El conflicto por el desalojo del 'banco expropiado' del barrio de Gracia en Barcelona alcanza una dimensión judicial. La Fiscalía ha abierto una investigación al exalcalde de Barcelona Xavier Trias (CiU) por un delito de malversación. al haber estado pagando durante un año el alquiler del "banco expropiado" del barrio barcelonés de Gràcia con fondos municipales.
Según ha informado el ministerio público, la Fiscalía de Barcelona ha encargado a la Policía Nacional que investigue los pagos del alquiler del local ocupado, que ascendieron a 65.500 euros en un año, a la inmobiliaria propietaria de la finca.
El equipo municipal anterior pagó durante unos meses el alquiler del local, de 5.500 euros mensuales -el portavoz municipal de CiU, Joaquim Forn, dice que fue para dar tiempo a buscar soluciones-, algo que desconocían los 'okupas' y que canceló el actual Ejecutivo de Barcelona en Comú.
A raíz de los altercados de los últimos días, la Fiscalía ha tenido conocimiento de que Trias "decidió suscribir" un contrato de arrendamiento de un año con la empresa propietaria del local, Antartic Vintage S.L., por un precio de 65.500 euros.
Dicha renta fue "puntualmente satisfecha" por el Ayuntamiento hasta la finalización del contrato, mientras que el nuevo equipo municipal, liderado por Ada Colau, decidió no renovarlo.
"Lo hicimos por el interés general"
Esta misma mañana, el exalcalde de Barcelona aseguraba antes de conocer las diligencias de la Fiscalía que el Ayuntamiento decidió pagar el alquiler okupa "mientras se buscaba una solución".
Trias también ha reconocido en el programa de Carlos Alsina que los okupas del banco expropiado no estaban "al tanto" de que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal pagara el alquiler: "De habéselo planteado, hubiesen dicho que no, ya que son un movimiento revolucionario que lo que buscan es el follón".
El líder de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que el pago del alquiler de la antigua sucursal 'okupada' de Gràcia se "ajustó a derecho" y se tomó por interés general y para evitar disturbios como los producidos tras el desalojo del pasado lunes.
"Tomamos la decisión como gobierno para ganar tiempo y encontrar una salida que evitara un grave perjuicio para la ciudad", ha defendido en rueda de prensa tras conocer la decisión de la Fiscalía-
Acompañado por otros siete concejales de CiU, Trias se ha puesto a disposición del Ministerio Público y ha insistido: "Esta es una decisión con la que políticamente se puede estar o no de acuerdo, pero estamos seguros de que es adecuada a derecho, y de que lo hicimos por el interés general de la ciudad".