David Marjaliza hizo de la corrupción un negocio. Tanto que, además de beneficiarse por sus contactos con una decena de alcaldes y responsables públicos de la Comunidad de Madrid, hizo del pago de sobornos otra línea de ingresos. Ante el juez Eloy Velasco, el constructor reconoce que además de sus mordidas personales, compraba a cargos públicos a petición de terceros. En estos casos, era él quien adelantaba el dinero, para cobrarlo después a la empresa peticionaria con un suplemento del 8%.
Este método fue el que Marjaliza utilizó, según él mismo reconoce al juez, para corromper al menos a siete alcaldes y concejales de la Comunidad de Madrid en beneficio de la empresa de eficiencia energética Cofely. El sumario del caso investiga la concesión de 115 millones de euros en contratos públicos para esta multinacional francesa, que según Marjaliza le abonaba después el dinero de las mordidas por medio de facturas de colaboración con apariencia legal.
"El pago de corrupción, la dádiva, la adelantaba al político ¿Y luego a Cofely se la prorrateaba en los años de contrato?", preguntaba una de las fiscales al respecto. "Sí. Con los impuestos y los intereses. Creo que eran del 8%. Entre el 8 y el 10", reconoce el empresario vinculado con Francisco Granados. "Si yo adelantaba en Parla, creo que eran 500.000, como yo lo tengo que recuperar en oficial le aplicaba el impuesto de sociedades en aquel momento y lo repartíamos entre los años que tenía de contrata".
Planes financieros
Marjaliza llamaba a esta forma de comprar funcionarios públicos un "plan financiero". En los registros de su oficina, los agentes de la UCO localizaron un correo electrónico con un cuadrante enviado a los responsables de Cofely. El empresario de Valdemoro reconoce en su declaración que las cifras corresponden presuntamente al dinero adelantado por Marjaliza en distintos municipios madrileños para comprar voluntades. Un dinero que después era retornado por la multinacional francesa a lo largo de los años. Así, ninguno de sus empleados o directivos corría el riesgo de ser vinculado con la primera línea de la corrupción, pese a que -entre impuestos y la comisión de Marjaliza- el sistema incrementaba el precio del soborno cerca de un 40%.
Tras describir el sistema al juez Eloy Velasco, Marjaliza comenzó a relatar los ayuntamientos donde había intentado comprar a funcionarios públicos: Parla, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Valdenmoro, Móstoles, Serranillos de Valle o Almendralejo fueron algunas de las localidades enumeradas por el hombre de confianza de Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid y principal imputado en el caso.
La pregunta del magistrado tras el listado municipal no deja lugar a dudas "¿Todo siempre en efectivo? ¿En billetes grandes?" La contestación de Marjaliza tampoco. "En su mayoría grandes, pero había que llevar pequeños también?" ¿Y a través de Ana Ramírez (secretaria del empresario) se hacían los pagos?". "Los hacía yo", asevera Marjaliza sin dudar, reconociendo la autoría de los pagos.
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