Miembros de ETA. Terroristas. Las nueve personas que fueron juzgadas ayer en la Audiencia Nacional por pertenecer a Ekin se enfrentaban a penas de prisión de hasta doce años por dirigir una organización que controlaba todos los frentes del entorno de ETA. A ellos les debemos el control de la kale borroka, las hordas de cachorros de la banda terrorista que sembraban el terror cada fin de semana. De ahí que Ekin, judicialmente, se considerara “parte imprescindible” de ETA. Sin embargo, ayer, en la Audiencia Nacional, se intentó enviarnos el mensaje de que formar parte de ese entramado terrorista quizá no fuera para tanto.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, junto a las acusaciones particulares, pactaron con los nueve miembros de Ekin que si reconocían el delito de integración en organización terrorista, evitarían la cárcel. De acuerdo con el apartado 4 del artículo 579 del Código Penal, introducido en la última reforma, los pactos de conformidad están permitidos “cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido”. Formar parte de una organización terrorista no es un hecho “de menor gravedad”, al contrario, es un delito extremadamente grave. Aun así, el acuerdo ha salido adelante pagando el precio de admitir que pertenecer a una organización terrorista es un delito “de menor gravedad”. Ni mucho menos. Se trata de hechos graves desde un punto de vista objetivo y desde un punto de vista ético. Son hechos graves en la memoria colectiva y desde luego y particularmente, en la memoria de las víctimas.

La contrapartida que se nos proporciona para explicar esta cesión es que los acusados, y por extensión el entramado de organizaciones del entorno de ETA, reconocen efectivamente que eran parte de ETA y se comprometen a que no participarán en hipotéticas acciones violentas futuras. Algo así como que si un violador promete que no va a volver a violar, se acepta su promesa y se accede a pactar con él para reducir su condena.

Desde enero hemos asistido a la repetición de pactos de conformidad que dejan a terroristas en la calle. La izquierda abertzale los llama “modelo para vaciar las cárceles”, en una descarada afirmación en la que reconocen que esta estrategia no es más que un nuevo intento de blanqueo para evitar engrosar el número de presos de ETA. ¿Y encima pretenden plantearlo como un hito de reconocimiento y reparación a las víctimas? ¿Asumir con toda desfachatez que siguen orgullosos de lo que han hecho y decirnos que no es grave, repara a las víctimas? Si esta es la Justicia sobre la que se va a asentar la derrota de ETA, permítanme que diga que no estoy dispuesta a asumirla.

En este asunto existe, además, una cuestión de fondo: con los terroristas no se negocia. Ni en un caserío del País Vasco, ni en un despacho de Noruega ni en una sala de la Audiencia Nacional. No existe ningún motivo que justifique prestarse a una Justicia negociada y pactada con ETA, menos aún en sede judicial, en la sede de un sistema legal que los terroristas aún no reconocen como legítimo y que durante décadas se han empeñado en destruir. Ni siquiera en el supuesto de que las acusaciones se enfrentaran a la disyuntiva de que, de no haber pacto, los acusados tenían una alta probabilidad de ser absueltos. Negociar para que no se enjuicie a terroristas no responde al interés de las víctimas, sino todo lo contrario. Al menos en mi nombre y en mi interés, no.

Consuelo Ordóñez es la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y hermana de Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995.