El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid investiga una querella presentada contra la cúpula de Renfe e Ineco por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El escrito -admitido a trámite la pasada semana y que señala entre otros al actual presidente de Renfe, Pablo Vázquez Vega, y a su mano derecha Berta Barrero- pide la imputación de 47 personas por contratar a 231 personas por medio de empresas de trabajo temporal tras el expediente de regulación de empleo que sufrió la empresa pública Ineco en 2013, con Vázquez al frente de la misma.

Tal y como reveló EL ESPAÑOL, tras la firma del ERE que afectó a 382 trabajadores, la empresa creó una bolsa de trabajo con la que -según el acuerdo firmado- se comprometía a recolocar durante tres años a cualquiera de los despedidos si necesitaba cubrir puestos de trabajo con un perfil coincidente. Sin embargo, pese a que Ineco ha contratado desde entonces a más de 276 personas, solo 24 han salido de esa bolsa de empleo ¿El motivo? Según la denuncia, tanto los representantes de la empresa como los de los trabajadores, omitieron de forma deliberada la información de que todos los afectados por el ERE debían apuntarse a la citada bolsa, algo que según los denunciantes, nunca se comunicó a la plantilla, ni antes ni después de los despidos.

Más de siete millones en contratos

Así, el 15 de enero de 2016 siete ex empleados de Ineco presentaron una querella criminal contra el actual presidente de Renfe -antes al frente de Ineco-, su mano derecha, su sucesor en el cargo, jesús Silva, el director de recursos humanos, Jorge San José Torija y otras 13 personas relacionadas con la dirección de la empresa y su departamento de recuros humanos. Además, la denuncia señala también a todos los miembros del Comité de Empresa que negociaron el acuerdo y a tres asesores sindicales vinculados a Comisiones Obreras. A juicio de los denunciantes, la bolsa de empleo fue "ocultada de manera deliberada, tanto por los representantes de la empresa como por los representantes de los trabajadores y los formantes del acuerdo del ERE". 

La querella admitida a trámite la semana pasada por los juzgados de Madrid refleja cómo tras los despidos en Ineco, la empresa emprendió nuevas contrataciones con varias empresas de trabajo temporal. En total, la sociedad pública ha firmado contratos por valor de 7,7 millones de euros con una ETT (Personal 7) y dos portales especializados en este tipo de contratos.

Para los querellados, la denuncia pide penas de 6 meses a tres años y multa de 6 a 12 meses. Según la documentación judicial, la querella ha sido trasladada ya a Ineco para que, en un plazo de 20 días, aporte la documentación "relativa a los hechos expuestos y efectúe las alegaciones que estime oportunas". 

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