Joan Manel Abril, el juez que ha instruido la causa penal por la celebración de la consulta independentista del 9N pese a estar suspendida por el Tribunal Constitucional, ha comunicado este lunes al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que va a pedir la excedencia voluntaria en la carrera judicial para ocuparse con plena dedicación de la presidencia del Tribunal Superior del Principado de Andorra.
Justo este junio se cumplen cuatro años de la designación de Abril como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a propuesta del Parlament. Fue CiU la que arropó su elección como magistrado y su integración directa en la Judicatura por el llamado 'turno autonómico': los Parlamentos de las comunidades autónomas tienen la potestad legal de proponer a la mitad de los jueces integrados en las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ. Son juristas que, sin pertenecer a la carrera judicial ni superar la oposición de ingreso, acceden directamente a esas relevantes Salas encargadas de investigar y juzgar los delitos de los aforados autonómicos.
La instrucción de la causa del 9N, sin duda la más relevante a la que se ha enfrentado en los últimos años no sólo Abril sino posiblemente todo el Tribunal Superior de Cataluña, se ha desarrollado "de forma impecable" y "sin dejarse influir por nadie", coinciden todas las fuentes de la carrera judicial y de la Fiscalía.
Indicios contra la cúpula de la Generalitat
A Abril no sólo le correspondió tomar declaración como imputados al entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y a la ex consejera de Educación Irene Rigau sino que también halló indicios contra el ex consejero de Presidencia, Francesc Homs. Ello le obligó a elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo dado el aforamiento de Homs como diputado en el Congreso.
En la exposición al Supremo, Abril sostuvo que hay indicios de delitos de desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de fondos públicos en los cuatro ex altos cargos del Gobierno catalán.
Abril ha anunciado su salida de la carrera judicial cuatro días después de que decidiera ampliar en 12 meses más el plazo de instrucción del proceso por el 9N. La instrucción está prácticamente acabada y distintas fuentes judiciales han señalado este lunes que "no se entendería" que el instructor se marchara sin haber decidido sobre el paso a la fase de preparación del juicio oral.
La idea de Abril es que la excedencia no se haga efectiva sino a partir del 1 de julio, pero no se sabe si será él o bien el magistrado Francisco Valls, al que corresponde asumir sus asuntos penales, el que resolverá sobre el llamado auto de transformación, que representaría poner a Artur Mas y a sus antiguos subordinados a un paso del banquillo.
La escisión de la causa
La decisión del Supremo de asumir la investigación que afecta a Homs pero no lo que se refiere a los otros tres investigados ha sido un contratiempo para Abril, que propugnó que el Alto Tribunal se hiciera cargo de toda la causa sobre el 9N para impedir resoluciones contradictorias.
El escenario previsible es que el TSJC no 'mueva ficha' hasta que el procedimiento del Supremo avance, pero éste, a su vez, se encuentra paralizado por la celebración de las elecciones generales, a las que Homs concurre como candidato.
Así las cosas, Abril ha decidido no demorar su salida de la carrera judicial para retomar su labor como catedrático acreditado de Derecho Civil en la Universidad Autónoma de Barcelona y para dedicarse a la presidencia del Tribunal Superior de Andorra, cargo para el que fue elegido en diciembre de 2014.
Joan Manel Abril llevaba tiempo barajando la posibilidad de ocuparse de su cargo judicial en Andorra a tiempo completo (así lo hacen otros magistrados catalanes) en lugar de viajar al Principado dos veces al mes, como venía haciendo hasta ahora.
Jueces del tribunal andorrano han manifestado a EL ESPAÑOL que, además del deseo de Abril de dedicarse plenamente a este órgano y de haber dejado la instrucción del 9N "prácticamente concluida", otras circunstancias han contribuido a la decisión de pedir la excedencia en la Judicatura.
Una de ellas fue el malestar que le causaron las diligencias abiertas por el Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial para investigar si Abril había retrasado la tramitación de las diligencias sobre la consulta independentista para favorecer a los investigados. Otra, la decisión del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, de someter a autorización anual la compatibilidad de los magistrados españoles para ser jueces en Andorra, autorización que antes era por tiempo indefinido.
"A Andorra no le gustó esa decisión porque se trata de su tribunal supremo", explican las fuentes consultadas. "Los jueces franceses no tienen estos problemas, todo son facilidades, mientras que a los españoles cada vez nos ponen más trabas".