El ex número 3 de Santamaría frenó un acuerdo con FCC al detectar a Anticorrupción

Federico Ramos de Armas fue hasta enero el subsecretario de Presidencia y, por tanto, número 3 de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando tuvo que dimitir de manera forzosa tras conocer su implicación por el 'caso Acuamed'. Previamente había ocupado el cargo de secretario de Estado de Medio Ambiente y fue entonces cuando el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospecha que intentó beneficiar a la empresa FCC con 40 millones de euros. Del sumario se desprende ahora que él mismo fue quien dio instrucciones de paralizar el asunto tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción había iniciado una investigación.

Así lo confesó ante la Guardia Civil la directora de Ingeniería de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Gabriela Muñeco tras ser detenida en la operación dirigida por Velasco e iniciada tras una querella de la propia Fiscalía Anticorrupción.

En esa declaración, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los agentes le preguntan sobre un acuerdo transaccional entre Acuamed y FCC en el marco del contrato de Bajo Almanzora, en Almería, por el cual la empresa pública iba a asumir parte del coste del arreglo por una inundación de la obra, y que los investigadores sospechan era irregular.

La directiva explica que no se llegó a firmar, aunque hubo borradores en los que se habría acordado el pago de la reparación de la planta al 40% Acuamed y al 60% FCC. “Pero a raíz de la solicitud de información por parte de la Fiscalía Anticorrupción, Arcadio Mateo -director general de la empresa pública- me comunicó que tenía instrucciones del secretario de Estado de Medio Ambiente, que en aquel entonces era Federico Ramos, de paralizar ese tema, y se han reiterado esas instrucciones”, asegura.

La Fiscalía pidió datos a Acuamed

Fuentes del caso señalan que tras recibir una denuncia de un empleado de Acuamed, Anticorrupción comenzó a recabar información para conocer la trascendencia de lo denunciado. En el marco de esas diligencias, el Ministerio Público requirió información a la propia empresa, lo que hizo saltar todas las alarmas. Es más, estas mismas fuentes indican que tras este requerimiento se llevaron a cabo modificaciones de cuentas y contratos, que han sido interceptados por la Guardia Civil en el análisis de los correos electrónicos requisados a los investigados.

Tras esa alarma, Ramos habría ordenado paralizar el acuerdo presuntamente irregular y por lo que se iba a pagar a FCC los desperfectos provocados por la inundación. Por un lado, Acuamed iba a asumir el 40% de los gastos a pesar de que no le correspondía. Pero el otro 60% que teóricamente tenía que asumir la constructora se le iba a pagar a través de sobrecostes en otras obras acordadas con Acuamed. Y todo esto se iba a hacer, según las sospechas de Velasco y Anticorrupción, con el beneplácito del secretario de Estado, en ese momento Federico Ramos.

En uno de los autos judiciales de la causa, Velasco apuntaba directamente a altos cargos del Ministerio de Agricultura en los años 2015 y 2016, cuando la titular era Isabel García Tejerina, quienes habrían pactado con FCC contratos por valor de 40 millones de euros para compensar unas pérdidas que la empresa iba a tener por la inundación de aquella obra. El magistrado destaca que el precio pactado estaba recogido en los Presupuestos Generales de 2015 y después en los de 2016.

Para llevar a cabo este plan, altos mandos del Ministerio acordaron cubrir en "compensación indebida" a través de los Presupuestos Generales de 2015, fijando un monto de diez millones de euros, más 20 millones para llevar a cabo la descontaminación del pantano de Flix, que se iba a adjudicar a FCC, fijando precios irreales para llevar a cabo esa compensación. Esta compensación no llegó a ejecutarse tras conocer la existencia de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que originó la causa que acabó con la detención de trece personas. Según la directora de Ingeniería, quien dio la orden de paralizarlo fue el propio Ramos.

El Ministerio ordenó solventar los problemas

La Guardia Civil hizo hincapié durante el interrogatorio a la directiva de Acuamed en por qué se le mando al Ministerio de Medio Ambiente un listado de las obras en ejecución por FCC, además de por qué hubo tantos esfuerzos en pagar a la constructora 36 millones de euros por el contrato de Flix. Según Muñeco, este tipo de peticiones por parte del Ministerio eran “habituales, cuando un contratista va a visitar a la directora general del Agua, al secretario de Estado o al ministro, para ponerles al corriente de todas las obras que el contratista tiene en ejecución”.

Respecto al contrato de Flix, la directiva negó que se pretendiera compensar en ese contrato las deudas de otros. Pero sí reconoció que fue a instancias del Ministerio de Medio Ambiente que había interés por “solventar” los problemas del propio contrato. Respecto de la deuda de 36 millones de euros que supuestamente se debía a FCC por esa obra, aseguró que se debió a una mal certificación y hubo un desfase de esa cantidad.

“Lo que sí se ha estado haciendo estos últimos meses es intentar descertificar todo lo que no estaba bien, y dejar sólo lo que estaba certificado y comprobado. Además, habría que hacer por una parte un modificado del contrato, y por otra una convalidación, para terminar de regularizar todo”, aclaró.

“El apaño hay que moverlo”

Aunque esta directiva negara que hubiera ningún interés espurio ni irregularidad en el pago de esos 36 millones de euros a FCC, la Guardia Civil tiene en su poder una conversación entre ella y el responsable de contratación, Pablo Martín, en relación a la obra de Flix, en el que éste le dice:

“Gabriela, el acuerdo, apaño, convalidación, reclamación o como coño se quiera llamar de Flix hay que moverlo, y que lo pongan el 28 de julio de director de Obra que intentó empezar a resolverlo el 31 de julio ... no todavía no lo resuelvas, intentó en agosto resolverlo, no, todavía no, oye, y que han dicho que eso en septiembre se resuelve, y que cualquier día le prenden fuego al director de Obra de allí ¿sabes? los de FCC ¿No? les debemos 38 millones de euros y que se pone el traje de picador y lo de quitar hierro al asunto le da resultado.