, NI CUESTIONARIOS COMPLEMENTARIOS
En la misma línea, la confederación española de asociaciones de padres y madres de alumnos (CEAPA) ha recomendado que "para que no tenga consecuencias esta prueba, lo único que se puede hacer es no presentarse. Si las familias no llevan a sus hijos al colegio, no les evaluarán", tal y como ha recogido Europa Press.
Además, el presidente de la confederación mayoritaria en la enseñanza pública, Jesús Salido, ha planteado a los padres que no rellenen los cuestionarios de contexto que acompañan a la evaluación de sexto de Primaria, que tiene como objetivo conocer el nivel socioeconómico de los centros educativos porque, a su juicio, "lo único que aportan es información sesgada" e "innecesaria".
Estos cuestionarios fueron planteados desde Educación como una solución a la polémica de los posibles ránkings ya que las asociaciones de padres, estudiantes y maestros argumentaban que hacer públicas listas sólo con las notas sin contar con los factores socioeconómicos de cada centro escolar fomentaría la desigualdad entre colegios.
Las CCAA del PSOE pretenden saltarse la ley
No hay fecha para que las regiones socialistas (Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Valencia, Baleares, Extremadura y Castilla La Mancha) realicen la reválida. En un principio decidieron retar al Ministerio amenazando con no examinar a sus alumnos de final de Primaria, pero después rectificaron diciendo que sí la realizarían pero con matices. En concreto, un matiz importante, ya que según aseguran llevarán a cabo las pruebas pero estas serán realizadas y corregidas por los docentes propios de los centros y no con personal externo como recoge la Lomce.
El real decreto que desarrolla los aspectos de la reválida es contundente en su artículo 7: “La Administración educativa competente establecerá procedimientos para la selección del profesorado funcionario del Sistema Educativo Español externo a los respectivos centros docentes, encargado de aplicar y corregir las pruebas, así como para la realización y el seguimiento y supervisión que aseguren una correcta aplicación y corrección de las pruebas de acuerdo con la normativa básica aplicable”.
De esta forma, pese a que este miércoles comienzan a realizarse las primeras reválidas, todas las miradas están puestas en la Conferencia sectorial de educación, máximo órgano de interlocución entre las comunidades y el Gobierno central en la materia, que se celebrará este viernes. ¿Habrá plante por parte de los consejeros y consumarán su pulso o se plegarán ante el titular de Educación después de meses en lucha?.