El juicio celebrado esta semana sobre nueve miembros de Ekin -el aparato político de ETA- ha causado tribulaciones entre las víctimas del terrorismo. Los nueve procesados por la Audiencia Nacional, tras reconocer que formaban parte de la banda terrorista, han renunciado a la violencia. Una circunstancia pactada con la Fiscalía y con la acusación que les servirá para reducir sus condenas y eludir las penas de prisión.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) denuncia que la "estrategia de pactos judiciales" favorecerá "la impunidad frente al terrorismo y su blanqueamiento": "No es la primera vez que miembros de ETA negocian con Fiscalía y acusaciones populares para evitar la cárcel a cambio de reconocer su participación en los hechos -señala la organización a través de un comunicado-. Este tipo de acuerdos se han producido en procesos como el juicio contra 35 miembros de la reconstruida Batasuna".

De acuerdo al resultado celebrado este martes en la Audiencia Nacional, ocho de los nueve procesados redujeron su condena de 9 años de cárcel a penas entre 21 y 24 meses, con las que eludirán la prisión. El noveno, Ugaitz Elizaran, pasó de 12 años a dos años, tres meses y un día. El tribunal deberá resolver si queda en libertad condicional.

Esta circunstancia atenuante se enmarca dentro del pacto entre los nueve procesados con la Fiscalía y las acusaciones de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia. Fuentes jurídicas consultadas por EL ESPAÑOL señalan que este tipo de acuerdos son "habituales" para agilizar los trámites, que, en caso de alargarse excesivamente, podrían conducir a la prescripción de las penas.

COVITE, no obstante, considera que "las dilaciones indebidas no pueden conducir a una Justicia pactada con ETA, ni siquiera bajo el pretexto de pacto o absolución": "Igual que en el juicio de las herriko tabernas -sostiene el colectivo en su comunicado-, si las dilaciones indebidas hacen que los acusados eludan prisión, eso será responsabilidad de la Administración de Justicia, que no debe trasladar a las víctimas del terrorismo obligaciones y responsabilidades que corresponden al Estado de derecho".