El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata envía a juicio al ex presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino y otras 22 personas por las irregularidades en la contratación de las pantallas y megafonía con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. Entre los acusados también figura el ex director de la televisión pública Pedro García Gimeno, varios altos cargos de la televisión  pública valenciana así como los responsables del llamado " grupo Correa" Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y José Ramón Blanco Balín.

En el auto, el juez fija nueve delitos: asociación ilícita, delito continuado de prevaricación, delito de malversación continuada de caudales públicos, delito de fraude a las administraciones públicas, delito continuado de falsedad documental cometido por funcionario, delito continuado de falsedad en documento mercantil, cinco delitos contra la Hacienda Pública, un delito continuado de blanqueo de capitales y un delito continuado de cohecho. 

Asimismo, fija fianzas que superan los 200 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse en sentencia. El magistrado dicta la apertura de juicio oral después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara su escrito de acusación, en el que pide 11 años de prisión para Cotino y 40 años para el exdirector general de la radio pública valenciana, que se enfrenta a 40 años de cárcel.

Para Correa, el Ministerio Público solicita 38 años de cárcel, así como sus manos derechas, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, que se enfrentan a 37 años de prisión por múltiples delitos. El entramado empresarial de Correa aprovechó la visita del papa, en junio de 2006, para lograr la adjudicación de forma ilícita de contratos públicos, apoderándose de fondos públicos para su enriquecimiento personal.

En otro auto el juez se inhibe en favor de los juzgados de Valencia en relación con la pieza incoada recientemente por la que se  ampliaba la investigación sobre las operaciones  realizadas y los posibles delitos cometidos en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las familias desde su constitución, en enero de 2005 hasta su extinción en marzo de 2014.

En línea con lo expuesto por la fiscalía, el juez considera que los hechos de esta pieza separada han sido cometidos en Valencia y carecen de conexión con el objeto de cualquiera de las demás piezas referidas. 

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