La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha cerrado la primera ronda de comparecencias en la comisión de investigación sobre los fondos de formación en el Parlamento andaluz. Lo ha hecho con sus conclusiones bajo el brazo: no hubo ninguna trama “rocambolesca” ni una conspiración general para un fraude que pusiera de acuerdo a funcionarios e interventores desde Almería hasta Huelva y no ha habido menoscabo de fondos públicos. Pero también le ha servido para defender a quien desde hace tiempo venía siendo objeto de los ataques del PP: su marido, José María Moriche, que trabajó durante ocho años como auxiliar administrativo para UGT y para una fundación dedicada a impartir cursos, y cuya nómina aparece en un expediente de reintegro.
Susana Díaz culpa al Gobierno de no paralizar a tiempo los cursos de formación
El PP tenía la oportunidad de oro de atacar a Díaz y más aún en plena precampaña electoral. El margen de maniobra era escaso porque cuando llegó al Gobierno andaluz, la presidenta mantuvo la paralización de los cursos de formación y por eso ha recurrido a su marido. En ese momento, ni siquiera un convenio firmado con UGT por Díaz en 2011, cuando era secretaria de Organización del PSOE-A sobre el que el PP siempre ha puesto el foco por si se hubiera beneficiado directa o indirectamente su partido, ha merecido una sola pregunta.
La estrategia del PP era clara y la tensión ha subido en el turno de la portavoz del PP, Teresa Ruiz Sillero. Le ha preguntado a Díaz cuánto dinero ha entrado en su casa a cuenta de los cursos de formación para el empleo. Díaz no es que haya sacado las uñas, porque lo que ha sacado de una carpeta ha sido la vida laboral y las nóminas de su marido. Porque ella, ha dicho, sí sabe lo que gana su marido, sabe qué coche hay aparcado en su garaje o con qué dinero se pagan los cumpleaños y no es el tipo de mujer que ignora esas cosas. Ha querido así dar un cerrojazo a los meses en los que el PP viene sembrando dudas sobre su marido. Según ella, se trata de “insidias” y “calumnias” que generan indefensión a un “trabajador”, de los 3.000 que tenía el Instituto de Formación y Estudios Sociales (fundación de UGT).
Díaz ha llegado a relatar que el salario de su marido estuvo entre los 700 y los 1.200 euros y que dejó el puesto al llegar ella al Gobierno andaluz en 2012. “Me he casado con un tieso, sí y qué pasa”, ha dicho. A lo largo de su intervención, Díaz ha provocado la portavoz popular, denostándole por el “papel” que le habían dejado en la comisión. “Le falta valor y gallardía y enmascara las preguntas para calumniar e insultar. Si no lo hiciera, ya sabe dónde acabaríamos las dos”, le ha espetado. Esto ha acabado en varios rifirrafes, interrupciones y llamadas al orden del presidente de la comisión.
Lejos de amedrentarse, Ruiz Sillero ha señalado que, en esos años, han podido entrar 200.000 euros en casa de Díaz vía UGT. La portavoz ha recordado que esas nóminas aparecen en un expediente de reintegro por 12 millones, que están computadas como gasto por servicio de preparación, tutoría y evaluación de cursos y cobradas “indebidamente”, según el PP (Moriche era auxiliar administrativo). También la popular ha insistido en si “ha influido su situación familiar” en la decisión de paralizar los cursos de formación cuando llegó a la Junta. La pregunta, formulada en varias ocasiones se ha quedado sin respuesta. Díaz tan sólo se ha limitado a ofrecer las nóminas de su marido al PP para que las examinase.
Díaz también ha recordado que ha habido familiares de dirigentes populares que han recibido dinero de los fondos de formación. Entre ellos ha citado al marido de la diputada Carmen Crespo (cuando era alcaldesa de Adra) o los hermanos de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez (ha habido más de una alusión a su decisión de no comparecer parapetándose tras un informe del Consejo de Estado).
Las sedes compartidas por UGT y el PSOE
Sobre el convenio firmado con UGT para compartir un aula de la casa del pueblo de Torreperogil (Jaén) para impartir cursos a cambio de un alquiler y que fue apuntado por la anterior juez del caso, Mercedes Alaya, como una posible vía de financiación ilegal del partido, el PP no ha preguntado. Quién sí lo ha hecho ha sido Ciudadanos. La parlamentaria Marta Bosquet le ha pedido que aclare si ha habido más convenios como éste en otros municipios y si el PSOE ha sacado algún tipo de beneficio por ese alquiler.
La respuesta de Díaz ha sido recordar que esos convenios tienen su origen en 1908, cuando UGT y PSOE compartían sede y que tras 40 años cerradas, se han ido recuperando como patrimonio común con esos convenios. Admitió haber firmado el de Torreperogil, pero gracias a que éste no se desarrolló no hubo alquiler que beneficiara al PSOE. De hecho, ha recordado que las cuentas fueron investigadas judicialmente y no hubo rastro alguno de financiación ni ingreso sospechoso. Sin embargo, al ser cuestionada por el alquiler que UGT sí pagó al PSOE por su sede en Nueva Carteya (Córdoba) y que supuso el desembolso de 500 euros, replicó desafiante: “¿Qué financiación de partido se mantiene con 500 euros?”.
Decisión contundente
Aparte de justificar lo que personalmente más le salpicaba, la presidenta andaluza ha aprovechado su intervención para justificar por qué mantuvo la paralización de los cursos. Una “decisión contundente”, amparada en los informes de los interventores de la Cámara de Cuentas y por la alerta desatada con las operaciones policiales y causas judiciales con el que quiso erradicar las posibles “fugas” que pudiera haber el sistema (un guiño para recordar que es hija de fontanero). Lamentó que el Gobierno central no hiciera lo mismo después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, detectara las mismas “deficiencias” del sistema y que fueron señaladas por el Tribunal de Cuentas.
Mantuvo que su decisión fue “lo correcto”, no tanto porque pudiera haber irregularidades, sino porque las siguientes convocatorias puedan salir con todas las garantías. Y en este punto, ha adelantado que la próxima convocatoria va a adaptarse a la normativa estatal modificada, y va a ser más garantista en el porcentaje de concesión. Si ahora es de un 75% del pago de la subvención para el inicio del curso y el 25% una vez justificados los gastos, ahora pasa a ser de un 60% y 40%, respectivamente. Además, no podrán concurrir las empresas o empresarios que hayan sido sancionados o condenados por casos de corrupción. Una medida que, como aseguró, debería ser imitada por otras administraciones.
Su comparecencia también le ha servido para ajustar las cifras astronómicas que se han manejado sobre este escándalo. De los 3.000 millones destinados a la formación para el empleo entre 2001 y 2011, Díaz ha asegurado que, hasta ahora, tan sólo la Junta ha reclamado en firme 90 millones. Un millón ya ha sido abonado de manera voluntaria y hay otros dos en la vía ejecutiva.