Ahora Madrid, cuando okupar es "habitar"

Esta vez, el código ético de Ahora Madrid no pone contra las cuerdas a Guillermo Zapata. La tabla de mandamientos del equipo de Gobierno de Carmena obliga a dejar su puesto a todo aquel que sea imputado por delitos relacionados con la corrupción, la prevaricación con ánimo de lucro, el tráfico de influencias, el enriquecimiento injusto, el cohecho, la malversación y apropiación de fondos públicos, el racismo, la xenofobia, la violencia de género o la homofobia. También toda acción que pueda atentar contra los Derechos Humanos. Pero la okupación no tiene hueco en este listado.

"Sabemos que el activismo, a veces, tiene consecuencias legales", explicaba Rita Maestre. Y la imputación de Zapata es una de ellas. El guionista participó en la ocupación de un edificio en la calle Pez, donde estuvo alojado el Patio Maravillas durante cuatro años. De ahí que el juez le haya llamado a declarar por un presunto delito de usurpación en su grado más leve: "El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses", reza el Código Penal.

"No tiene nada que ver con nuestro código ético"

"Los hechos no tienen nada que ver con nuestro código ético", continuaba Maestre. En esta ocasión, el concejal no tendrá que lidiar con el conjunto de principios del movimiento del que forma parte, como sí tuvo que hacer cuando se le imputó un delito de humillación a las víctimas a raíz de sus tuits.

Lejos de negar su participación en la ocupación de este edificio en el barrio de Malasaña, Zapata acudió al magistrado con un dossier de las actividades que allí había desarrollado. En su Facebook reconoce que "ahora no es activista, es un concejal", pero tanto él como el Gobierno de Carmena cierran filas: "Ni nos arrepentimos ni pediremos perdón por nuestro pasado".

En el comunicado que Ahora Madrid ha escrito para defender a Guillermo Zapata no se menciona la palabra 'okupación'. Hablan de "normalizar la cesión de espacios" y justifican acciones como la del Patio Maravillas: "Un edificio abandonado es un edificio muerto y supone riesgos para la seguridad del resto de edificios colindantes. Habitar estos espacios en tanto que no están siendo utilizados ni cuidados por sus propietarios minimiza el riesgo en la seguridad y promueve beneficios sociales para el entorno, siempre que las actividades realizadas en ellos sean de libre acceso para todas las personas en igualdad de condiciones".

"No ha sido delictivo ni mucho menos"

"La actividad del Patio Maravillas no ha sido delictiva ni mucho menos", concluyen. En el término 'habitar' es donde difieren con el Código Penal, que habla de 'ocupar'.

El Gobierno de Carmena, por tanto, no ha incluido este delito como causa de dimisión en su manifiesto ético porque no sólo no lo considera delictivo, sino que "se enorgullece" de él, aunque ya han manifestado que su labor ahora es otra. Zapata recalca en su Facebook que dejó el Patio Maravillas cuando entró en las instituciones para respetar el apartidismo de este colectivo.

Sobre el juicio: "No nos genera ningún problema"

"Estamos orgullosos de haber defendido los accesos a la ciudad. El Patio Maravillas ha sido un ejemplo de cómo la ciudadanía abre y llena de vida los espacios". Con estas palabras justificaba Rita Maestre la actuación de Zapata.

"No nos genera ningún problema y creo que a nuestros votantes tampoco", concluía su defensa la portavoz del Ayuntamiento. "Quienes apoyaron a Ahora Madrid conocían nuestro pasado activista. Nuestras biografías son públicas".

La citación judicial ha llegado a Guillermo Zapata a falta de un mes de que el caso prescribiera. Maestre no llegó a acusar al magistrado de un uso político de la Justicia, pero Ahora Madrid sí que lo deja caer en su escrito.

Aunque la información no trascendió antes, Rita Maestre aseguró que tanto ella como Carmena y algunos otros concejales eran conscientes de esta posible imputación. Como reiteró la portavoz, "el activismo a veces tiene consecuencias legales".