El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su mujer, la infanta Cristina de Borbón, se sientan este viernes de nuevo en el banquillo de los acusados. Durante seis meses de juicio, no han tenido que estar presentes más que durante la declaración de todos los acusados del 'caso Nóos'. Ahora vuelven para escuchar las penas a las que finalmente se van a enfrentar una vez expuestas todas las pruebas durante la vista oral.

Llegó el momento de que el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y las demás acusaciones, anuncien oralmente cuantos años de cárcel piden para cada uno de ellos. Quienes tienen peores expectativas son el yerno de Juan Carlos I, y su ex socio, Diego Torres, los jefes del Instituto Noos, y quienes habrían obtenido más de 6 millones de euros de dinero público de manera irregular.

Para Urdangarin, el fiscal pide 19 años y medio de cárcel mientras que para Torres, 16 años y medio, peticiones iniciales que en la sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma deberá confirmar o modificar. Según fuentes jurídicas, ninguno de los dos socios han querido llegar a un pacto con la Fiscalía para intentar conseguir una rebaja de la petición de pena.

Rechazan un pacto

Tenían el ofrecimiento de que el fiscal reducía la petición de cárcel si reconocían los hechos y devolvían el dinero defraudado, y que se calcula en un total de 6,2 millones de euros. Aunque las demás acusaciones no quisieran reducir sus peticiones de pena, con el reconocimiento de hechos y la devolución del dinero, el tribunal tendría que aplicarles un atenuante, según marca la ley. Aún así, en ningún caso las reducciones iban a salvarle de entrar en prisión una temporada.

Sin embargo, ambos han decidido defender su inocencia hasta el final y esperar a que el tribunal, presidido por Samantha Romero, dicte sentencia. En caso de que el cuñado del Rey Felipe VI sea condenado, probablemente no tendría que ingresar en prisión hasta que el Tribunal Supremo resolviera los recursos contra la eventual sentencia.

De esta manera, Urdangarin y Torres, que se juegan casi dos décadas en la sombra, han decidido 'jugar' hasta el final y confiar en el que tribunal apoye su línea de defensa. Quien ha decidido seguir sus mismos pasos es el ex presidente balear, Jaume Matas. Se enfrenta a 11 años de cárcel y antes de arrancar el juicio estuvo a punto de llegar a una conformidad con el fiscal pero finalmente Matas no quiso reconocer que había dado 2,3 millones de euros desde el Gobierno balear al Instituto Nóos saltándose los controles. El ex dirigente 'popular' estuvo a las puertas de conseguir una sustanciosa rebaja, pero finalmente prefirió no reconocer los hechos.

La infanta, a sentencia

En el caso de la infanta, la cosa cambia. Ninguna de las acusaciones considera que haya cometido el fraude fiscal del que le acusó el juez de Palma, José Castro, y que mantiene la abogada de Manos Limpias. Durante la declaración como peritos de los técnicos de la Agencia Tributaria que elaboraron los informes, confirmaron que la hermana del Rey no cometió ningún fraude fiscal, ni ninguna actuación irregular, por el hecho de ser socia de la mercantil Aizoon, de la que se habría servido su marido para defraudar 337.138 euros en 2007 y 2008.

Una de las inspectoras de Hacienda que declaró en el juicio en calidad de perito aseguró que "la Agencia Tributaria nunca ha cambiado de criterio" durante la investigación de la causa para proteger a la infanta Cristina, a la que hubiera inspeccionado si hubiera encontrado indicios para hacerlo.

En su caso, la única que mantiene que la infanta debe ser condenada por colaborar con el fraude fiscal de su marido es la abogada Virginia López-Negrete, que defiende al sindicato Manos Limpias. Sin embargo, su papel ha quedado puesto en entredicho después de que se conociera en plena celebración del juicio que Manos Limpias habría intentado extorsionar por 3 millones de euros al entorno de Cristina de Borbón a cambio de retirar la acusación, lo que ha llevado al secretario general del sindicato, Miguel Bernad, a prisión incondicional.

A día de hoy, el tribunal entiende que no hay una sentencia firme que confirme que Manos Limpias se haya utilizado con fines fraudulentos y, por tanto, tiene plena capacidad para mantener la acusación de la infanta. Aún así, en sus informes, Fiscalía, el resto de acusaciones y defensas pueden solicitar de nuevo la expulsión del sindicato como acusación por abuso de la buena fe procesal.

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