Enrique Ortiz pide perdón por financiar ilegalmente al PP valenciano: “Me equivoqué

No lo ha llamado financiación ilegal, sino “apoyo” y “ayuda” al PP valenciano. El empresario alicantino Enrique Ortiz, procesado en una de las piezas de Gürtel, ha admitido de esta forma que financió ilegalmente al partido para la campaña de las Generales de 2008. Ya lo hizo el pasado abril en un escrito de defensa y para pedir una rebaja de condena. Anticorrupción pide para él cuatro años de cárcel. Este lunes, Ortiz se ha referido a su confesión de haber participado en una financiación ilegal: “Me equivoqué y pido perdón. Nunca se debió hacer, pero se hizo”.

El empresario reconoció haber abonado 348.115 euros al PP en la Comunidad Valenciana por medio de facturas elaboradas por Orange Market para dar apariencia de trabajos efectuados.

Ortiz ha realizado estas declaraciones durante la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre el llamado ‘modelo Cotino’ de residencias. Un modelo implantado en los años del PP que en la práctica supuso la adjudicación y gestión de residencias de mayores a un grupo de empresas de la construcción. Se investiga si hubo trato de favor. Entre ellas, Gerocentros del Mediterráneo (grupo Savia), una sociedad integrada por diez constructoras entre las que está Sedesa (de la familia Cotino) y Ortiz e Hijos. Este grupo obtuvo el 40% de las plazas y pasó de facturar once millones a 40,5. Un diputado de Podemos le ha preguntado si esa financiación ilegal que ha admitido ante la Audiencia Nacional tiene alguna relación con la entrada en “este negocio”. El empresario ha respondido con un no rotundo. “Desde luego no tiene ninguna relación una cosa con la otra”, ha asegurado.

EL ORIGEN DEL MODELO ‘COTINO’

Hace quince años la Comunidad Valenciana tenía un gran déficit de plazas en residencias de la tercera edad. El entonces consejero de Bienestar Social y actual preso por desviar fondos destinados a la cooperación, Rafael Blasco, ideó un plan. Convocó un concurso en 2001 para que fuera la iniciativa privada la que construyera 73 residencias con 9.000 plazas. A cambio, el gobierno valenciano les ocuparía un tercio con plazas concertadas de forma que se amortizara la inversión con el paso de los años.

En la práctica, supuso la irrupción de las empresas de la construcción en la gestión de las residencias de la tercera edad. Un sistema que, con los años, ha pasado a conocerse como el ‘modelo Cotino’ porque el exvicepresidente de la Generalitat e investigado en una de las piezas de Gürtel, Juan Cotino, introdujo modificaciones -siendo consejero de Bienestar Social-, que beneficiaron al grupo de empresas que se hicieron con las adjudicaciones. Y entre ellas, Gerocentros del Mediterráneo. El pliego les aseguraba llenar un tercio de las plazas, pero años después acabó interpretándose que la Generalitat debía llenar la totalidad de las plazas de estos centros.

El escándalo saltó el pasado año a raíz de las grabaciones realizadas en dos investigaciones judiciales ajenas. Una de marzo de 2009 en la que responsables de Gerocentros-Savia hablan de cómo Cotino les llenaba las residencias. Otra, de agosto del mismo año en la que Ortiz llama a su socio Vicente Cotino (sobrino del exconseller) para felicitarle porque a su tío lo trasladaban de Bienestar Social a la consejería encargada de urbanismo. El cambio no le sentó bien: “De puta pena (…) Era una conselleria que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar”.

Este lunes, Ortiz no ha querido hablar de estas grabaciones. “Están impugnadas. Hasta que no se decida si son legales no voy a decir nada”, ha dicho. El empresario ha añadido que se presentó al concurso porque “era atractivo” aunque luego “hubo incumplimientos” porque “no se llenaron las plazas cuando se tenían que llenar”. A preguntas de una diputada socialista, el empresario implicado en Gürtel ha asegurado que cuando decidió presentarse al concurso es porque “evidentemente” pensaban llenar todas las plazas. Lo ha dicho en referencia a la interpretación de que la Generalitat estaría obligada a derivar a los mayores a los centros del modelo Cotino. “Con un 30% hubiera sido imposible, sería absurdo, nosotros confiamos que iba a crecer tanto la demanda pública como privada”.

Enrique Ortiz se encuentra entre las 20 personas que se sentarán en el banquillo en los próximos meses por financiar de forma ilegal el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) entre 2007 y 2008, en concreto las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008. El empresario ha abandonado las Cortes Valencianas por una puerta de emergencia y sin querer responder a las preguntas de la prensa.