Después de un año y medio de proceso judicial, iniciado tras una denuncia suya, la empresa Nivel 29 S.L. retiró este viernes la acusación por un delito de usurpación que venía manteniendo contra cuatro activistas de la iniciativa okupa Patio Maravillas, uno de ellos el hoy concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata.
La retirada de la acusación, formalizada al principio del juicio por el representante legal de la mercantil sin explicar ningún motivo, dejó en las manos de la Fiscalía la tarea de defender el derecho a la propiedad de la empresa.
El Ministerio Público mantuvo su criterio y solicitó para cada uno de los acusados una pena dentro del rango más bajo, 1.800 euros de multa. Pero la renuncia por parte de la propietaria del inmueble ocupado debilitó la posición acusatoria. Como se encargó de subrayar el abogado de la defensa, Luis Miguel Sanguino (ex concejal de IU en Rivas Vaciamadrid), si la dueña del inmueble hubiera visto su derecho a la propiedad lesionado "con intensidad suficiente" no hubiera retirado la acusación, argumento que anudó a la tesis de que la reacción penal frente a los okupas del Patio Maravillas es "desproporcionada", no respeta el principio de que el Código Penal ha de ser siempre el último recurso y la empresa pudo y debió acudir a la vía civil para recuperar el uso del inmueble.
De acuerdo con la acusación de la fiscal, las diversas asociaciones que desde 2010 ocupaban el inmueble de la calle Pez número 21 de Madrid siguieron desarrollando en él actividades a partir de diciembre de 2013 (cuando el edificio fue adquirido por Nivel 29 S.L.) "a pesar de carecer de título jurídico para ello y de haber sido requeridas por la empresa propietaria para el desalojo".
El representante legal de Nivel 29, que declaró como testigo, explicó que en febrero de 2015 acudió a la calle Pez con un notario que notificó un requerimiento de desalojo en 10 días con la advertencia de que los okupas estarían incurriendo en un delito de usurpación del inmueble.
Pacto ignorado
El requerimiento fue recogido por una persona "que no se quiso identificar", dijo el representante de la empresa, pero posteriormente "tres o cuatro representantes" de las asociaciones del Patio Maravillas iniciaron con él una negociación que acabó en abril de 2014 con la firma de un acuerdo privado en el que se comprometían a abandonar Pez, 21 antes de septiembre de 2014.
El día 15 de ese mes el abogado de la asociación Patio Maravillas le entregó la llave del edificio, pero el representante de la propiedad no pudo entrar "porque la puerta estaba atrancada por dentro".
Desde los balcones, varias personas manifestaron "que no les vinculaba el pacto y que no estaban de acuerdo con desalojar el edificio".
La Fiscalía sostiene que los cuatro acusados estaban en los balcones porque en octubre de 2014 sus firmas aparecen en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid, que había iniciado un procedimiento penal por usurpación tras la denuncia presentada el 19 de septiembre por la empresa propietaria.
En ese escrito, Zapata, Carlos G., Julia A. y Marina R. se calificaban de "representantes" de las organizaciones que desarrollaban actividades sociales y culturales en el Patio Maravillas y pedían personarse en el procedimiento.
Los cuatro acusados trataron de desvincularse de ese documento y hasta negaron su presencia en el Patio Maravillas a partir de febrero de 2015, cuando el Juzgado dictó una orden de desalojo que no se ejecutó hasta junio. Explicaron que firmaron ese escrito porque en una asamblea se abordó el problema del desalojo, "se pidieron voluntarios" para ir al Juzgado y ellos se ofrecieron, pero en realidad no eran los representantes de los colectivos que seguían ocupando el inmueble.
Las bazas de la acusación
Ese escrito enviado al Juzgado y un fax dirigido a la empresa por los cuatro acusados en el que explicaban las actividades que desarrollaban en el Patio Maravillas son las principales bazas de la acusación pública, que subrayó que "ellos se identificaron en esos documentos como representantes, aunque ahora vengan a decir poco menos que pasaban por ahí".
La fiscal admitió que "debía haber más acusados, pero el procedimiento ha llegado hasta donde ha llegado".
La defensa subrayó, por contra, que ninguno de los requerimientos de la propietaria dle inmueble se dirigió personalmente a ninguno de los cuatro acusados, "que en ningún momento se opusieron al desalojo" y que abandonaron el Patio Maravillas en cuanto el Juzgado ordenó esa medida.