La Fiscalía, a favor de que se tramite la recusación al juez de la Audiencia Nacional que afirmó que en España “se tortura”

La Fiscalía ha informado a favor de que se tramite el incidente de recusación sobre el magistrado de la Audiencia Nacional Ricardo de Prada por haber afirmado en una conferencia que en España se han producido “de una manera clara (…) muchos casos de tortura”. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha solicitado que el juez sea apartado de dos causas en las que debe juzgar a miembros de ETA, al entender que con estas declaraciones ha perdido su imparcialidad.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes fiscales, el Ministerio Público, que dirige Javier Zaragoza, entiende que se debe tramitar el expediente dado que la recusación planteada por la AVT no es extemporánea, sino que se refiere a un hecho nuevo, concretamente una conferencia ofrecida el pasado 14 de abril. Por tanto, la Fiscalía no puede oponerse a que la Audiencia Nacional decida si De Prada debe ser apartado. Por ahora, la Fiscalía no entra en el fondo del asunto, del que se tendrá que pronunciar en su momento.

Ahora, será un instructor quien estudiará el asunto y acordará la práctica de diligencias que considere oportunas. Según fuentes jurídicas, todavía no se ha decidido si esta recusación la estudiará el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tal y como ocurrió cuando se decidió recusar a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel, en el 'caso Gürtel' y 'papeles de Bárcenas', por su vinculación con el Partido Popular.

En el caso de Ricardo de Prada, la AVT ha pedido que sea apartado en el juicio contra Jean Claude Aguerre y Xavier Phillipe Larralde, acusados por la causa que se investiga la pertenencia de los partidos ANV y PCTV a la banda terrorista; así como en el caso contra el etarra Jorge Olaiz por el intento de asesinato de un concejal de UPN. En ambos procesos, el magistrado forma parte del tribunal que debe enjuiciarlos.

De Prada participó en un acto organizado el pasado día 14 en Tolosa (Guipúzcoa) por Bizikidetza Foroa bajo el titulo “Excepcionalidad jurídica en Euskal Herria”, en el que el magistrado de la Audiencia Nacional dijo textualmente, entre otras cosas, que en España se han producido “de una manera clara (…) muchos casos de tortura”. También sostuvo que la respuesta del Estado “no ha sido conveniente, no ha sido acorde con lo que es un Estado de derecho”.

“Comprometen seriamente su imparcialidad”

El magistrado defendió en su intervención que la ley establece “una derogación de derechos fundamentales tanto en la detención como en las posibilidades de comunicación con otras personas y de ser asistido por sus propios letrados” de los detenidos que, en palabras del juez, es “un caldo de cultivo tremendo para que estas personas puedan ser obligadas a no declarar voluntariamente sino forzadas”.

La AVT entendió que las manifestaciones del magistrado, quien también aseguró que se han traspasado los límites de lo permisible del Estado de Derecho y afirmó que la ley ha derogado derechos fundamentales en referencia a la detención incomunicada, “suponen opiniones que comprometen seriamente su imparcialidad”, y por tanto debe quedar apartado de los casos en los que se enjuicien a miembros de la banda terrorista.

Para la asociación de víctimas, el lenguaje empleado por De Prada es “similar al usado por los presos y resto del colectivo de ETA y también utilizado por los propios profesionales que prestan asistencia jurídica a los miembros de ETA”, expresiones que, a juicio de la asociación, “no le sitúan en una posición ajena a los intereses en juego”.