La Fiscalía de la Audiencia Nacional concluye que el expresidente de Abengoa, Felipe Benjumea, quiso aparentar su salida de la sociedad, por lo que cobró 11,4 millones de euros de indemnización, pero en realidad no abandonó la compañía sino que se quedó en calidad de asesor cobrando un millón de euros anuales.
Por esa razón, el fiscal entiende que hay indicios de que el ahora expresidente pudiera haber cometido un delito de administración desleal. Acordó a través del Consejo de Administración cobrar 4,4 millones de euros brutos en concepto de indemnización por restricción del contrato y otros 7 millones de euros como bonificación.
Benjumea cobró esas indemnizaciones o contraprestaciones contractuales millonarias “cuando conocía la auténtica realidad económico-financiera de la empresa”, recoge el fiscal en un escrito. Según explica, en septiembre de 2015 los directivos de Abengoa decidieron ampliar capital para afrontar las deudas de la sociedad. Para ello, negociaron con diversos bancos el afianzamiento o aseguramientos de dicha ampliación.
Los bancos, según el testigo Antonio Fornielles, presidente ejecutivo de Abengoa, impusieron entre sus condiciones el cambio de dirección ejecutiva del grupo, encarnada en la familia Benjumea. Así, en el Consejo de Administración de 23 de septiembre del pasado año, lo que hizo fue cesarle como presidente “pero en realidad indiciariamente lo que resulta de las actuaciones es que en ese Consejo, Felipe Benjumea decide aparentar su marcha de la sociedad, quedándose bajo la denominación de 'asesor' del Consejo, aunque cobrando idéntico sueldo al que venía cobrando como consejero”.
Borrell, testigo
En ese Consejo, se acuerda concertar los contratos de crédito para ampliar el capital; rescindir el contrato de Benjumea y pactar las condiciones económicas de dicho cese; y acordar que éste se mantenga en la sociedad como asesor. “Y ello conllevaba unos ingresos económicos por parte de la sociedad a favor del investigado”, sostiene el fiscal.
Todo esto -insiste el escrito del Ministerio Público, lo realizó Benjumea “a pesar de que conocía la mala situación económica de la sociedad”. Por eso, el fiscal pidió a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que cite a declarar en calidad de testigos a los miembros de aquel Consejo de Administración.
La magistrada ha aprobado esta petición y cita a declarar los días 22 y 23 de junio a trece testigos, entre ellos al exministro socialista José Borrell. La acusación popular, representada por el letrado Felipe Izquierdo, solicitó la imputación de Borrell al considerarle como la persona que firma en nombre de la empresa las indemnizaciones tanto de Benjumea como del exconsejero delegado, Manuel Sánchez, “en su calidad de presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de Administración de Abengoa". Sin embargo, la juez rechazó tal petición.